El Senado de la Nación aprobó este jueves, en general, el proyecto de ley que establece un nuevo régimen para los biocombustibles y eleva los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles. La iniciativa obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra y ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde todavía no hay un cronograma definido para su tratamiento.
El proyecto establece que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas pasará del 12% al 15%, mientras que el porcentaje de biodiésel incorporado al gasoil se elevará hasta el 10%.
La propuesta fue impulsada principalmente por provincias del norte argentino y llegó al recinto luego de negociaciones entre distintos bloques y el oficialismo. La senadora salteña Flavia Royón fue una de las principales impulsoras del proyecto y encabezó las conversaciones destinadas a introducir modificaciones que permitieran reunir los votos necesarios para su aprobación.
Durante el debate, Royón sostuvo que la iniciativa busca fortalecer las cadenas de valor del interior del país, promover inversiones y generar empleo. También planteó que el nuevo esquema apunta a avanzar desde un sistema con mayor regulación estatal hacia un mercado con mayor competencia.
Cambios para el bioetanol
En el caso del bioetanol, el proyecto contempla que el corte obligatorio alcance el 15% dentro de los 12 meses posteriores a la eventual sanción definitiva de la ley.
De ese porcentaje, se reservará un 6% para el etanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz. El 3% restante quedará sujeto a la competencia entre los productos que cumplan con las condiciones establecidas.
La medida tiene especial importancia para las provincias productoras de caña de azúcar del norte argentino y para las zonas vinculadas a la producción de maíz.
La discusión por el biodiésel
Uno de los principales puntos de conflicto durante la sesión estuvo relacionado con el biodiésel y la participación que tendrán las pequeñas y medianas empresas del sector.
El proyecto establece una transición hasta 2036 entre las denominadas empresas “integradas”, vinculadas principalmente a grandes grupos aceiteros, y las plantas “no integradas”, entre las que se encuentran numerosas pymes regionales que no producen la materia prima.
Para alcanzar progresivamente el corte del 10%, las empresas no integradas tendrán inicialmente reservado un 6,5% del mercado. Esa participación se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031 hasta 2036.
Según los impulsores de la iniciativa, el esquema busca permitir una transición gradual hacia un mercado más abierto sin producir un cambio abrupto para las empresas que actualmente participan de la actividad.
Sin embargo, representantes de distintos sectores productivos cuestionaron la reducción progresiva de la participación de las pymes y advirtieron sobre las dificultades que podrían enfrentar frente a las grandes empresas aceiteras.
El senador pampeano Daniel Pablo Bensusán sostuvo durante el debate que el proyecto podría afectar a las plantas ubicadas en provincias como La Pampa, San Luis y Entre Ríos, además de determinados sectores de la provincia de Buenos Aires.
En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, pidió postergar la votación para continuar negociando modificaciones en el capítulo referido al biodiésel.
La moción para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos fue rechazada por amplia mayoría y el debate continuó hasta la votación.
Una cláusula para limitar la concentración
Entre las modificaciones incorporadas durante las últimas negociaciones aparece además una cláusula antimonopolio.
La disposición establece que ninguna empresa o grupo empresario podrá concentrar más del 10% del biodiésel comercializado, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales por firma.
El objetivo de esta cláusula es establecer un límite a la concentración del mercado en un escenario en el que se prevé una mayor apertura y competencia entre los distintos actores de la industria.
El proyecto ahora pasa a Diputados
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como un mecanismo para avanzar hacia un mercado más competitivo y con mayor previsibilidad para las inversiones.
La senadora Patricia Bullrich sostuvo durante el debate que el proyecto contempla una transición para evitar un cambio abrupto y remarcó que las pequeñas empresas tendrán un período para adaptarse al nuevo esquema.
Finalmente, el Senado aprobó el proyecto en general por 41 votos positivos contra 25 negativos.
Con la media sanción obtenida, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Por el momento, no existe un cronograma definido para su tratamiento en la Cámara baja.
Agencia MTR