En una medida sorpresiva, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Axel Kicillof, ordenó el desplazamiento de 24 oficiales de la Policía Bonaerense por su presunta participación en una conspiración para intervenir y reorganizar la fuerza, en un intento de alterar el comando institucional.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre una maniobra liderada por el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien en la actualidad se encuentra como concejal de Florencio Varela y candidato a diputado por La Libertad Avanza.
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, detalló que la investigación interna se originó por la denuncia de un grupo de policías que utilizaban recursos estatales y oficinas oficiales para apoyar la candidatura de Bondarenko, quien, a pesar de su rol político, mantendría vínculos con la Policía Bonaerense en su calidad de oficial retirado. A pesar de que el excomisario es candidato en las elecciones nacionales del 7 de septiembre, Alonso aseguró que la investigación no tiene relación con sus aspiraciones políticas.
Según el ministro, la conspiración tenía como objetivo la sustitución de figuras importantes dentro de la fuerza para tomar el control de la Policía Bonaerense mediante un “golpe al comando institucional”. A través de audios, chats de grupos de WhatsApp y documentos hallados en auditorías preventivas realizadas en las dependencias policiales, se identificó un plan detallado que incluía reformas urgentes dentro de la estructura institucional.
“Lo que encontraron son evidencias claras de que los involucrados buscaban avanzar con reformas institucionales que incluían el pase a retiro obligatorio de altos mandos, con el fin de colocar a sus propios agentes al frente de áreas claves de la Policía”, explicó Alonso.
El ministro también subrayó que este tipo de accionar representa una grave infracción al reglamento interno de la Policía Bonaerense, y que las maniobras de los oficiales en cuestión amenazaban con alterar el funcionamiento y la integridad de la fuerza de seguridad. Como consecuencia de las pruebas recabadas, se ordenó la desafectación de los oficiales involucrados y se dio inicio a la investigación judicial correspondiente.
Este hecho subraya la creciente preocupación en torno a la influencia política sobre las instituciones de seguridad, en un contexto donde la Policía Bonaerense ha sido foco de tensiones internas y externas en los últimos años. La resolución de este caso promete marcar un precedente en la lucha por garantizar la independencia y transparencia en las fuerzas de seguridad provinciales.
Agencia MTR