Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a poner en discusión la condena dictada en la causa Vialidad. El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentó este martes un nuevo informe con el que pretende cuestionar uno de los fundamentos utilizados durante el proceso judicial.
La defensa sostiene que documentación oficial de la Dirección Nacional de Vialidad demostraría que las empresas relacionadas con Lázaro Báez tuvieron una participación mucho menor de la que, según los abogados, se desprende de la hipótesis que sustentó la condena.
El dato que la defensa considera central es el porcentaje de fondos recibidos por el Grupo Austral. De acuerdo con el análisis presentado, durante el período comprendido entre 2009 y 2015 se movilizaron más de 2.000 millones de dólares a través del mecanismo investigado y las empresas vinculadas a Báez recibieron el 0,85% de esos recursos.
Una base de datos que volvió al centro de la discusión
La información surgió a partir de una declaración testimonial realizada en otra investigación judicial. Según explicó Beraldi, un funcionario de Vialidad que declaró en la causa conocida como “Cuadernos” hizo referencia a una base de datos que contenía información sobre el destino de los fondos administrados mediante el fideicomiso.
A partir de esa declaración, los abogados solicitaron acceder a la información y realizaron un nuevo análisis sobre la distribución de los recursos.
La defensa asegura que el relevamiento permite observar cuánto dinero recibió cada empresa durante los años analizados y que, de ese modo, puede establecerse la participación concreta del Grupo Austral en el conjunto de los fondos.
Para los abogados de la expresidenta, el resultado contradice la interpretación según la cual el mecanismo creado a partir del Decreto 54/2009 habría sido utilizado específicamente para favorecer a las empresas de Báez.
El decreto que forma parte de la discusión
El Decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, creó el Sistema Vial Integrado, conocido como SISVIAL, y estableció un mecanismo de financiamiento para obras de infraestructura.
La defensa sostiene que la sentencia tomó ese instrumento como parte de la hipótesis mediante la cual se habría producido el supuesto direccionamiento de fondos hacia empresas vinculadas al empresario santacruceño.
Beraldi cuestionó esa interpretación durante la conferencia de prensa y sostuvo que los nuevos datos muestran que la participación de las compañías de Báez fue inferior al 1% del total analizado.
Los abogados también destacaron que otras empresas concentraron porcentajes mayores de esos recursos. Entre ellas mencionaron a IECSA, vinculada al empresario Ángelo Calcaterra.
Qué busca ahora la defensa
El objetivo inmediato del equipo jurídico es utilizar esta documentación para intentar abrir una instancia de revisión de la condena.
La presentación tendrá dos vías. Por un lado, los abogados llevarán el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por otro, incorporarán la nueva información al reclamo que tramita ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según explicó Beraldi, la defensa pretende que el recurso de revisión permita solicitar la suspensión de los efectos de la sentencia mientras se analiza el nuevo planteo.
La estrategia apunta también a cuestionar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que forma parte de la condena.
Una condena que quedó firme
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.
La sentencia quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos presentados por la defensa.
Actualmente, la expresidenta cumple la pena bajo prisión domiciliaria.
La presentación realizada este martes no modifica por sí misma la condena vigente. El nuevo elemento deberá ser analizado por los organismos y tribunales ante los cuales sea presentado.
La respuesta desde sectores judiciales
El planteo de los abogados de Cristina Kirchner ya generó reparos en ámbitos judiciales vinculados con la causa.
Según informó Infobae, un magistrado de los tribunales federales que intervino en el expediente sostuvo que la cuestión sobre la distribución de fondos ya había sido discutida durante el proceso. También señaló que el informe de la defensa utiliza datos correspondientes al conjunto de la obra pública nacional, mientras que la investigación judicial se concentró en las obras realizadas en Santa Cruz.
Ese contrapunto será uno de los puntos que deberá atravesar la nueva presentación de la defensa: determinar si los datos incorporados constituyen efectivamente una prueba nueva con capacidad para habilitar una revisión o si corresponden a cuestiones que ya fueron consideradas durante el proceso.
La defensa anticipó que habrá más elementos
Durante la conferencia de prensa, los abogados adelantaron que continúan trabajando sobre otras pruebas que todavía no fueron difundidas públicamente.
La documentación será incorporada tanto al planteo judicial en Argentina como a la presentación ante Naciones Unidas.
De esta manera, el equipo jurídico de Cristina Kirchner busca abrir una nueva discusión sobre los fundamentos de la condena por Vialidad y, en particular, sobre la relación entre el mecanismo de financiamiento investigado y las empresas de Lázaro Báez.
El eje del nuevo planteo estará puesto en un dato concreto: según el informe presentado por la defensa, el Grupo Austral habría recibido apenas el 0,85% de los fondos distribuidos por el fideicomiso durante el período analizado. La Justicia deberá determinar ahora qué alcance tiene esa información dentro del expediente y si resulta suficiente para habilitar la revisión solicitada.
Agencia MTR