Solicitan que se declara la inconstitucionalidad de la reforma que limita las excarcelaciones

Organismos de derechos humanos y defensores públicos solicitaron hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que reformó el sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego, el 13 de diciembre pasado. A su vez, se solicitó a la SCBA que suspenda sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional.

La Comisión por la Memoria, el CELS, el CIAJ, CEPOC y defensores públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionaron la reforma por violar la Constitución Provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La ley fue promovida por el Gobernador Daniel Scioli y aprobada el 13 de diciembre pasado, con la justificación de que permitirá controlar la circulación de armas de fuego y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSBA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales. La única posibilidad de privar de libertad a una persona sin condena es por la acreditación judicial de peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. A su vez, esta norma tal como fue sancionada, resulta violatoria de los principios de igualdad y de prohibición de irretroactividad de la ley penal.

Los problemas de constitucionalidad de la nueva ley son síntoma de una política de seguridad que apuesta a la demagogia punitiva. Nuevamente, el poder político procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales con pobres resultados en materia de prevención y reducción de la violencia.

Esta nueva ley no impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia. Es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense. Las autoridades y las distintas fuerzas políticas siguen evadiendo la responsabilidad de atacar ese mercado y romper las redes que lo sostienen. Diversos expertos en políticas de desarme han manifestado que esta iniciativa es la opuesta a la que se debería impulsar.

En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones. Ampliar los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, bajo la excusa de atacar el mercado ilegal de armas, implica legitimar las políticas de endurecimiento penal que sólo recaen sobre los jóvenes y los sectores sociales más pobres. Además de las consecuencias penitenciarias que tendrá por el aumento de la cantidad de detenidos en condiciones absolutamente indignas.

Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas. Las respuestas simbólicas de este tipo, además de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente. Alimentar la demagogia punitiva tiene altos costos sociales, aunque pueda verse como una táctica política beneficiosa en el presente.