En Azul, Guillermo Torremare, abogado magíster en Derechos Humanos y prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), así como vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), descalificó las recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Lo hizo en una jornada realizada en el Día del Abogado organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Según Torremare, Villarruel está “vendiendo humo” y apelando a sus seguidores más fanáticos con su propuesta de reabrir causas judiciales contra los integrantes de las organizaciones armadas de la década del ’70, como Montoneros y ERP.
El abogado argumentó que “los miembros de las organizaciones armadas de la década del ’70 fueron juzgados y muchos fueron condenados” y que no existió ninguna norma que impidiera su juzgamiento, a diferencia de los militares que, según él, gozaron de leyes de impunidad como las de Punto Final y Obediencia Debida. Además, el abogado explicó que “aún si se decidiera abrir o reabrir causas, les va a ser muy difícil ubicar a algún miembro de aquellas organizaciones dado que estos fueron secuestrados, torturados y asesinados, y hoy se encuentran desaparecidos.” También añadió que, desde el punto de vista jurídico, sería “imposible reabrir cualquier causa ya que los eventuales delitos estarían prescriptos.”
Estas declaraciones se produjeron durante un encuentro celebrado el pasado 29 de agosto en Azul, provincia de Buenos Aires, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). En el evento, Torremare participó de un panel junto a Pablo Llonto y Claudia Bellingeri (quien participó de forma virtual), donde discutieron temas relacionados con el juzgamiento del Terrorismo de Estado.
Torremare subrayó que hasta la fecha se han dictado 326 sentencias en las que se condenó a más de 1.300 genocidas por delitos de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser indultados o amnistiados. “Judicialmente se ha acreditado que en Argentina existió un terrorismo de Estado”, enfatizó, y agregó que a pesar de las elevadas penas, el 80% de los condenados actualmente goza del beneficio de prisión domiciliaria. Este dato, según él, refleja un intento por parte de algunos diputados de La Libertad Avanza de gestionar la libertad total de los genocidas, buscando un retroceso hacia la impunidad de los tiempos de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos menemistas.
El encuentro en Azul fue organizado con la colaboración de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y contó con la participación de Guillermo Torremare en su rol de prosecretario de la CPM y vicepresidente de la APDH, organismo al que pertenece desde hace 30 años. Torremare también es abogado de organizaciones sindicales y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, representando a las víctimas y a la APDH. Además, ha formado parte de Amnistía Internacional, ha escrito cuatro libros sobre derechos humanos y colabora regularmente con medios periodísticos en la difusión de temas relacionados con los derechos humanos.
Agencia MTR