El Gobierno nacional convocó este lunes a una serie de audiencias públicas para avanzar con el proceso de privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales actualmente administradas por la empresa estatal Corredores Viales Sociedad Anónima (S.A.). La convocatoria fue oficializada por la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 827/2025, en la que se detallan los corredores incluidos en la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC).
Este proceso contempla tanto rutas bajo concesión estatal como otras que hasta ahora no estaban adjudicadas. Los tramos que se abrirán al debate ciudadano atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. La medida incluye corredores de importancia estratégica, muchos de los cuales se encuentran actualmente en estado de abandono o con obras paralizadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Tramo Pampa (3)
Uno de los ejes centrales del proceso es el denominado Tramo Pampa (3), conformado por la Ruta Nacional N° 5. Este corredor comienza en Luján, provincia de Buenos Aires, y se extiende hasta Realicó, en la provincia de La Pampa, con una longitud total de 546,65 kilómetros.
La RN 5 conecta de forma directa el área metropolitana con el corazón productivo agrícola-ganadero del centro del país, atravesando ciudades como Mercedes, Chivilcoy, 9 de Julio y Santa Rosa. Este tramo no solo representa una autopista vital para el transporte de bienes, insumos y personas, sino que también actúa como una columna vertebral para la integración territorial entre Buenos Aires y La Pampa, enlazando con otras rutas nacionales estratégicas como la RN 35.
Tramo Mediterráneo (4)
Otro segmento destacado es el Tramo Mediterráneo (4), que incluye dos rutas nacionales clave: la RN 7, desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis; y la RN 35, desde Vicuña Mackenna hasta Santa Catalina, ambas en territorio cordobés.
Este tramo articula regiones centrales del país y es fundamental para el Corredor Bioceánico Central, permitiendo el flujo de transporte terrestre entre el Atlántico y el Pacífico a través de los pasos fronterizos hacia Chile. Su relevancia es tanto nacional como internacional, al facilitar la circulación de exportaciones e importaciones por vía terrestre.
Las audiencias públicas serán espacios de consulta y exposición donde ciudadanos, organizaciones y gobiernos locales podrán manifestar su posición respecto a la futura concesión privada de estos corredores. Desde el Gobierno aseguran que la medida busca “mejorar la infraestructura vial y garantizar estándares de calidad y mantenimiento sostenibles”, aunque voces críticas advierten sobre el posible encarecimiento de los peajes y la pérdida de control estatal sobre rutas estratégicas.
El resultado de estas audiencias será clave para definir el futuro de uno de los principales sistemas de conexión terrestre del país.
Agencia MTR