Atendiendo un reclamo surgido en la ciudad de 25 de Mayo, la senadora provincial Lorena Mandagarán presentó un Proyecto de Ley que propicia la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicitando la incorporación en el Departamento Judicial de Mercedes de un Agente Fiscal con asiento en la ciudad de 25 de Mayo, y con competencia en los Partidos de 25 de Mayo y de Nueve de Julio.
El proyecto presentado responde a un pedido de los concejales del bloque Juntos (GEN-Evolución) de la ciudad de 25 de Mayo, Ramiro Egüen y Claudia Lobosco.
De acuerdo a lo que explicó la legisladora, con esta propuesta se busca jerarquizar y optimizar los recursos del Ministerio Público proporcionando a los habitantes del municipio de 25 de Mayo una nueva Unidad Fiscal –UFI-, avanzando de este modo hacia la inmediatez, ya que la presencia del Agente Fiscal en el lugar dará una mayor cercanía para atender las cuestiones que se susciten.
Cabe señalar que actualmente existe una ayudantía fiscal, lo que implica que el Estado Provincial ya invierte en recursos humanos e infraestructura edilicia. En consecuencia, la creación de una unidad fiscal no le insumiría mayores erogaciones al Estado.
Entre los fundamentos del proyecto presentado por la senadora provincial, se advierte que el municipio de 25 de Mayo se encuentra a 125 kilómetros de Mercedes -cabecera departamental- y que junto con el municipio de Nueve de Julio son las localidades más alejadas de la misma. Esto implica que las actuaciones estatales para perseguir el delito se vean menguadas.
El Partido de 25 de Mayo está integrado por las siguientes localidades: Veinticinco de Mayo; Norberto de La Riestra; Pedernales; Del Valle; Gobernador Ugarte; Valdés; San Enrique; Agustín Mosconi; Ernestina y Lucas Monteverde, contando además con numerosos parajes.
Por su parte, el Partido de 9 de Julio está integrado por Nueve de Julio, 12 de Octubre, Facundo Quiroga, Carlos María Naón, Dudignac, La Niña, French,Dennehy, Morea, Patricios, El Provincial, Norumbega y Santos Unzué.
“Estas localidades se verían beneficiadas si se implementa una política de descentralización territorial del Poder Judicial. La extensión territorial y los delitos rurales son una particularidad para prestar atención. La problemática exige una política de seguridad y persecución del delito especifica con asiento en la región, y evitar de esta manera que quien toma las decisiones se encuentre a más de 100 km del lugar”, remarcó la senadora.
Agencia MTR