La Provincia de Buenos Ayres es la más poblada del país, con más de 18 millones de habitantes y 135 municipios que abarcan una gran diversidad de realidades sociales, económicas, culturales y ambientales. Sin embargo, su régimen político e institucional no refleja esa pluralidad ni respeta la autonomía de sus comunas, sino que se basa en una Constitución Provincial que ya suena a obsoleta y por decreto militar, de 1958, que rige los destinos de los municipios quitándoles el derecho de tener Cartas Orgánicas y limitando sus facultades y recursos.
El decreto-ley 6769/58, conocido como Orgánica de las Municipalidades, fue sancionado durante el gobierno de facto del Gral. Pedro E. Aramburu, con el objetivo de reorganizar el régimen municipal bonaerense tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Gral. Juan Perón en 1955. Esta norma establece prácticas políticas centralistas y uniformes para todos los municipios, sin hacer diferencias entre ciudades y pueblos, ni áreas urbanas ni rurales. Así, éstos quedan subordinados al poder provincial, que tiene la potestad de intervenirlos, fusionarlos o crear nuevos municipios reduciendo el territorio geográfico de otros, dependiendo financieramente de la coparticipación provincial, que es discrecional y no garantiza una distribución equitativa ni suficiente. De hecho, se ha convertido en un dispositivo de disciplinamiento entre el gobierno central y el municipal.
Si bien los municipios bonaerenses se crean por ley, la Constitución provincial y la Orgánica Municipal no proporcionan elementos precisos sobre las condiciones que debe reunir un territorio para constituirse como tal o de fusionarse, generando un vacío constitucional que ha dado lugar a un conjunto de prácticas políticas que permitirán ir resolviendo coyunturalmente los problemas de reconocimiento y legitimación de las nuevas jurisdicciones. Por ejemplo, en los años noventa, el gobierno de la provincia impulsó una ley de creación de nuevos municipios a partir de una propuesta de reforma político-territorial para el “conurbano” conocida públicamente como “Proyecto Génesis 2000”, sin embargo, el trasfondo de esta iniciativa fue reducir las peleas políticas internas dentro de los Municipios “madres”, de los que se desprenden los nuevos Partidos.
Por otro lado, el régimen político existente impide que los municipios dicten sus propias Cartas Orgánicas, que son las normas fundamentales que regulan el funcionamiento y la organización de cada comuna, según sus características y necesidades específicas. De esta manera, los municipios no pueden definir sus competencias, atribuciones y responsabilidades, ni establecer mecanismos de participación vecinal, control social y rendición de cuentas. Tampoco diseñar sus propias estrategias municipales para promover el desarrollo local, la regionalización productiva, una estrategia de seguridad local, la protección ambiental, la inserción social.
Este escenario implica una grave vulneración del derecho constitucional a la autonomía municipal, reconocido por el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. La Provincia de los bonaerenses aún no ha reformado su constitución en tal sentido, ni ha adecuado su legislación municipal a los principios constitucionales vigentes. Nos cabe preguntar, ante esta falta ¿los actos de gobierno que no responden a la normativa de la Ley Suprema son legítimos? ¿Qué sucedería si un Municipio sanciona su propia Carta Orgánica? ¿Sería inconstitucional? Pero, ¿bajo qué constitución, la nacional o la provincial? Y, ¿si un Intendente demanda al gobernador por los recursos que ha dejado de percibir su municipio por falta de autonomía? Son todas preguntas válidas para un régimen política que se ha agotado, y no tiene respuestas para nuestra población.
Esta situación genera una serie de problemas y desafíos para el gobierno y la conducción municipal, que se ven agravados por el contexto actual de crisis económica y social. Entre ellos se pueden mencionar:
.- La falta de representatividad y legitimidad de las autoridades municipales, que son elegidas por un sistema electoral obsoleto y poco transparente, que no respeta la voluntad popular ni garantiza la pluralidad política.
.- La falta de capacidad y autonomía para brindar servicios públicos eficientes a la población, como salud, educación, transporte, agua potable, saneamiento, recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento vial.
.- La falta de recursos propios para financiar las políticas públicas municipales, que dependen en gran medida de las transferencias provinciales y nacionales, que son insuficientes e inestables.
.- La falta de coordinación y cooperación entre los municipios y con los otros niveles de gobierno, que dificulta la planificación estratégica territorial y el abordaje integral e interjurisdiccional de los problemas comunes.
.- La falta de participación e involucramiento de la población en las decisiones públicas municipales, que genera desconfianza, apatía y descontento social.
Ante este panorama, se hace urgente e impostergable una reforma política e institucional que reconozca y garantice la autonomía plena de los municipios, conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional. Esta reforma debe contemplar al menos los siguientes aspectos:
.- La consagración del principio de autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
.- La derogación del decreto-ley 6769/58 y la sanción de una nueva ley marco de municipalidades que establezca los principios, garantías y requisitos mínimos para el ejercicio de la autonomía municipal, respetando la diversidad y la especificidad de cada comuna, como el reconocimiento de nuevos municipios.
.- La habilitación de los municipios para dictar sus propias Cartas Orgánicas, mediante un proceso participativo y democrático que involucre a la población, las organizaciones sociales y los actores locales.
.- La creación de un sistema electoral municipal, que permita la confección del padrón electoral local, los circuitos electorales, elecciones por circunscripción uninominal que terminan con las “listas sábanas”, la duración de los mandados políticos del intendente y concejales.
.- La reforma del régimen tributario y financiero provincial, que permita a los municipios ampliar su capacidad recaudatoria, estableciendo criterios objetivos y transparentes para la distribución de los fondos entre la ciudad cabecera y las delegaciones municipales y fomente la responsabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario.
.- La promoción de la cooperación y coordinación intermunicipal e intergubernamental, mediante la creación de consorcios, asociaciones, redes y otros mecanismos de articulación territorial para el desarrollo local y regional.
.- La promoción de la participación y el control vecinal en la gestión municipal, mediante la creación de consejos consultivos, presupuestos participativos, audiencias públicas, iniciativas populares y otros instrumentos de democracia directa y semidirecta.
Estas medidas contribuirían a fortalecer el rol de los municipios como actores clave para un desarrollo bonaerense sustentable, la cohesión social y la calidad democrática en la Provincia de Buenos Ayres. Sin embargo, estas reformas no están en la agenda política del gobierno provincial ni de la oposición en este año electoral. Por el contrario, el gobernador Axel Kicillof ha manifestado su rechazo a cualquier intento de modificar el status quo institucional vigente. Así lo expresó en una entrevista con el diario Clarín, donde afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de reformar la constitución provincial ni de otorgar mayor autonomía a los municipios.
Ante esta postura oficialista, son los propios intendentes, concejales, legisladores y bonaerenses los que deben impulsar y exigir una reforma política que ponga fin al problema institucional provincial y que reconozca los derechos y las potencialidades de sus municipios. Solo así se podrá avanzar hacia una provincia más justa, equitativa, solidaria y democrática.
Agencia MTR