El Gobierno oficializó este martes una profunda reestructuración de organismos públicos vinculados a la industria y el agro, con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 462/2025. Entre las medidas más relevantes se destacan los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que dejarán de ser organismos descentralizados y pasarán a formar parte de secretarías dependientes del Ministerio de Economía.
Con el argumento de reducir el “sobredimensionamiento” del Estado, mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público, el Poder Ejecutivo dispuso que el INTA quede bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI pasará a la Secretaría de Industria. Ambas instituciones pierden su jerarquía y autonomía administrativa, lo que ha generado preocupación dentro de los sectores científicos y técnicos afectados.
El artículo 46 del decreto establece la reestructuración del INTI, cuyo rol era desarrollar investigaciones industriales, promover el uso de materias primas locales y acompañar a la industria nacional en la mejora de sus procesos productivos. El organismo cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones en todo el país. Según datos oficiales, el 30% del personal está concentrado en tareas administrativas.
En tanto, el artículo 59 redefine la situación del INTA, históricamente autárquico, encargado de fomentar la innovación agropecuaria, la extensión rural y la tecnificación del agro. El Gobierno argumentó que su autonomía derivó en una estructura sobredimensionada, citando la existencia de 932 cargos jerárquicos, aunque desde el organismo consideran que esa cifra es “una manipulación” y se habla de un inminente plan de retiros voluntarios.
La reorganización también alcanzó a otros entes que fueron calificados como “ineficientes” por el Ejecutivo. Entre ellos, se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Industria y Comercio y a la ANMAT, que se ocupará de los usos medicinales del cannabis.
Asimismo, se transformó el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), que pasará a ser una unidad organizativa bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En paralelo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dejará de ser descentralizado, aunque mantendrá sus funciones esenciales en materia de patentes, marcas y registros.
También fueron eliminados el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina (INAFI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Las competencias de ambos organismos serán absorbidas por el Ministerio de Economía, y en el caso de INASE, se reemplazará la actual Comisión Nacional de Semillas por un Comité Asesor de carácter honorario.
Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia una estructura más concentrada y controlada desde el Poder Ejecutivo, en línea con su política de reducción del Estado y optimización del gasto. No obstante, especialistas advierten que la pérdida de autonomía de instituciones clave podría comprometer la capacidad técnica y científica de sectores estratégicos para el desarrollo nacional.