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La Suprema Corte bonaerense puso en agenda la memoria y los derechos humanos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense compartió su experiencia al frente de la investigación, que tuvo a su cargo entre 2003 y 2019, durante una actividad organizada por la Asesoría General de Gobierno. También presentó un libro que reconstruye uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia argentina.

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, participó de una jornada de formación permanente organizada por la Asesoría General de Gobierno, donde brindó una disertación sobre la investigación de la Megacausa ESMA, uno de los procesos judiciales más trascendentes vinculados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

El encuentro fue encabezado por el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, quien recibió al magistrado ante autoridades, funcionarios y agentes del organismo. Durante su exposición, Torres repasó su experiencia como juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde intervino en la investigación y en una serie de juicios desarrollados entre 2007 y 2021 por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El magistrado describió la dimensión extraordinaria del expediente, que llegó a reunir 1.078 cuerpos, 15 investigaciones conexas y más de 1.100 investigaciones vinculadas. “Es una causa de un volumen inusitado y una problemática única”, sostuvo.

Los crímenes de la ESMA, en el corazón de Buenos Aires

Antes de profundizar en los aspectos jurídicos, Torres hizo hincapié en la ubicación del centro clandestino y en la necesidad de comprender que los hechos ocurrieron en pleno tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esto no ocurrió en el medio de una montaña, en una cordillera o en un campo perdido. Ocurrió a siete cuadras de la cancha de River, en el medio de la ciudad”, remarcó.

Mediante la proyección de un video, repasó el funcionamiento de los distintos espacios de detención, tortura y exterminio de la ESMA, por donde se estima que pasaron entre 4.000 y 5.000 personas. También explicó los mecanismos de apropiación de bienes, las situaciones de trabajo esclavo a las que fueron sometidos algunos detenidos y los denominados vuelos de la muerte.

En ese contexto, señaló que los juicios por delitos de lesa humanidad no se limitan a determinar responsabilidades penales, sino que constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones democráticas.

“La democracia se basa en la ley y ningún grupo, sean funcionarios públicos, militares o civiles, puede estar por encima de ella”, afirmó.

Asimismo, destacó que estos procesos permiten conocer la verdad, consolidar la responsabilidad de los funcionarios públicos y transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones.

El rol de las víctimas y la perspectiva de género

Durante la disertación, Torres puso especial énfasis en el protagonismo de las víctimas en el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales.

“No es posible pensar todo el proceso sin pensar que las víctimas, a través de su participación individual y colectiva, lo empujaron”, expresó.

También destacó la incorporación de una perspectiva de género en las investigaciones y el reconocimiento de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad.

Entre los datos relevantes de la Megacausa ESMA, mencionó que fueron identificadas 37 mujeres embarazadas que permanecieron secuestradas en ese centro clandestino y que se logró recuperar la identidad de 18 de sus hijos.

El derecho penal como última instancia

En el intercambio con los asistentes, el presidente de la Suprema Corte bonaerense fue consultado sobre la posibilidad de establecer sanciones penales para determinadas expresiones discriminatorias.

Al respecto, consideró que el derecho penal no debe constituir la primera respuesta del Estado frente a estas situaciones. “El derecho penal es de última ratio, es la intervención mínima del Estado. Hay un montón de caminos antes de llegar al derecho penal”, sostuvo.

En esa línea, planteó la importancia de promover herramientas educativas, instancias de formación y capacitaciones como mecanismos para abordar las problemáticas de discriminación.

Finalmente, remarcó que la construcción de memoria y la defensa de los derechos humanos requieren un compromiso que exceda el ámbito de la Justicia.

“El desafío es evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, no solamente con justicia, sino también con educación, formación y capacitación”, concluyó.

Presentación de un libro sobre la investigación

Como parte de la actividad, también se presentó el libro sobre la investigación de la Megacausa ESMA, escrito por Sergio Torres junto con la abogada Cecilia Brizzio. La publicación reconstruye el desarrollo del proceso judicial desde 2003 hasta mayo de 2019 y reúne la experiencia y los principales aspectos de una investigación de enorme complejidad institucional y jurídica.

De la conferencia participaron el Asesor General de Gobierno Adjunto, Ignacio Grinberg, y la responsable de la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso.

También estuvieron presentes agentes de las seis camadas del Programa de Incorporación de Trabajadores, secretarios letrados y relatores delegados del organismo.

Además, asistió la jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea y vicepresidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Dra. Laura Bulesevich.

La jornada permitió recuperar la experiencia de uno de los procesos judiciales más importantes de la historia democrática argentina y poner en perspectiva el papel de la Justicia, la educación y la memoria colectiva en la defensa de los derechos humanos.

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