
El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa reunió el respaldo de los 71 legisladores presentes y establece un marco legal permanente para garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas médicas destinadas a las personas con discapacidad.
La aprobación se produjo luego de más de un año de fuertes diferencias entre el Gobierno nacional y las organizaciones del sector, en un contexto marcado por los reclamos de las familias, las movilizaciones y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas de la legislación de emergencia, que vence en diciembre.
El nuevo régimen recupera prácticamente todos los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y los incorpora como disposiciones permanentes y de orden público. Además, establece mecanismos de financiamiento, actualización de aranceles y controles administrativos para garantizar el funcionamiento del sistema.
Bullrich habló de un acuerdo político y social
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y definió la aprobación como “un acuerdo social y un acuerdo político”.
La legisladora sostuvo que la nueva legislación permitirá dejar atrás la emergencia y brindar previsibilidad al sector.
“Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad. Estamos votando una ley que dice claro de dónde sale cada peso que se va a gastar”, afirmó.
Bullrich también reconoció las dificultades atravesadas por las familias, las deficiencias en los mecanismos de auditoría y la incertidumbre provocada por las sucesivas prórrogas. No obstante, defendió el esquema aprobado al considerar que permite sostener las prestaciones dentro de los criterios de equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, señaló que la salida de la emergencia requiere reglas estables que permitan asegurar la continuidad de los beneficios.
Desde la oposición reclamaron garantizar los recursos
Desde el peronismo, la senadora Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que la sanción legislativa no alcanza por sí sola para reparar las consecuencias de las políticas aplicadas anteriormente.
“Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, expresó. También sostuvo que el Congreso estaba dando “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.
Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó al presidente Javier Milei y atribuyó la aprobación de la norma a la presión ejercida por las organizaciones y las personas con discapacidad.
“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, manifestó.
Además, advirtió que el reconocimiento de derechos debe estar acompañado por modificaciones presupuestarias que aseguren los recursos necesarios para sostener las prestaciones.
En tanto, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, planteó la necesidad de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios. Desde el PRO, Martín Goerling Lara sostuvo que la tranquilidad de las familias no puede depender de una declaración de emergencia que deba renovarse todos los años.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
La normativa denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” mantiene los principales beneficios establecidos por la legislación de emergencia y los transforma en un régimen de carácter permanente.
Entre sus disposiciones centrales se encuentran:
- Pensiones y empleo: mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Actualización de prestaciones: conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
- Cobertura médica: garantiza la cobertura básica mediante el programa federal Incluir Salud.
- Presupuesto: dispone que los fondos del Ministerio de Salud destinados al sector no podrán ser inferiores, en términos reales, a los asignados durante el ejercicio anterior.
- Auditorías y controles: establece revisiones periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo criterios que deberán garantizar el debido proceso inclusivo.
- Deudas con prestadores: incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a quienes brindan servicios y prestaciones.
- Reglamentación: fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.
Una sanción después de meses de reclamos
La aprobación representa un nuevo capítulo en el debate político y social que atravesó al sistema de discapacidad durante el último año. La discusión estuvo marcada por los reclamos de las organizaciones, las familias y los prestadores, que advirtieron sobre las dificultades para sostener tratamientos, servicios y coberturas.
La sanción también llegó después del respaldo del papa León XIV a los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias, en medio de una discusión que trascendió el ámbito parlamentario.
Con los 71 votos afirmativos, el Senado dio por concluido el tratamiento legislativo y estableció un marco permanente para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, durante el debate quedaron planteados interrogantes sobre la disponibilidad efectiva de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y la capacidad de garantizar las prestaciones en todo el país.
La extensa sesión parlamentaria incluyó además el ingreso de pliegos judiciales, ascensos militares y pedidos de tratamiento preferencial para otras iniciativas, entre ellas una prórroga del Estatuto del Periodista.


