El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses volvió a quedar en el centro de la escena luego de un nuevo operativo realizado en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, donde fue secuestrado un aparato que habría sido utilizado por un interno para amenazar a una familia de la ciudad.
A partir de este episodio, el senador provincial y presidente del bloque de Senadores del PRO, Pablo Petrecca, renovó su reclamo para que avance en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de su autoría destinado a regular y controlar las comunicaciones desde las unidades penitenciarias.
“Hace 164 días que nuestro proyecto duerme en el Senado. Mientras tanto, Kicillof mira para otro lado y los bonaerenses siguen sufriendo”, sostuvo el legislador.
Petrecca cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial frente a una problemática que, según planteó, se repite cada vez con mayor frecuencia y que permite que personas detenidas continúen utilizando teléfonos celulares para realizar amenazas, estafas, extorsiones y otras maniobras delictivas desde el interior de los penales.
“Es un flagelo que padecen cada vez más bonaerenses, y mientras esperamos que avance nuestro proyecto de ley, vemos que en esta problemática también el gobernador decide mirar para el costado”, afirmó.
Un proyecto que espera tratamiento
El legislador recordó que hace 164 días presentó en el Senado bonaerense una iniciativa para modificar el actual esquema de comunicaciones en las cárceles de la provincia.
Según explicó, el sistema vigente tiene su origen en un protocolo de emergencia sanitaria implementado durante la pandemia de coronavirus en 2020. Petrecca sostiene que aquella medida excepcional continúa alcanzando a unas 49.000 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, pese a que fue creada para un contexto extraordinario y sin una ley específica que establezca su funcionamiento y control legislativo.
“Hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema”, cuestionó.
En ese sentido, consideró que la situación requiere una respuesta institucional frente al crecimiento de delitos que, de acuerdo con su planteo, son cometidos utilizando dispositivos telefónicos desde establecimientos penitenciarios.
“Es ilógico cómo diariamente vemos que se ‘detienen’ a presos de las cárceles bonaerenses por el delito de estafas y amenazas, a bandas narco que operan con absoluta tranquilidad, mientras todos los días vecinos y vecinas de la Provincia reciben una llamada, un mensaje o una amenaza de alguien que busca engañarlos y quedarse con el esfuerzo de toda una vida”, manifestó.
Qué propone la iniciativa
El proyecto impulsado por Petrecca propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada destinada a regular las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.
La iniciativa plantea que los internos puedan comunicarse únicamente con contactos previamente registrados y verificados, bajo supervisión estatal.
El esquema contempla, además, impedir el acceso a internet abierto, redes sociales y otras herramientas digitales que no se encuentren expresamente autorizadas.
De esta manera, el objetivo es establecer un mecanismo que permita mantener el contacto de las personas detenidas con el exterior, pero dentro de un sistema controlado por el Estado.
Al momento de presentar el proyecto, Petrecca había señalado que la iniciativa buscaba brindar una respuesta a una problemática que genera preocupación en ámbitos judiciales y de seguridad: el uso de celulares dentro de las cárceles para concretar estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y otras maniobras delictivas.
Un nuevo caso en la Unidad 16 de Junín
El reclamo del senador surgió nuevamente tras un operativo realizado en las últimas horas en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín.
La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, llevó adelante un allanamiento en uno de los pabellones del establecimiento y secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado desde el interior del penal para amenazar a una familia juninense.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino de Junín, quien comenzó a recibir mensajes de audio de carácter amenazante a través de WhatsApp.
Las tareas investigativas permitieron establecer que las comunicaciones se originaban desde el interior de la unidad penitenciaria y derivaron en el operativo que permitió localizar y secuestrar el dispositivo.
El episodio vuelve a poner bajo discusión el control sobre los teléfonos celulares que utilizan las personas privadas de la libertad y la posibilidad de que estos dispositivos sean empleados para cometer delitos sin necesidad de salir de los establecimientos penitenciarios.
Para Petrecca, se trata de “un caso más” que evidencia la necesidad de modificar el sistema vigente y avanzar con una regulación específica.
Mientras el proyecto continúa a la espera de tratamiento en el Senado bonaerense, el legislador volvió a poner el foco sobre el Gobierno de Axel Kicillof y reclamó que la Provincia adopte medidas frente a una problemática que, según advirtió, afecta directamente a vecinos de distintos puntos del territorio bonaerense.
Agencia MTR