El Impuesto a las Ganancias y los trabajadores

La situación de los trabajadores en el Impuesto a las Ganancias se presenta como un callejón sin salida. La Presidenta anunció el 28-01-13, entre otros, un aumento de los montos no imponibles (mínimos y cargas de familia) del orden del 20 %. Y todas las centrales gremiales lo han calificado de insuficiente. Además han expresado que afectará negativamente el proceso de paritarias ya que solicitarán aumentos adicionales para cubrir, además de la inflación, la brecha de retenciones.
Debe tenerse en cuenta que históricamente los cambios tributarios podían llegar a generar tensiones entre gobierno y empresarios. Hoy esa tensión, por primera vez, se traslada a la relación entre gobiernos y trabajadores. ¿Cómo es que se llega a esto?
Históricamente existieron variaciones entre salarios y montos no imponibles. Sin embargo, desde el año 2008 esta relación viene aumentando, y de manera sistemática, para alcanzar en el año 2012, desniveles no registrados hasta ese momento. No es casualidad que en ese año se planteara, a nivel social, un debate, hasta ese momento desconocido.
Interviene además, el congelamiento de las cotas que fijan las alícuotas marginales progresivas (art. 90-Ley de Ganancias). Los valores que rigen en la actualidad fueron fijados en 1999, y desde entonces no han sido actualizados, mientras que los salarios se han multiplicado 7,5 veces.
No sólo el monto imponible es mayor al no actualizar los no imponibles, sino que por dichos montos, la mayoría de los trabajadores bajo retención, deben pagar alícuotas de entre el 19 y el 27 %, cuando se supone que el excedente en esta categoría social debería estar sometido al mínimo de la escala (9%), tal como, en los hechos, sucedió históricamente.
Ambos factores activan un juego de pinzas, que incrementa las retenciones por Ganancias y el número de trabajadores que abarca.
La única explicación posible es el altísimo impacto de las retenciones de la 4ª Categoría en la recaudación total de Ganancias. Y estas condiciones fiscales también explican otros “ajustes”, ya sea por topes, congelamiento, o bien actualizaciones insuficientes:
Todos estos elementos deterioran el salario e ingresos de los tramos medios y bajos de la distribución del ingreso, llevando las condiciones a un punto que puede disparar el conflicto social.
Esto produce condiciones inéditas. Un impuesto de naturaleza progresiva que genera regresividad. El contribuyente que históricamente se ubicaba en el escalón más alto, no tiene incremento en su alícuota. En cambio, para un trabajador, con niveles medios de salario, que se ubicaba en la escala mínima, ahora, la alícuota aplicable se ha duplicado y triplicado.
No sólo una cuestión presión fiscal adicional sobre los trabajadores sino también un aumento en el número de esos trabajadores.
Durante el año 2012 el debate fue muy oscuro. Hoy, al menos, se ha transparentado.
La exigencia sindical se ha centrado en la problemática inmediata: rubros que hacen a los montos no imponibles (mínimos y cargas de familia) y las cotas de las escalas para fijar las tasas marginales. Y el gobierno, al menos, ha dado respuestas específicas sobre estos rubros: otorgó un 20 % sobre los mínimos y en el caso de modificación de las escalas, ha expresado, que es en el Congreso donde radica la facultad de modificar las escalas.
Resulta incorrecto aumentar la carga tributaria a un grupo social bajo criterios ilegítimos, más aún cuando esto implica modificar la distribución del ingreso de manera regresiva sin ninguna participación de la sociedad al respecto. Y más incorrecto aun cuando se le exige a los trabajadores proponer una alternativa de recaudación. Los trabajadores no están reclamando mejora alguna sino la devolución de algo que, previamente, se les ha quitado y de manera ilegal. Y si corregir la ilegalidad genera problemas de recaudación, el gobierno debe realizar una compensación de emergencia en base a sus propios criterios impositivos hasta que realizar una reforma tributaria resulte posible.
La presión del contexto llevó a las autoridades a introducir para el año 2012 un alivio en la carga tributaria. A mediados de Noviembre del 2012 anunció una exención en Ganancias para el segundo aguinaldo del año para salarios de hasta $ 25.000 y prometieron actualizar los montos no imponibles en los primeros meses del año 2013.
En el mes de Febrero se otorga un aumento de 20 % sobre los montos no imponibles (mínimos y cargas de familia) y se menciona expresamente el caso de la tabla de alícuotas. El PE dice no tocarla ya que interpreta, es una atribución del Congreso.
En la interpretación oficial este aumento hace posible reducir la cantidad de trabajadores con retenciones sobre ganancias de 2,4 a 1,6 millones de trabajadores, incluyendo ambas un apreciable número de jubilados. Sin duda que el impacto es importante pero con una limitación muy seria ya que no incluye los aumentos que se debaten actualmente en paritarias y que impactarán a lo largo del resto del año.
Y con salarios nominales más altos y las cotas de la alícuota progresiva congeladas se profundizarán los niveles de retención. Los salarios tributarán un porcentaje mayor, ya que ese aumento nominal sólo tiende a recuperar (y parcialmente) el salario real y por ende no se ha incrementado su capacidad adquisitiva.
Es por eso que todas las organizaciones sindicales consideran esta actualización como insuficiente, ya que los aumentos durante el 2013 volverán a recrear el cuadro de situación conflictiva del año 2012 en cuanto a presión fiscal y número de trabajadores alcanzados.
Debemos tener en cuenta los horizontes de tiempo ante los cuales actuamos: corto, mediano y largo plazo. Intentar ya mismo una solución integral al caso de Ganancias resulta una utopía. Esos cambios deben ser compatibilizados con el sistema tributario global a partir de fijar objetivos en términos de capacidad de recaudación, niveles de progresividad, traslación a precios, etc.
Es por eso que en el corto plazo deberían corregirse las cargas adicionales sobre los trabajadores mediante la actualización por etapas del artículo 23 (mínimos no imponibles y cargas de familia) y el artículo 90 (escalas de progresividad).
Y el reemplazo debe hacerse en calidad de emergencia hasta disponer de una reforma tributaria integral. Existen muchos ítems exentos que pueden ser utilizados para reemplazar recaudación, invocando condiciones de emergencia: rentas financieras, ganancias de capital, rentas del poder judicial, etc.
En el caso de las escalas de progresividad las cotas, de actualizarse en base a niveles salariales requiere multiplicar los valores vigentes por 7,5 veces. Esta dimensión de actualización puede llegar a entrar en contradicción con otros objetivos del sistema tributario que sólo pueden ser compatibilizados en el contexto de una reforma tributaria integral.
Y estos valores, a su vez, deberán detentar, de allí en adelante, una actualización automática. Dado que los índices de precios están sometidos a duras críticas, entendemos que deben utilizarse los indicadores salariales del Indec. Tanto por su relación directa con la materia a aplicar, como por la ausencia de objeciones acerca de su validez.
Existen otras alternativas para mejorar la progresividad fiscal de los salarios, como la de eximir el monto de alquileres y similares. Sin embargo, introducir nuevos instrumentos perturbaría el debate que, en el corto plazo debe centrarse en la recuperación de las condiciones anteriores, hasta disponer de una reforma tributaria integral, que sólo será posible en el mediano y largo plazo.
No adoptar medidas en esta dirección, no sólo tiene un efecto regresivo. También se amplificará el efecto distorsivo que ya está ejerciendo sobre el mecanismo de las paritarias. Los gremios tratarán de compensar la falta de actualización de estos valores con mayores salarios y formas salariales elusivas.
Y la perturbación en las paritarias llega hasta el interior de las empresas. Éstas ahora enfrentan el debate con una nueva variable cuyo valor real se desconoce. Al problema de la inflación, ahora se agregan los valores de Ganancias. En las paritarias, que hasta ahora intervenían sólo empresarios y trabajadores, aparece un nuevo actor que altera la negociación.
El objetivo es evitar que un impuesto, naturalmente progresivo, se transforme en una herramienta de regresividad y por ende requiere de una solución estable al margen de una eventual reforma tributaria que en el corto y mediano plazo no resulta posible realizar.
Y esta reforma sí deberá tener un horizonte de largo plazo. Allí deberá evaluarse la presión tributaria global sobre los distintos niveles de ingreso y adoptar decisiones de tipo ética respecto a cuales son los niveles desde los cuales debería aportarse al gasto público.
Probablemente surja del debate que los salarios de nivel medio (una escala en torno a los 10-15 mil pesos) que son la actual “piedra del escándalo” deben también contribuir a soportar el gasto público. Pero sólo a partir de conocer el aporte global a la recaudación impositiva por cada grupo de ingresos.
Debe tenerse en cuenta que en los niveles salariales medios, el IVA constituye su aporte fundamental. Antes de responder como se diseñarán los mínimos y escalas de Ganancias, deberíamos preguntarnos qué porcentaje de sus ingresos está pagando un trabajador en esa escala de salarios por el IVA y cuál debería ser su alícuota, sobre todo en el caso de alimentos, en un nuevo esquema tributario.
De cualquier manera toda esta perturbación alrededor de salarios e impuestos produce un elemento positivo hacia el futuro: la concientización de los trabajadores de la necesidad de su participación plena en el debate de una eventual reforma tributaria. Un segmento de la sociedad que sumará aportes a un tema que hasta ahora habían considerado ajeno a sus reivindicaciones.