El Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina expresó su solidaridad con la investigadora Virginia Carolina Aparicio, quien atraviesa un sumario administrativo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y enfrenta una posible exoneración.
El pronunciamiento fue difundido tras la segunda etapa del Congreso, realizada el 24 y 25 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. La iniciativa reúne a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires y otras entidades profesionales del país.
En su declaración, el Congreso sostuvo que “no puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos”. Además, reclamó al INTA garantizar el debido proceso, preservar la libertad de investigación y transparentar las razones de las decisiones adoptadas.
El conflicto por el proyecto SPRINT
El caso de Aparicio comenzó a tomar estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de resultados argentinos del proyecto SPRINT y posteriormente resolvió retirar a la institución de la investigación.
SPRINT fue financiado por la Unión Europea y coordinado internacionalmente desde la Universidad de Wageningen. Argentina fue el único país participante fuera de Europa. En el país se realizaron estudios sobre muestras humanas, animales y ambientales, con la participación de 73 voluntarios.
Aparicio es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y del CONICET y desarrolla su actividad científica en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Trabaja allí desde 1997 y desde hace más de dos décadas investiga cuestiones relacionadas con suelo, agua y plaguicidas.
En una carta pública difundida recientemente, la investigadora reconstruyó el conflicto y señaló que, mientras el proyecto SPRINT continuó a nivel internacional y concluyó en 2026, en Argentina se inició un sumario administrativo en su contra.
Según explicó Aparicio, a fines de agosto el Consejo Directivo del INTA trató su situación y, de manera extraoficial, tomó conocimiento a través de APINTA de una posible decisión de exoneración. Al momento de difundir su carta, indicó que todavía no había recibido una notificación formal.
El caso llegó al Congreso de la Nación
La situación también generó presentaciones en la Cámara de Diputados. Durante septiembre fueron impulsados proyectos para expresar preocupación por la situación de Aparicio, cuestionar el proceso de sumario y la eventual exoneración, y solicitar al Poder Ejecutivo información sobre las decisiones adoptadas respecto de la participación argentina en SPRINT.
Uno de los proyectos fue presentado por legisladores del Frente de Izquierda, mientras que otra iniciativa solicita específicamente información al Ejecutivo sobre las consecuencias de la participación argentina en el proyecto.
Para el Congreso Nacional de Sociólogos, el conflicto excede la situación laboral de una investigadora. La entidad vinculó el caso con el derecho de la sociedad a acceder al conocimiento científico, la protección de la salud y el ambiente y la necesidad de que el Estado pueda elaborar políticas públicas basadas en evidencia.
Desde esa perspectiva, el pronunciamiento también plantea una discusión sobre las condiciones en las que se desarrolla la ciencia pública y sobre la autonomía necesaria para investigar y comunicar resultados.
La declaración concluye con una definición que resume el planteo de las entidades profesionales: “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”.
Agencia MTR