El Covid-19, conocido como coronavirus, tiene al mundo en vilo y ha desnudado fuertes falencias en muchos sistemas de salud, aún en países muy desarrollados y con muchos recursos a disposición.
Las respuestas basadas en el aislamiento y la reducción de la circulación de los ciudadanos son las mayoritariamente adoptadas y parecen ser las adecuadas para aplanar la curva de crecimiento del contagio y, de esa manera, evitar el colapso de sistemas de salud que obviamente están diseñados para operar en normalidad y no en emergencias de este tipo.
Los casos exitosos como el de Corea del Sur, tienen que ver con el control y el aislamiento tomados como herramientas de prevención, y la prioridad en el tratamiento de los casos de mayor riesgo, en general vinculados a personas mayores de edad o pacientes con problemas respiratorios.
Las autoridades coreanas armaron dispositivos para detectar rápidamente y de manera
ambulatoria la presencia del virus y de esa manera aislar sectores de la población, descomprimir la asistencia a los centros médicos y liberar lugares para el tratamiento de los casos de mayor gravedad.
En otros países, como Italia o España, la subestimación inicial del virus por parte de las
autoridades combinada con la velocidad de diseminación del mismo han hecho que en un corto plazo la situación se haya salido de cause, generando crisis difíciles de manejar por las
autoridades.
En la Argentina, se reaccionó con mayor rapidez y, antes de llegar a situaciones como las vividas en España e Italia, se tomaron medidas muy restrictivas como las suspensión de clases o el desincentivo a la circulación de personas para evitar un crecimiento exponencial de la curva y tratar de lograr un aumento armonioso de los casos.
No se trata de parar el virus sino de atemperar su crecimiento.
El barranco, la baranda y el hospital
Esta crisis pasará y en algunos meses será solo un mal recuerdo para un mundo que si quedará
con dolencias económicas de cierta gravedad que los países deberán atender. Al mismo tiempo, el COVID-19 dejará abierta toda una discusión sobre los sistemas de salud a nivel mundial y los niveles de coordinación entre los países en términos de política sanitaria.
Uno de los puntos en discusión será el rol de la prevención y la educación en las políticas
sanitarias.
El COVID-19 implica afecciones por lo general leves, curables y con muy poca mortalidad, nos
preguntamos entonces ¿cómo se hubiera desarrollado la crisis con una estrategia basada
fuertemente en la prevención y en la atención primaria, capaz de detectar la
enfermedad, discernir entre casos leves y graves y privilegiar la atención de estos
últimos?
Al mismo tiempo una población en mejores condiciones de salud, sobre todo entre los adultos, con mejor alimentación y mejores cuidados personales y físicos, ¿no estaría más fortalecida para enfrentar los problemas derivados de este virus?
Las medidas que se toman apuntan a un objetivo claro que es lograr que la demanda sobre el
sistema de salud no sea tan grande como para hacerlo colapsar rápidamente.
Desde ya que en condiciones de normalidad ese riesgo no se corre de manera inminente, pero no pero ello desaparece: cuando la política de salud se diseña y ejerce sobre la idea de atacar la enfermedad, el riesgo de no dar a basto está siempre presente.
Una vez un reconocido médico marplatense, el Dr. Valentini, me puso un ejemplo claro: “Si tenés un barranco, cuál crees que es la mejor decisión: Poner una baranda arriba o un hospital abajo?”, esa es la diferencia entre una política de enfermedad y otra de salud.
En la Provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo, la coparticipación es más alta para
aquellos municipios que cuentan con más camas en sus centros de atención, de alguna manera es
un sistema que premia a la cantidad de enfermos, en vez de incentivar a que los gobiernos
municipales trabajen para tener menos personas enfermas en sus distritos.
Que nos dice nuestro presupuesto de salud
En lo declamativo gobierno tras gobierno escuchamos hablar de la necesidad de trabajar sobre
estrategias de educación para la salud, educación alimentaria, educación sexual y prevención de enfermedades.
Sin embargo a la hora de revisar los números vemos que esa realidad no se refleja en los
presupuestos.
De acuerdo a datos del propio Ministerio de Salud, en 2015 las tres primeras causas de mortalidad fueron enfermedades del sistema circulatorio (28,9%), tumores (19,6%) y enfermedades del sistema respiratorio (17,1%), es decir, el 65,5% de las muertes en la Argentina de ese año se dió por estas tres causas, las cuales son altamente combatibles mediante políticas de prevención y educación.
El presupuesto 2018 de salud fue de aproximadamente 46 mil cuatroscientos catorce millones de pesos ($46.414.538.477 exactamente), de ese total la prevención y la formación se llevaron un 20%, y la atención y sostenimiento de centros dependientes del Ministerio un 48%. El 32%
restante se fue en otros gastos.
De el total del presupuesto en salud, el 0,05% estuvo destinado al ítem “Promoción de la
salud y reducción de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles”, una de las
tres principales causas de mortalidad en la Argentina.
Al mismo tiempo la Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles representó el 2,84% del presupuesto nacional en salud del año 2018.
Es decir, la promoción de la salud y la prevención de infartos, ACV, EPOC, diabetes, etc.
apenas suman el 3% del presupuesto total de salud en la Argentina.
Por otro lado el desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable en 2018 representó un medio por ciento del presupuesto.
Un dato que si es alentador es que el ítem Prevención de enfermedades inmunoprevenibles, como por ejemplo la difteria, la gripe o la hepatitis tuvo el 10% de la asignación presupuestaria total.
Conclusión
Los números nos indican que la política sanitaria argentina en general subestima la importancia de la educación y la prevención como herramientas para mejorar la salud de los habitantes.
Muchas veces se esgrime la excusa de que una política que invierta en educación para la salud,
alimentaria y sexual apunta a resultados de largo plazo y la situación del país requiere mayor y
mejor nivel de atención. Se subestima el impacto de corto y mediano plazo que tienen los hábitos saludables sobre la salud de los individuos.
Si seguimos construyendo hospitales (cosa que no estamos seguros que sea lo que realmente
sucede, incluso intuimos que no) en vez de poner barandas en la cima del barranco, mas
temprano que tarde el sistema va a colapsar y ese riesgo que hoy corremos ante una pandemia va hacerse finalmente realidad más allá de ella.
Cambiar el paradigma, invertir en la educación, en la prevención y en los hábitos saludables
debería ser una política de Estado, sostenida más allá de los gobiernos, que refleje acuerdos y
visible en los números del presupuesto y las decisiones políticas.
El COVID-19 no nos va a matar, pero una política de enfermedad en vez de una de salud nos va poner frente a un riesgo constante.
Para Cadena Nueve, Lic. Manuel Font
Agencia MTR