El Gobierno ha anunciado el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, con una mayor concentración en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión, sumada a la clausura de cinco centros previos, reducirá el número total de CAJ operativos a 24, de los 110 existentes al comienzo de la administración de Javier Milei.
El cierre de estos centros provocará despidos de cientos de empleados, incluyendo administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Estos despidos se suman a los ya registrados en el área, incrementando la preocupación sobre el aumento del desempleo en el sector.
Resultados de la auditoría
El Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida tras una auditoría que calificó a los CAJ como “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”. Según el comunicado oficial, los centros no mostraron resultados significativos y duplicaban funciones de otras dependencias del Poder Judicial. Además, se destacó que el costo anual de mantenimiento de estos centros era superior a los 8 mil millones de pesos.
Servicios y alcance de los CAJ
Los CAJ se encargaban de proporcionar atención legal primaria, garantizando el acceso a la justicia para la población más vulnerable. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2023, atendieron 623.782 consultas y beneficiaron a más de 340 mil personas en todo el país.
Declaraciones del Ministerio de Justicia
En un comunicado titulado “Se cierra otra caja política”, el Ministerio de Justicia explicó que estas dependencias estatales acumulaban empleados de gestiones anteriores, sin demostrar eficacia en sus funciones. “Éstos le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”, afirmaron desde la cartera.
Situación en la provincia de Buenos Aires
Actualmente, en la provincia de Buenos Aires operan alrededor de 60 CAJ. Estos centros están distribuidos en varios distritos del conurbano y en localidades como Dolores, Junín, Pergamino, Olavarría, Mercedes, Mar del Plata y San Nicolás. Con el cierre, muchas de estas ciudades perderán una herramienta crucial para la asistencia legal de sus habitantes.
Reacciones y perspectivas
El cierre de los CAJ ha generado preocupación y críticas entre diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que esta medida afectará negativamente el acceso a la justicia para los más desfavorecidos. Los trabajadores de los CAJ han manifestado su descontento y algunos han iniciado acciones para revertir la decisión.
En las próximas horas se concretará el cierre de los centros, dejando a miles de ciudadanos sin una fuente vital de asistencia legal y a numerosos trabajadores sin empleo.
Agencia MTR