Pablo Rodríguez es padre de dos niños, de 3 y 5 años, esposo y albañil. Vivía junto a su grupo familiar en una vivienda, en Gardel y Av. Antonio Aita, hasta que luego del fallecimiento de su suegra apareciera la ex pareja de esta mujer y dueño del terreno, a reclamar por la casa.
El conflicto viene de larga data. “A mi suegro lo sacaron de la casa por violencia de género, hace quince años”, explica Pablo Rodríguez al contar su historia a Cadena Nueve. “En la casa se quedó mi suegra con los hijos, que serían mi señora y los hermanos. Mi suegra falleció hace siete meses, a causa de un infarto”.
El terreno fue adquirido por el suegro de Rodríguez cuando este todavía era soltero.
“Nosotros no nos oponemos a entregar lo que es de él, pasa que no conseguimos nada”, dice Pablo que se acercó hasta Desarrollo Social, el Municipio, habló con la asistente social y averiguó por todos lados: “pensiones y hoteles, pero no hay nada de nada”.
La violencia de género era ejercida sobre su suegra y los hijos que tenía con este hombre. “La reventaba a palos, le pegaba a los hijos, los maltrataba y les daba una vida de mierda”, hasta que la mujer realizó una denuncia en Mercedes y la policía de allí tomó intervención, y el varón no volvió a presentarse. Dicha vivienda comenzó a concretarse en la gestión del intendente Blanco.
“Él apareció cuando falleció mi suegra, con el tema del desalojo”, explica Pablo. A ella no podían sacarla del hogar -por ser la pareja legal de él-, pero al fallecer la vivienda no le corresponde a los hijos hasta el día en que este hombre muera.
Pablo definió a su suegro como un sujeto terco porque “no le importa nada y lo que quiere es el terreno, no para vivir, sino para venderlo”. No piensa entablar diálogo con este hombre, siente que es “una persona que se burla en la cara de uno” y no quiere pasar a mayores.
Ayer se acercó a dialogar con Pablo el representante del juez, el abogado del suegro y más tarde la policía, quien lo denunció por quitar unas chapas en la vivienda, “armar un galpón es la única opción que tenemos”. El juez Alejandro Casas, según el padre de familia, no busca mezclar la denuncias de violencia de género con el desalojo, “el desalojo es el desalojo”.
Pablo y su familia estan habitando el inmueble hasta mañana que ocurre el desalojo, “me tengo que ir si o si hoy”, resalta Rodriguez, “hable con el juez y el abogado, esto ya esta hecho, no hay vuelta atrás”.
Hoy se presentaron en Desarrollo Social con la carta de desalojo y los asistentes sociales estaban de reunión, no pudieron atenderlos. En el municipio no quisieron dejarlos pasar porque les falta una dosis, dice Pablo. “Le dieron un cheque a mi señora, de seis mil pesos, que no sirve para nada porque si voy al banco a cambiarlo no me dejan pasar, no tengo las dos dosis”.
Pablo Rodriguez no esta conforme con la ayuda municipal, “lo primero que ellos te dicen -desde el gobierno local- es que es una causa privada particular, ‘nosotros no podemos hacer nada”. Entiende que otra opción es usurpar y las asistentes sociales le aclararon que eso es un delito, él lo sabe, “pero mayor delito es que una familia este en la calle”, rebate, “no nos ayuda nadie, somos gente laburante, pido un techo”.
Rodríguez y su familia estuvieron trabajando durante ocho años para comprar sus muebles, su temor es que los efectivos de seguridad le saquen todos sus bienes a la calle, “que se nos eche a perder todo es lo peor que nos puede pasar”. Pablo trabaja en la construcción, tiene “muchísimo trabajo”, pero en estos momentos prefiere quedarse en su casa, junto a sus seres queridos, ante las posibilidades del desalojo.
Las inmobiliarias le solicitan garantías, al menos tres recibos de sueldo, y abonar entre 30 mil y 40 mil pesos, sin contar los meses de depósito. “Necesito provisoriamente un galpón o un garage, con lo que sea me conformo porque mañana – jueves 3 de febrero- me sacan”.
Pablo tiene el dinero para alquilar, su mayor traba son los requisitos que las inmobiliarias le imponen. Si podes colaborar o asistir a este vecino y padre desesperado podes comunicarte con él a través de su numero de celular es 2317-487105
Mañana Pablo se planta frente al edificio municipal, al no encontrar solución se presenta allí juntó a su familia. “No nos vamos a mover hasta que el intendente nos dé una respuesta concreta”, resaltó.
En tanto, un grupo de madres, esta mañana comenzaron a consultarse por redes sociales en la posibilidad de hacer una marcha para que la familia no sea desalojada hasta que consiga una casa. No cuestionan la resolución judicial, solo piden que dos niños no queden en la calle ya que se vulneran derechos que protegen a la niñez, entre ellos, una techo, señalaron en la invitación.
Agencia MTR