El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha generado polémica tras anunciar un incremento en las tarifas correspondientes a las auditorías de control volumétrico de los surtidores en las estaciones de servicio. Esta actualización de costos, cercana al 24%, ha provocado un fuerte rechazo por parte del sector de expendedores, quienes consideran que la medida es injusta y perjudicial en un contexto de altos costos fijos y bajo nivel de expendio de combustibles.
Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (FEC), expresó su desacuerdo con esta actualización de tarifas, afirmando que la federación está evaluando medidas legales para impugnar la disposición. “Estamos analizando la posibilidad de acudir a la justicia civil, ya que no existe una normativa legal que permita al INTI imponer este costo sin aprobación legislativa”, señaló el dirigente.
Base legal en discusión
El principal argumento de la FEC se centra en la Ley 19.511, que establece que la autoridad de aplicación debe “proponer” tasas y aranceles, pero no faculta al INTI a imponer gravámenes sin el aval del Congreso de la Nación. Según Basílico, esto constituye un “acto viciado de manifiesta ilegitimidad” que afecta a los expendedores minoristas de combustibles.
Además, el sector reclama que esta tasa de verificación representa una posible “doble imposición tributaria”, dado que en la provincia de Buenos Aires existen mecanismos similares de control y verificación de surtidores, lo que agudiza el impacto financiero sobre los estacioneros.
Justificación del INTI
Por su parte, el INTI defendió el aumento de las tarifas argumentando que la actualización responde a un análisis detallado de costos llevado a cabo por su Subgerencia Operativa de Inversiones y Costos. Según el organismo, los nuevos valores reflejan el incremento en el valor de las horas-hombre utilizadas para realizar los servicios de control, además de otros factores indirectos que influyen en los costos de operación.
A pesar de estas explicaciones, el sector de expendedores sigue en pie de guerra y evalúa presentar formalmente su reclamo en los tribunales. “No podemos seguir absorbiendo estos costos, especialmente en un momento en que el expendio de combustible está en niveles críticos”, advirtió Basílico.
Con la controversia instalada, el desenlace podría tener implicancias legales importantes para el futuro de los controles obligatorios en las estaciones de servicio del país.
Agencia MTR