La Fundación Apolo, presentó una acción de amparo ante la Justicia de la Provincia de Buenos Aires para impugnar los Decretos de Necesidad y Urgencia – DNU – 287/2021 y el DNU 270/2021, que dictaron, respectivamente, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, mediante los cuales se dispuso el cese de la escolaridad presencial.
Lo hcieron a través de un Equipo de Activismo Judicial que coordina José Magioncalda, y la acción judicial, es firmada por Juan Pablo Pane, letrado de la Fundación, quien lo hizo representación de Norma Beatriz Sosa, madre de un niño en edad escolar.
El impulso judicial quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.o 2 de San Martín, ciudad del AMBA.
Allí se reclama una solución de carácter colectivo que se aplique a todas las escuelas de la Provincia”.
En el Amparo se hace mención al artículo 43 de la Constitución Nacional, que señala que cualquier persona puede interponer una acción de amparo “contra los actos u omisiones de las autoridades que restrinjan o amenacen sus derechos y garantías constitucionales”.
En el escrito se advierte que “los derechos fundamentales y garantías reconocidos en nuestra Ley Suprema se vulneran de manera ilegítima, arbitraria e irracional” tanto en la normativa del Ejecutivo Nacional como bonaerense.
También se hace mención a que con esas decisiones “se quebrantan los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional más elementales sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
“Los decretos dictados —disfrazados de aparente necesidad y urgencia— pretenden, en cambio, establecer de manera arbitraria una limitación y un cercenamiento obscenos del derecho a la educación de nuestros niños, que necesitan imperiosamente asistir a los jardines de infantes, colegios primarios y secundarios, puesto que los especialistas y la ciencia ya han asegurado, una y mil veces, que las escuelas abiertas no implican un riesgo epidemiológico”, dice el escrito, que deberá resolver la justicia.
Agencia MTR