El pasado martes 13 de mayo, un choque frontal entre un colectivo de la empresa Cóndor Estrella y un camión, ocurrido a la altura del kilómetro 132 de la Ruta Nacional 3, cerca de San Miguel del Monte, dejó un saldo de víctimas fatales y heridos. Más allá del impacto inmediato del siniestro, el hecho volvió a exponer el estado crítico de las rutas argentinas y encendió las alarmas entre especialistas y autoridades.
Según testigos y sobrevivientes, el pavimento en el lugar presentaba un alto grado de deterioro, con demarcación deficiente, falta de señalización y condiciones de escasa visibilidad por neblina. A esto se sumó una falla mecánica: una pasajera denunció que el cinturón de seguridad del colectivo no funcionaba correctamente.
Frente a este escenario, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un comunicado en el que advirtió sobre el grave deterioro de la infraestructura vial y la “virtual paralización de la obra pública con financiamiento nacional”. La entidad técnica, encabezada por el Ing. Jorge Castellano, alertó: “El deterioro de la infraestructura no es una situación estática, sino un retroceso”.
En el documento, el CIPBA subrayó la importancia estratégica de la Ruta Nacional 3 para la logística y la producción del país. Sin embargo, destacaron que la traza presenta desde hace años múltiples deficiencias estructurales: calzadas angostas, baches, obras inconclusas y señalización precaria.
También recordaron que el proyecto de transformación de la ruta en autopista —anunciado durante la gestión de Mauricio Macri— no se concretó, mientras que los intentos de reactivación durante el mandato de Alberto Fernández avanzaron de forma desigual y se encuentran hoy paralizados.
Además de apuntar al abandono de las rutas, el Colegio de Ingenieros cuestionó el actual sistema de control vehicular. Criticó la concentración de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA) y propuso abrir esa función a todos los profesionales habilitados del país, con el fin de mejorar la eficiencia de los controles.
Pero el deterioro vial no es el único frente crítico. El CIPBA amplió la mirada hacia la infraestructura urbana y regional en general, incluyendo la respuesta ante eventos climáticos extremos. Mencionaron como ejemplos las inundaciones en Zárate-Campana y la devastadora tormenta en Bahía Blanca en marzo pasado. “Estos no son hechos aislados, sino síntomas de un abandono sistemático”, advirtieron.
En un tono firme, el comunicado también cuestionó la falta de continuidad en las políticas públicas: “Durante las últimas dos décadas, pasaron por la gobernación bonaerense dirigentes de todos los sectores mayoritarios. Sin embargo, los ciudadanos seguimos padeciendo los mismos problemas”.
La entidad propuso una salida concreta: un plan integral, consensuado y sostenido en el tiempo, que contemple la recuperación, modernización y ampliación de la infraestructura pública. “No se trata de optar entre obra pública o inversión privada, sino de aplicar la mejor fórmula en cada caso, con transparencia y eficiencia”.
El Colegio también destacó la necesidad de establecer mecanismos de participación público-privada, similares a los que se aplicaron en el sector energético, para atraer inversión sin resignar controles ni objetivos sociales. “Si podemos aplicar políticas fiscales de déficit cero, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con la infraestructura?”, se preguntaron.
Finalmente, el CIPBA hizo un llamado a superar divisiones ideológicas y actuar con criterio técnico y compromiso social. “No se trata de improvisar tras cada tragedia, sino de prevenirlas mediante planificación. Nunca es tarde para comenzar lo que no se hizo, ni para corregir lo que se hizo mal”.
La tragedia de la Ruta 3 no solo duele por sus consecuencias humanas, sino que pone en evidencia un problema estructural que, de no enfrentarse con decisión, seguirá cobrando vidas.