El exintendente de La Plata por el PRO, Julio Garro, quedó formalmente imputado en la causa que investiga la autorización de alrededor de 400 desarrollos urbanísticos por fuera de la normativa vigente durante su gestión municipal. La nueva imputación amplió el alcance de la investigación y sumó delitos vinculados con presuntas maniobras de corrupción, perjuicio patrimonial y daño ambiental.
Garro fue acusado de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2024 por el actual intendente platense, Julio Alak, quien planteó el perjuicio económico ocasionado al Municipio por el esquema de aprobación y comercialización de lotes.
La causa tuvo un primer impulso durante la intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien en marzo de 2025 había formulado una primera acusación y solicitado medidas vinculadas con el levantamiento del secreto bancario de Garro y otros exfuncionarios. Sin embargo, según cuestionó posteriormente la jueza de Garantías Marcela Garmendia, la investigación quedó prácticamente paralizada durante un extenso período.
Ante esa situación, el equipo jurídico de Alak realizó distintas presentaciones y finalmente pidió la recusación del fiscal. Garmendia hizo lugar al planteo y la investigación pasó a manos del fiscal Juan Ignacio Mennucci, quien unificó las actuaciones y amplió considerablemente el objeto de la causa.
Garro y otros exfuncionarios, formalmente notificados
En ese marco, Garro, Oscar Negrelli y María José Botta se presentaron en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5, donde tomaron conocimiento formal de las imputaciones que pesan sobre ellos el pasado 7 de agosto.
Negrelli se desempeñó como secretario de Coordinación municipal, mientras que Botta estuvo al frente de Planeamiento Urbano. También fue convocado Luis Barbier, quien ocupó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos entre 2016 y 2023, aunque su presentación fue reprogramada para el 14 de agosto debido a que se encuentra de viaje.
La investigación también alcanza a los exfuncionarios Leandro Davis Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarretta y Marcelo Género.
Todos están acusados, con distintos grados de responsabilidad que deberán determinarse durante el proceso, de haber intervenido en la autorización y promoción de emprendimientos inmobiliarios sin contar con la correspondiente validación de la Provincia de Buenos Aires.
En los primeros tramos de la investigación, la fiscalía había estimado que las operaciones pudieron generar ganancias para funcionarios y empresarios por unos 1.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, se calculó un perjuicio económico para compradores y para la Municipalidad de La Plata de alrededor de 700 mil millones de pesos.
El cambio de una ordenanza, en el centro de la investigación
Uno de los puntos centrales de la causa es la sanción de la Ordenanza N.º 12.150, aprobada durante la administración de Garro, que derogó el artículo 6 de la Ordenanza N.º 10.703.
Según la hipótesis investigativa, esa modificación permitió publicitar y comercializar lotes antes de contar con la aprobación definitiva de los emprendimientos, en contradicción con las disposiciones establecidas por los decretos-leyes provinciales 8912 y 9078.
El decreto-ley 8912 constituye el marco normativo bonaerense que regula el ordenamiento territorial y el uso del suelo.
Desde el Municipio sostuvieron que la cantidad de expedientes tramitados bajo ese esquema, sumada a las reiteradas observaciones y pedidos de intervención realizados por organismos provinciales que no habrían sido atendidos, impide considerar lo ocurrido como un simple error administrativo.
El impacto sobre el cordón frutihortícola
Al momento de la denuncia, el entonces secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la gestión de Alak, Sergio Rega, había advertido que buena parte de los emprendimientos se desarrollaron sobre terrenos que, de acuerdo con la normativa vigente, mantenían una condición rural.
Según esa explicación, parcelas que podían tener una valuación cercana a los 50.000 dólares eran subdivididas y posteriormente comercializadas a valores de alrededor de 30.000 dólares por lote para la construcción de viviendas.
Una parte significativa de esos emprendimientos se encuentra en sectores del cordón frutihortícola platense, una zona productiva estratégica para la ciudad.
Desde el Municipio señalaron que el proceso produjo además efectos sobre los pequeños productores, entre ellos el aumento de los alquileres, mayores dificultades para acceder al agua y un incremento de los problemas vinculados con las inundaciones.
La nueva imputación también incorpora el daño ambiental
La acusación impulsada por Mennucci incorporó además la presunta violación de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General del Ambiente.
Aunque las consecuencias previstas por esas normas no se traducen directamente en una pena penal, podrían derivar en obligaciones de recomposición y reparación de los daños ocasionados sobre los ecosistemas afectados.
La cuestión ambiental cobra especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia, algunos desarrolladores continuaron con las obras incluso mientras se encontraba bajo cuestionamiento judicial y administrativo la forma en que habían obtenido autorización para avanzar sobre los terrenos.
La Municipalidad había solicitado medidas cautelares para frenar esas obras. Sin embargo, durante la etapa en la que intervino Condomí Alcorta, esos pedidos no prosperaron.
Una causa que estuvo casi dos años sin imputaciones formales
La actuación del fiscal desplazado fue uno de los principales puntos de conflicto dentro del expediente.
En su resolución, la jueza Garmendia consideró que Condomí Alcorta tuvo inicialmente un impulso investigativo, con recopilación de información, pedidos de levantamiento del secreto bancario y conformación de las actuaciones vinculadas con Garro y sus exfuncionarios.
Sin embargo, posteriormente la investigación quedó detenida.
La magistrada cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde la denuncia, no se hubiera producido un pronunciamiento formal que determinara la situación procesal de los denunciados.
En ese sentido, sostuvo que la demora afectaba tanto los derechos de los denunciantes y eventuales víctimas a obtener una investigación rápida y eficaz como el derecho de los denunciados a que su situación sea resuelta dentro de un plazo razonable.
La causa ya había incluido menciones a Garro por presunta asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública, pero hasta ahora no se había concretado una instancia formal de imputación como la que se produjo este mes.
El vínculo entre Garro y el fiscal recusado
La recusación de Condomí Alcorta también puso bajo la lupa sus vínculos con el ámbito político y social platense.
El fiscal es socio e hincha del Club San Luis, institución deportiva vinculada históricamente al Colegio San Luis, donde Garro realizó sus estudios. Ambos forman parte del denominado ámbito “marista” de La Plata, expresión utilizada para referirse a dirigentes y referentes vinculados con esa comunidad educativa y deportiva.
El antecedente generó cuestionamientos en el marco de la recusación, aunque la decisión de apartar al fiscal estuvo fundamentada principalmente en la demora de la investigación y en la necesidad de garantizar el avance del expediente.
Antecedentes y cuestionamientos
Condomí Alcorta también fue objeto de cuestionamientos en otras investigaciones judiciales.
En 2022, la Comisión Provincial por la Memoria promovió un pedido de juicio político contra el fiscal a raíz de su actuación en dos causas en las que estaban involucrados el intendente de Ensenada, Mario Secco, y dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago.
La CPM sostuvo entonces que existieron irregularidades y encuadró la actuación del fiscal en lo que consideró una política de persecución contra dirigentes políticos, sindicales y judiciales durante el gobierno de Cambiemos.
En ese contexto, la organización también había mencionado otros episodios de fuerte repercusión política y judicial durante la gestión de María Eugenia Vidal, entre ellos los relacionados con el juez Gabriel Vitale, el fiscal general Enrique Ferrari y el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias.
Una investigación que vuelve a tomar impulso
Con la intervención de Mennucci, la causa retomó movimiento y amplió el alcance de las imputaciones contra los exfuncionarios de la administración de Garro.
Ahora, la Justicia deberá avanzar en la recolección de pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados, establecer el eventual beneficio económico obtenido mediante las operaciones inmobiliarias y precisar el impacto patrimonial y ambiental provocado por los desarrollos cuestionados.
La presentación formal de Garro y los demás exfuncionarios marca así un nuevo capítulo de una investigación iniciada en 2024 y que, después de casi dos años de demoras y cruces judiciales, vuelve a ocupar el centro de la agenda política y judicial de La Plata.
Agencia MTR