
Cuando las instituciones se limitan a escuchar sus propios mecanismos, corren el riesgo de dejar de escuchar a la sociedad.
La democracia representativa encuentra su verdadero sentido cuando es capaz de complementarse con la democracia participativa.
Los ciudadanos no delegan su voz, sus inquietudes y sus derechos el día que eligen a sus representantes. La representación política no significa sustituir a la sociedad, sino interpretar sus necesidades, escuchar sus demandas y trabajar en función del interés colectivo.
Esta consideración adquiere especial relevancia en Trenque Lauquen, donde la propuesta de instituir una Banca 19 en el Honorable Concejo Deliberante terminó encontrando una respuesta negativa por parte de la Comisión Administrativa y Reglamentaria, que aconsejó archivar la presentación identificada como Orden 18.492.
La decisión merece una reflexión que trasciende lo reglamentario y obliga a preguntarnos qué modelo de democracia local se quiere construir en un cambio de época y con alta participación ciudadnana que impulsa acuerdos publico-privados.
Porque la Banca 19 no constituye una amenaza a las atribuciones de los concejales, no pretende reemplazar la representación surgida del voto popular ni busca alterar las responsabilidades de quienes integran el cuerpo legislativo.
Propone algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente democrático: que los vecinos puedan tener una instancia institucional para expresarse ante quienes tienen la responsabilidad de legislar y tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.
Hay una miráda altamente dináica de las democracias que surge de la tecnolgía donde las redes socielaes ayudan a las decisiones.
El argumento reglamentario y lo que deja sin respuesta
En la comunicación fechada el 11 de noviembre de 2026, el presidente de la Comisión Administrativa y Reglamentaria, Pablo Nicolás Aguirre, informó al pedido de un vecino que se había aconsejado archivar la propuesta de considerar para que dieran nacimiento a la Banco Ciudadana.
Entre los fundamentos se señala que el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de peticionar ante las autoridades y que el Reglamento Interno del Concejo ya contempla mecanismos para recibir las inquietudes de los vecinos.
Concretamente, se mencionan el artículo 37, que permite presentar peticiones y proyectos, y el artículo 41, que faculta a las comisiones a invitar a vecinos e instituciones para participar de sus reuniones y aportar opiniones sobre determinados asuntos.
También se argumenta que las sesiones son públicas, conforme al artículo 71 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que el acceso al recinto y la conducta del público están regulados por los artículos 92 y 93 del Reglamento Interno.
Ahora bien, aquí aparece una diferencia sustancial que no debería pasar inadvertida.
Una cosa es permitir que un vecino presente una petición; otra muy distinta es darle la posibilidad de exponerla personalmente ante el conjunto de los concejales.
Una cosa es que una comisión pueda invitar a un ciudadano cuando lo considere necesario y otra es establecer un mecanismo institucional mediante el cual ese ciudadano pueda solicitar el uso de la palabra.
Y una cosa es que las sesiones sean públicas y otra es que quienes asisten puedan participar activamente de ellas.
No son procedimientos equivalentes. Son instancias diferentes de participación.
El artículo 41, precisamente, establece una facultad de las comisiones, no un derecho permanente del vecino a ser escuchado en el recinto.
Por lo tanto, sostener que los mecanismos actuales son suficientes no responde necesariamente a la cuestión de fondo: ¿por qué no ampliar las posibilidades de participación si existe una herramienta que puede hacerlo sin afectar las atribuciones de los representantes?
La Banca 19 no viene a eliminar los mecanismos existentes. Viene a complementarlos adaptando los mecanismos activos de la democracia participativa que enriquede a la formal o rmera representativa.
La Banca del vecino existe en numerosos municipios
Tampoco estamos frente a una experiencia desconocida o a una propuesta institucional sin antecedentes.
En distintos puntos del país, los Concejos Deliberantes han incorporado la Banca del Vecino, la Banca Ciudadana o mecanismos equivalentes como herramientas de participación democrática.
En la provincia de Buenos Aires podemos mencionar a General Madariaga, Nuevde Julio y Maipú por citar algunas. También la Ciudad de Mendoza cuenta con esta figura en su Reglamento Interno. Son someros ejemplos de adaptabilidad de los tiempos de una democracia activa y dinámica.
En otros lugares, como San Carlos de Bariloche, Rawson y Santiago del Estero, existen mecanismos institucionalizados que permiten a vecinos y organizaciones llevar sus propuestas, inquietudes y planteos directamente al ámbito legislativo.
Las experiencias demuestran que es perfectamente posible establecer condiciones de acceso, tiempos de exposición y temáticas admitidas, preservando plenamente el funcionamiento del cuerpo y sus facultades constitucionales.
Incluso existen modelos en los que la intervención ciudadana tiene carácter exclusivamente expositivo y consultivo: el vecino puede hablar, fundamentar y proponer, pero no tiene voto ni capacidad de decisión legislativa.
Entonces, cabe preguntarse: si tantos municipios han encontrado una manera de institucionalizar la participación ciudadana sin resignar sus atribuciones, ¿por qué Trenque Lauquen no podría analizar seriamente esa posibilidad?
No se trata de copiar mecánicamente otros reglamentos. Se trata de observar experiencias que funcionan y adaptar sus mejores herramientas a nuestra realidad institucional.
La Banca 19 puede tener requisitos claros, plazos de solicitud, límites de tiempo, temas de competencia municipal y condiciones de respeto hacia el cuerpo legislativo.
La participación no significa ausencia de reglas. Por el contrario, reglamentarla es precisamente la manera de garantizarla.
No se trata de quitarles facultades a los concejales
Otro de los fundamentos de la comunicación-respuesta de rechazo a la misma de la Comisión señala que incorporar una instancia de exposición de los vecinos durante las sesiones requeriría modificar el Reglamento Interno.
Se menciona, en ese sentido, el artículo 98, que establece la inclusión previa del proyecto en el orden del día y el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Concejo.
Es decir, la propia respuesta reconoce que existe un procedimiento institucional para introducir la modificación.
Por supuesto que los concejales tienen la facultad de decidir. Fueron elegidos para deliberar, legislar y resolver sobre los asuntos de competencia municipal.
Pero esa facultad no debería confundirse con la exclusividad de la palabra pública.
El vecino no pretende votar ordenanzas, reemplazar concejales ni intervenir en las decisiones resolutivas. Pretende ser escuchado, explicar una problemática, aportar información, realizar una propuesta o formular un reclamo que considere de interés comunitario.
Escuchar no significa conceder la razón. Dar la palabra no significa transferir autoridad. Permitir la participación no significa renunciar a las responsabilidades que la ciudadanía depositó en sus representantes.
Por el contrario, puede fortalecerlas.
Un concejal que escucha directamente a quienes atraviesan una problemática cuenta con más elementos para comprenderla. Una institución que incorpora distintas miradas tiene mayores posibilidades de legislar con conocimiento de la realidad.
La escucha como valor democrático
En su reciente mensaje dirigido a las autoridades argentinas, el papa León XIV dejó una consideración que merece ser recogida por toda la dirigencia política, cualquiera sea su pertenencia partidaria o ideológica.
Señaló la importancia de fortalecer la democracia mediante la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos y la capacidad de reconocer en quien piensa diferente a alguien con quien se comparte un mismo destino.
También recordó que la autoridad encuentra su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos.
Estas palabras interpelan directamente a quienes ejercen responsabilidades públicas.
Escuchar no es simplemente permitir que alguien hable. Escuchar supone reconocer que el otro puede aportar una mirada que no habíamos considerado, señalar una necesidad que no advertimos o poner en evidencia una realidad que todavía no forma parte de nuestras prioridades.
La escucha no obliga a compartir una opinión. Significa reconocer que nadie es dueño absoluto de la verdad y que las instituciones democráticas se enriquecen cuando admiten otras voces.
Por eso, la participación ciudadana no debería depender exclusivamente de la voluntad circunstancial de quienes ocupan las bancas. Debería formar parte de una cultura institucional que reconozca el derecho de la comunidad a expresarse.
Una mirada desde la pirámide de Kelsen
Si recurrimos a la pirámide de Hans Kelsen, encontramos una representación jerárquica del ordenamiento jurídico, donde las normas inferiores encuentran su fundamento de validez en las superiores.
Sin confundir esa jerarquía normativa con los mecanismos de participación, podemos tomarla como punto de partida para una reflexión institucional: las normas organizan la convivencia, regulan conductas y establecen derechos y obligaciones, pero no deberían quedar divorciadas de la realidad social sobre la cual actúan.
Las leyes y ordenanzas no nacen en el vacío. Deben responder a las necesidades de una sociedad dinámica, con problemas, transformaciones y demandas que no siempre son perceptibles desde el ámbito legislativo.
La participación ciudadana permite acercar esas realidades al proceso de elaboración de las normas.
También contribuye a fortalecer la transparencia institucional. Muchas veces, una explicación directa, una consulta o la posibilidad de plantear una inquietud pueden despejar dudas, evitar interpretaciones equivocadas y acercar a los ciudadanos al funcionamiento de las instituciones.
En otras palabras: si las normas ordenan la convivencia, la participación contribuye a que ese ordenamiento no pierda contacto con la sociedad que pretende organizar.
Una institución que escucha amplía su capacidad de comprender. Una institución que permite participar amplía sus posibilidades de legislar con conocimiento de la realidad.
La participación no debilita la representación: la fortalece
Hay una pregunta que merece formularse: ¿qué sucede cuando quienes tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía no alcanzan a ver, no advierten o no reciben determinadas problemáticas sociales?
Precisamente allí adquiere relevancia la participación.
Ningún concejal puede conocer en profundidad todas las realidades de una comunidad desde un despacho, una banca o una función institucional.
Hay situaciones, necesidades y conflictos que solamente se hacen visibles cuando sus protagonistas tienen la posibilidad de expresarlos.
Un vecino puede advertir una deficiencia en un servicio público. Una institución puede plantear una necesidad que afecta a un sector de la comunidad. Una organización puede aportar información sobre una problemática social. Un grupo de ciudadanos puede acercar una propuesta que todavía no llegó a la agenda legislativa.
¿Eso debería ser considerado una intromisión en las facultades de los concejales?
De ninguna manera.
Debería ser entendido como un aporte a la tarea legislativa.
La democracia representativa no pierde autoridad cuando escucha a la ciudadanía. La fortalece, porque demuestra que la representación no se convierte en aislamiento y que el ejercicio del poder público permanece conectado con la sociedad.
Una reflexión que trasciende a Trenque Lauquen
La cuestión no debería quedar reducida a una discusión reglamentaria, a una diferencia entre oficialismo y oposición o a una controversia entre quienes ocupan cargos institucionales y ciudadanos que tienen inquietudes o propuestas.
Es una discusión sobre el modelo de democracia local que queremos construir.
¿Queremos instituciones que se limiten a ejercer la representación electoral o instituciones que, además, generen mecanismos permanentes para encontrarse con la comunidad?
¿Queremos que los vecinos solamente puedan expresarse cada vez que son convocados a votar o que tengan también oportunidades institucionales de hacer llegar sus inquietudes durante el ejercicio de los mandatos?
¿Consideramos que los procedimientos existentes son suficientes simplemente porque permiten presentar notas y peticiones, o estamos dispuestos a reconocer que la participación puede y debe evolucionar?
La Banca 19 no obliga a los concejales a aceptar una propuesta, no modifica el resultado de una votación ni condiciona una decisión legislativa.
Simplemente permite que una voz ciudadana llegue al lugar donde se debaten los asuntos públicos.
Y si una exposición no resulta convincente, los concejales conservarán intacta su facultad de analizarla, discutirla y resolver lo que consideren pertinente.
La decisión seguirá siendo de los representantes electos.
Lo que se amplía es la posibilidad de que la comunidad sea escuchada.
La democracia también es el derecho a ser escuchados
La negativa a incorporar este mecanismo merece, al menos, una reflexión sobre las prioridades institucionales.
Porque cuando existen herramientas que pueden ampliar la participación, la pregunta no debería ser solamente si el reglamento permite mantener el funcionamiento actual, sino si estamos dispuestos a mejorar nuestras instituciones para responder a las demandas de una sociedad que cambia.
La Banca 19 podría ser una manera sencilla, concreta y reglamentada de traducir esos principios en una práctica institucional, insisto en un acelerado cambio de época.
No es una concesión graciosa de los concejales. No es una amenaza a sus atribuciones. No es una competencia entre representantes y representados.
Es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones.
La democracia no es solamente el derecho a elegir quiénes nos representan. También debe ser el derecho a ser escuchados por quienes nos representan.
La pirámide de Kelsen nos enseña que las normas tienen un orden jerárquico; la democracia nos recuerda que la sociedad tiene una voz que no puede quedar subordinada al silencio.
Porque las instituciones no existen para escucharse a sí mismas. Existen para servir a la sociedad.
Y cuando una sociedad tiene algo para decir, sus instituciones deberían preguntarse cómo abrirle las puertas, no cómo mantenerlas cerradas.
Abrirlas no significa perder autoridad. Significa comprender que la autoridad democrática se fortalece cuando se ejerce escuchando.
La democracia participativa no reemplaza a la representativa. La complementa, la enriquece y la mantiene viva.
Y Trenque Lauquen merece instituciones a la altura de ese desafío. No confundir democracia formal -representativa- con democracia real -participativa-activa- o dinámica.
*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso (Parada Robles), 2007


