La Defensoría del Pueblo va a la Justicia para evitar el faltante de remedios los fines de semana
Presentará un recurso de amparo para que las droguerías vuelvan a distribuir medicamentos los sábados, domingos y feriados. La presentación invoca el derecho constitucional a la salud integral.
La sostenida falta de medicamentos que se registra en las farmacias durante los fines de semana, feriados y días no laborables, como consecuencia del cambio de modalidad en las entregas que en forma unilateral decidieron las droguerías, motivo una nueva intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que en las próximas horas presentará ante la Justicia un recurso de amparo para que se respete el derecho constitucional a la salud integral.
Con esta presentación, la Defensoría exige que se ordene a las firmas a revertir la situación existente al momento del amparo y, por otro lado, que el ministerio de Salud bonaerense promueva las reformas legislativas que fueran necesarias tendientes a garantizar la provisión de medicamentos tal como venía ocurriendo hasta que se desató el conflicto.
La medida del organismo que conduce Marcelo Honores – originada luego de que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia pidiera su intervención- está dirigida a las droguerías Del Sud; Suizo Argentina; COFALOZA; Acofar Cooperativa Farmacéutica; Monroe Americana; Asoprofarma; 20 de Junio; Sur; Pico y Kellerhof.
La Defensoría entiende que existe una omisión de los particulares ya que, las droguerías en forma unilateral e inconsulta han dejado de proveer medicamentos a las farmacias los días sábados por la tarde y eso claramente compromete el derecho a la salud de los habitantes de la Provincia.
Por otro lado, considera que este escenario genera una amenaza vinculada con la posibilidad de que la población se vea impedida de acceder a un bien social como son los medicamentos, lo que genera un severo ataque al derecho a la salud y a la vida.
En ese sentido, Honores aseguró que “esta actitud ilegal y arbitraria ataca derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de salud y derechos humanos, en relación a la peligrosa la actitud de las droguerías demandadas y la autoridad del Ministerio a la hora de intervenir en la cuestión”.
Por último, la Defensoría reconoce que el incumplimiento sistemático de las partes a la hora de garantizar el derecho a la salud integral constituye una ilegalidad continua, originada con anterioridad a recurrir a la Justicia, pero mantenida en el tiempo al momento de la presentación del amparo, y entiende que existe un consenso en cuanto a que el medicamento es un bien social, antes que un bien de consumo, en la medida en que su uso incrementó la expectativa y calidad de vida de la población.
Agencia MTR