El estado de las rutas que atraviesan el distrito de Guaminí volvió a quedar en el centro de un reclamo institucional. El vecino Ignacio Alberto Zavaleta – de Unión de Usuarios Viales -realizó presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal para poner en conocimiento de la Justicia las condiciones que, según sostiene, representan un riesgo para quienes circulan por la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 65.
Los planteos fueron presentados este jueves 13 de agosto y solicitan la intervención de los organismos judiciales competentes, además de medidas preventivas y la realización de investigaciones institucionales destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes.
El reclamo por la RN 33 fue dirigido a la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, mientras que la presentación vinculada con la RP 65 fue elevada al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
Una preocupación que excede la seguridad vial
El planteo sostiene que la situación no debe ser considerada solamente como un problema de tránsito o mantenimiento de caminos.
La preocupación central está vinculada con la protección de la vida, la integridad física, la seguridad de los habitantes y el funcionamiento de una infraestructura estratégica para la producción regional.
En ese sentido, las presentaciones se suman a otros reclamos y actuaciones judiciales que vienen solicitando al Gobierno nacional y al Gobierno bonaerense que avancen con las obras de infraestructura necesarias para evitar que las deficiencias existentes continúen exponiendo a vecinos, transportistas y productores a situaciones de peligro.
El pedido apunta, fundamentalmente, a que las obras no queden reducidas a anuncios o proyectos, sino que se concreten las intervenciones que permitan garantizar condiciones seguras de circulación.
Los puntos críticos de la Ruta 33
En relación con la Ruta Nacional 33, Zavaleta enumera distintos sectores que considera especialmente peligrosos.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la intersección de la RN 33 con la Ruta Provincial 60, en el sector conocido como “Cinco Hermanas”, donde solicita la construcción de un distribuidor o rotonda que permita ordenar los movimientos vehiculares.
También reclama la construcción de dársenas de giro en los accesos a Espartillar y Cochicó, además de intervenciones en sectores próximos a Pigüé.
Otro de los puntos señalados es la paralización de las obras de transformación en autopista de la RN 33 entre Tornquist y Bahía Blanca.
Según la presentación, la interrupción de los trabajos dejó sectores con desvíos provisorios, superficies deterioradas, desniveles y señalización que requiere mantenimiento y reposición.
El documento también pone el foco en el complejo distribuidor “El Cholo” y los accesos a las terminales portuarias de Bahía Blanca, donde solicita iluminación, mantenimiento de calzadas, mejoras para el tránsito pesado y la presentación de un plan definitivo para completar las obras pendientes.
También reclaman por la Ruta Provincial 65
La segunda presentación pone el foco en el tramo de la Ruta Provincial 65 comprendido entre Guaminí y Bolívar.
Allí se advierte sobre la presencia de baches, deformaciones de la calzada, huellas, banquinas deterioradas y deficiencias en la señalización horizontal y vertical.
El reclamo sostiene que estas condiciones pueden obligar a los conductores a realizar maniobras evasivas, especialmente ante obstáculos o deterioros importantes de la calzada, incrementando el riesgo de colisiones.
También se plantea que la falta de demarcación y cartelería adecuada agrava las condiciones de circulación durante la noche y en situaciones de baja visibilidad, como niebla o lluvias.
Pedido de intervención y medidas preventivas
En ambas presentaciones se solicita que los organismos judiciales intervengan para constatar el estado de las rutas, requerir información a las autoridades responsables y determinar qué medidas de prevención y mantenimiento deben implementarse.
En el caso de la RN 33, incluso se solicita una medida cautelar de hacer, con la intención de que se ordenen intervenciones urgentes en los sectores considerados críticos.
Entre las medidas propuestas aparecen la construcción de distribuidores y dársenas, iluminación, renovación de señalización, mantenimiento de desvíos, reparación de banquinas y calzadas, y la elaboración de un plan técnico y financiero para retomar las obras paralizadas.
Para la RP 65, se pide además que se oficie a la Policía bonaerense para realizar un relevamiento del estado de la ruta y que la Dirección de Vialidad provincial informe cuáles son los planes previstos para el mantenimiento, bacheo y señalización del corredor.
Infraestructura, producción y seguridad
El planteo incorpora además una dimensión productiva. La RN 33 es utilizada por transportistas y productores para conectar distintos distritos del sudoeste bonaerense con Bahía Blanca y su complejo portuario, por lo que las condiciones de circulación impactan no solamente sobre los automovilistas particulares, sino también sobre el transporte de cargas y la salida de la producción regional.
Por ese motivo, el reclamo plantea que la infraestructura vial debe ser entendida como una cuestión de seguridad integral.
No se trata únicamente de poder circular por una ruta en mejores condiciones: se trata de reducir riesgos, garantizar el traslado de personas y mercaderías, sostener la conectividad territorial y evitar que la falta de obras termine convirtiéndose en un factor que pueda contribuir a nuevas tragedias.
“No poner en peligro más vidas”
La presentación realizada desde Laguna Alsina busca colocar nuevamente el tema en la agenda de las autoridades y de la Justicia.
El pedido de fondo es que los organismos responsables adopten las medidas necesarias para que los corredores viales estratégicos de la región cuenten con infraestructura acorde al volumen y al tipo de tránsito que soportan.
Así, el reclamo de Zavaleta se suma a otras presentaciones, pedidos institucionales y planteos de vecinos y representantes de distintas localidades que vienen reclamando respuestas concretas frente al deterioro de las rutas y la demora o paralización de obras consideradas esenciales.
La discusión, en definitiva, excede el estado del asfalto: la demanda apunta a que el Estado cumpla con las obras de infraestructura necesarias para preservar vidas, garantizar la seguridad de quienes transitan y sostener la actividad productiva de toda la región.
Porque cuando una ruta presenta puntos críticos conocidos, obras paralizadas y falta de mantenimiento durante períodos prolongados, la seguridad deja de ser solamente una cuestión vial: pasa a ser una responsabilidad pública que requiere respuestas concretas y urgentes.
Agencia MTR