El ciudadano Miguel Santos Vidal dirigió un extenso escrito de crítica y denuncia a la presidenta del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, concejal Marta Bathis, cuestionando con dureza la respuesta emitida por la funcionaria el pasado 25 de junio de 2025 ante una serie de presentaciones formales. En su misiva, Vidal tildó la contestación de “incongruente, inconsecuente, temeraria y maliciosa”, acusándola de encubrir actos de corrupción, silenciar voces críticas y actuar como “garante de la impunidad”.
El conflicto se desató luego de que Vidal realizara seis presentaciones ante el H.C.D., entre ellas denuncias por “conflicto de intereses” que involucrarían al secretario de Hacienda municipal, Alfredo Zambiasio, y pedidos de sanción y destitución contra los concejales Alberto Rodríguez Mera y Pablo Aguirre por, según él, haber incurrido en “falacias y deshonestidad intelectual” durante sesiones ordinarias.
Acusaciones de manipulación y encubrimiento
En el eje de su denuncia, Vidal sostiene que la presidenta Bathis “decidió arbitrariamente archivar” sus presentaciones sin tratarlas en sesión ni incluirlas en el Orden del Día, una omisión que, según el denunciante, constituye una grave falta institucional y una vulneración del derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
Además, denuncia la existencia de una “campaña mediática de descrédito” en su contra, orquestada por actores del poder político local –incluido el exintendente Miguel Ángel Fernández y otros funcionarios y legisladores–, como represalia a su carta abierta titulada “Cuadernillos Municipales: los discípulos de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Disputa jurídica sobre las sanciones a concejales
Un punto central del escrito refiere a la negativa de Bathis a dar curso a los pedidos de sanción a los concejales Rodríguez Mera y Aguirre. La presidenta fundamentó su decisión en los artículos 72 y 85 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que protegen la libertad de expresión de los ediles en el marco de su función legislativa. Sin embargo, Vidal replicó que la misma norma (en sus artículos 63, 254 y 255, entre otros) otorga al Concejo la facultad de aplicar sanciones disciplinarias cuando se incurre en inconductas.
“Usted ha ocultado maliciosamente las facultades disciplinarias del Concejo”, sostiene el denunciante, asegurando que la omisión fue deliberada y parte de un patrón de encubrimiento.
Señalamientos de “negacionismo institucional”
Vidal también acusa a la presidenta del Concejo de incurrir en un “negacionismo” de los derechos constitucionales, como el derecho a la información, a la libertad de expresión y a recibir respuestas claras, suficientes y congruentes por parte de las autoridades. Cita normas de la Constitución Nacional, Provincial y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica para fundamentar sus planteos.
En un tono fuertemente crítico, la carta califica a Bathis como “garante de la impunidad” del poder político y advierte sobre una “tendencia a la ilegalidad y a justificar las corruptelas”, que –según Vidal– socava los valores democráticos y republicanos.
Seis peticiones, cero respuestas
Entre las peticiones archivadas figuran: exhortaciones para no archivar investigaciones sobre Zambiasio, pedidos de derecho a réplica, solicitudes de destitución de concejales y anexos documentales con supuestas pruebas. Todas, afirma Vidal, fueron ignoradas sistemáticamente sin un tratamiento institucional adecuado.
“Usted respondió sin razón valedera y con conciencia de la propia sinrazón”, remata el ciudadano en su carta, citando doctrina jurídica sobre temeridad y malicia para encuadrar la actitud de la funcionaria como una “maniobra desleal” y carente de sustento jurídico.
La tendencia fatal del poder a la impunidad
Agencia MTR