El referente de la Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, elevó una propuesta específica para avanzar en el mejoramiento de la red vial nacional y territorial, con especial atención en la seguridad de quienes transitan diariamente por las rutas.
La iniciativa plantea declarar por el término de 12 meses la emergencia en infraestructura y seguridad de la red vial nacional, estableciendo obligaciones concretas de diagnóstico, prevención, intervención y rendición de cuentas.
El proyecto sostiene que la protección de la vida y la integridad de los usuarios debe constituir una prioridad, mediante la identificación de riesgos, la adopción de medidas preventivas y la ejecución de obras con responsables, recursos y plazos verificables.
Seguridad vial y rutas en el centro de la propuesta
Entre los fundamentos, Zavaleta incorpora datos del Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El documento registra preliminarmente 3.255 siniestros fatales y 4.060 personas fallecidas en el país. Además, señala que el 51% de los siniestros con información válida sobre el tipo de vía ocurrió en rutas: 29% en nacionales y 22% en provinciales.
El referente advierte que estos datos no permiten atribuir todas las muertes al estado de la infraestructura, pero considera que su magnitud justifica reforzar las políticas de prevención y seguridad vial.
La propuesta también pone el foco en el impacto económico que genera una infraestructura deficiente: mayores tiempos de viaje, consumo de combustible, desgaste de vehículos y dificultades para garantizar la confiabilidad de las entregas.
RN 3, RN 5 y RN 33
Los antecedentes de gestiones vinculadas con las rutas nacionales 3, 5 y 33 forman parte de los fundamentos de la iniciativa. En particular, se menciona una respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad del 12 de octubre de 2026, en la que se informó que determinadas intervenciones de seguridad vial —entre ellas rotondas y dársenas de giro— no estaban individualizadas en el proyecto de Presupuesto 2027/2029 y podrían ser atendidas mediante partidas globales.
Para Zavaleta, esta situación evidencia la necesidad de vincular los riesgos detectados con inspecciones, decisiones fundadas, medidas preventivas y cronogramas públicos de ejecución.
Obras, controles y transparencia
El anteproyecto aclara que la emergencia no debe convertirse en una autorización general para contratar sin controles. Por el contrario, propone relevamientos, definición de prioridades técnicas, publicidad de las contrataciones, seguimiento físico y financiero de las obras e informes periódicos al Congreso.
También plantea mecanismos específicos para proteger a los usuarios frente a situaciones de riesgo grave, incluyendo la posibilidad de suspender el cobro del peaje bajo determinadas condiciones, sin que esa medida implique reemplazar las reparaciones necesarias ni liberar de responsabilidades al operador.
Con esta iniciativa, Zavaleta busca instalar en la agenda pública y parlamentaria la necesidad de una política vial basada en prevención, obras prioritarias, seguridad, control y rendición de cuentas, con el objetivo de conocer qué intervenciones se deciden, cuáles se ejecutan y cuáles permanecen pendientes.
Agencia MTR