La Declaración de la Independencia argentina promulgó una formal ruptura de los vínculos de dependencia política y económica con la monarquía española, renunciando a toda forma de dominación extranjera aproximadamente 200 años atrás. Sin embargo, la deuda externa ha sido a lo largo de la historia de nuestro país uno de los principales dispositivos de sometimiento al capital financiero interno e internacional. Desde una perspectiva con profundas raíces en la historia de nuestras luchas por la autodeterminación, durante los últimos años hemos asistido a un esfuerzo de nuestra sociedad por romper con esa dependencia cultural, económica y financiera.
La estrategia de desendeudamiento permitió recuperar el control de la política económica para el gobierno nacional legitimado democráticamente por el pueblo argentino. Comenzó así una etapa en la que las políticas públicas se apartaron de la agenda del Consenso de Washington, para dedicarse a satisfacer las demandas sociales de nuestro pueblo, a la inversa de la mentalidad individualista que se gestó durante el período neoliberal que tuvo como eje la privatización y la ausencia del Estado.
La amenaza de los fondos buitres se dirige contra esas conquistas de nuestro pueblo, que con la complicidad del sistema judicial norteamericano buscan reconstruir las cadenas de la dependencia. El fallo de la Corte Suprema de los Estados multiplica por 15 el valor de los bonos en manos de esos fondos especulativos y eleva el pequeño porcentaje de deuda que permanece en cesación de pagos desde la crisis de la convertibilidad a cifras que superan la mitad de nuestras reservas internacionales. Semejante fallo contiene el germen de demandas potenciales por parte del 92,4% de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y pone en riesgo la reestructuración de nuestra deuda externa, para multiplicarla hasta niveles sin precedentes, lo que cercenaría la posibilidad de consolidar el proceso de desarrollo económico y social que con el esfuerzo de la mayoría de los argentinos hemos puesto en marcha desde hace once años.
Ante la amenaza sobre nuestra independencia económica, desde los sectores hostiles a la Patria siembran el derrotismo entre la población buscando crear el “sentido común” de que no hay más remedio que aceptar las condiciones impuestas por los dueños del poder mundial. Como dijo nuestra Presidenta Cristina Fernández, “estamos dispuestos a negociar para pagar al 100% de los bonistas en condiciones legales, justas y equitativas, pero no aceptamos extorsiones”. Tenemos el potencial necesario para generar la riqueza que nos permita vivir sin necesidad del crédito privado internacional, el país seguirá viviendo y trabajando con lo propio, como lo viene realizando desde el año 2002, mostrando que la falta de acceso a los mercados internacionales privados de crédito no fue impedimento para generar las condiciones económicas que permitieron a millones de argentinos mejorar su calidad de vida.
Por todo esto expreso mi apoyo al gobierno nacional en la búsqueda de una respuesta al litigio judicial que no comprometa nuestra independencia económica ni nuestra soberanía política, que son las bases para seguir avanzando hacia una Argentina más justa y reitero el pedido de nuestra Presidenta: “pedimos la unidad nacional. Tenemos que estar unidos hoy más que nunca porque la unidad hace la fuerza. Les pido que puedan sobreponerse a las banderías políticas, ideológicas y partidarias y pensar por única vez primero en la Argentina y en sus propios hijos”, para volver a proclamar nuestra Independencia.
*Diputado Provincial, FpV
Agencia MTR