
El Sector Público Nacional registró en octubre de 2026 un superávit primario de $1,93 billones y un superávit financiero de $1,58 billones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $350.000 millones. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que examinó la evolución de las cuentas públicas y advirtió sobre la continuidad del ajuste fiscal y las dificultades para alcanzar las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con el relevamiento, el resultado positivo de octubre se explica en un escenario marcado por una fuerte reducción del gasto público. En comparación con octubre de 2023, el gasto total acumuló una caída real del 29,6%, mientras que los ingresos retrocedieron un 12,1%.
El estudio también advierte que el superávit acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 fue el más bajo de la gestión de Javier Milei. En términos reales, el resultado fiscal registró una disminución del 29,1% respecto del mismo período de 2024 y del 10,3% en comparación con 2025.
Los ingresos siguen sin recuperarse
Durante octubre, los ingresos del Sector Público Nacional alcanzaron los $15,73 billones, lo que representó una caída real interanual del 1,5%. Según CEPA, se acumularon así 15 meses consecutivos de retrocesos.
La comparación con octubre de 2023 muestra una pérdida real del 12,1% en los recursos del Estado. Aunque los ingresos tributarios tuvieron una mejora marginal del 0,7% interanual, el comportamiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los Derechos de Exportación.
En ese rubro, las retenciones a las exportaciones crecieron un 138,4% interanual, aunque el informe atribuye el resultado a una baja base de comparación, debido a que se trata del primer mes posterior a la eliminación temporal de retenciones aplicada en septiembre de 2025.
En sentido contrario, los Derechos de Importación registraron una caída del 33,3%, acumulando diez meses consecutivos de retrocesos.
Otro indicador que refleja las dificultades de la actividad económica es la recaudación del IVA, que cayó un 7,9% real interanual. El tributo acumula doce meses consecutivos de bajas, una señal que, según el análisis, confirma la falta de recuperación del consumo interno. En octubre representó el 20,5% de los ingresos totales.
El ajuste del gasto alcanza a las principales partidas
El gasto público totalizó $13,79 billones en octubre, con una disminución real del 7,2% respecto del mismo mes de 2025. Si se toma como referencia octubre de 2023, la reducción alcanza el 29,6%.
Las mayores caídas se observaron en los gastos de capital, las transferencias a las provincias y los subsidios económicos.
En particular, los gastos de capital, vinculados principalmente con la obra pública, sufrieron un recorte real del 79,9% frente a octubre de 2023. Además, registraron una nueva caída interanual del 22,2%, reflejando la continuidad del freno a la inversión estatal.
Las transferencias a las provincias también mostraron una fuerte contracción: disminuyeron un 74,5% respecto de octubre de 2023. Parte de los fondos girados durante el mes estuvo vinculada con el cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la restitución de recursos por el traspaso de funciones de seguridad.
Por su parte, los gastos de funcionamiento retrocedieron un 25,9% real frente a octubre de 2023. El informe señala que uno de los principales factores fue la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales, que acumularon una caída real del 29,8% en ese período.
Jubilaciones, prestaciones sociales y subsidios
Las prestaciones sociales registraron una caída real del 21% en comparación con octubre de 2023. Sin embargo, el comportamiento fue dispar entre los distintos componentes.
La Asignación Universal para Protección Social mostró un incremento del 100,2%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas tuvieron una mejora del 1,8%.
En contraste, otras partidas sufrieron importantes retrocesos. Los denominados otros programas disminuyeron un 74,9%; las prestaciones del INSSJP, un 33,1%; las asignaciones familiares para trabajadores activos y pasivos, un 30,4%; y las pensiones no contributivas, un 7,8%.
En materia de subsidios, la reducción real alcanzó el 30,7% frente a octubre de 2023. Los subsidios energéticos cayeron un 54,4%, los destinados al transporte un 40,9% y otros subsidios económicos desaparecieron completamente en la comparación, con una baja del 100%.
El informe también observa que, durante los primeros diez meses de 2026, los subsidios energéticos experimentaron un incremento del 20,7% respecto del mismo período de 2023. CEPA vincula parte de esta evolución con el contexto internacional y el conflicto en Irán.
No obstante, al considerar la evolución desde noviembre de 2023, el ajuste acumulado en esta partida todavía representa una reducción real del 48,8%.
En transporte, el recorte se relaciona principalmente con la suspensión de compensaciones correspondientes a la Red SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una decisión que implicó una reducción de $2,02 billones durante el año.
Universidades nacionales: menos recursos y una disputa judicial pendiente
El financiamiento de las universidades nacionales también aparece entre los sectores afectados por la política de reducción del gasto.
Según el relevamiento, los recursos destinados a las casas de altos estudios registraron una caída real del 19,2% frente a octubre de 2023. Si se considera el acumulado de los primeros diez meses del año, la disminución alcanza el 22,2%.
El informe recuerda que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continúa pendiente de resolución judicial, luego de que el Gobierno presentara en abril un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar el fallo de primera instancia que ordenaba su cumplimiento.
La meta fiscal con el FMI, bajo presión
Uno de los puntos centrales del análisis está relacionado con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos ante el Fondo Monetario Internacional.
Tras la segunda revisión del organismo, se flexibilizó la meta fiscal para 2026 y se estableció un objetivo anual de $16,26 billones.
Sin embargo, las propias proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 contemplan un superávit de $15,54 billones, es decir, $720.000 millones por debajo de la meta acordada.
El escenario resulta todavía más complejo si se proyecta el comportamiento estacional observado durante el año anterior. Bajo ese supuesto, el resultado fiscal de 2026 alcanzaría los $14,12 billones, lo que dejaría una diferencia de $2,14 billones respecto del objetivo establecido.
Para CEPA, estas proyecciones muestran que el cumplimiento de la meta anual aparece como altamente improbable.
Los intereses de deuda y el resultado financiero
El documento también pone el foco en la metodología utilizada para presentar el resultado financiero del Estado.
Durante las licitaciones del Tesoro Nacional se mantiene la prioridad por instrumentos de deuda en pesos cuyos intereses se capitalizan, entre ellos las LECAP, BONCAP y títulos DUALES.
Según el informe, al incorporar los intereses capitalizados por $2,11 billones, el resultado financiero de octubre cambiaría sustancialmente y pasaría a reflejar un déficit de $1,14 billones.
De esta manera, CEPA plantea que el superávit financiero informado oficialmente no muestra por sí solo la totalidad de los compromisos financieros que enfrenta el Tesoro.
Un ajuste que redefine el funcionamiento del Estado
El balance de octubre muestra que el Gobierno mantiene resultados fiscales positivos a partir de una política de fuerte contención del gasto público. Sin embargo, el informe advierte que los ingresos continúan debilitados y que la reducción presupuestaria tiene consecuencias sobre distintas áreas de la administración nacional.
La obra pública, las transferencias a las provincias, los subsidios, los salarios estatales y el financiamiento universitario figuran entre los rubros más afectados desde 2023.
Mientras tanto, la caída del IVA y la persistencia de retrocesos en la recaudación plantean interrogantes sobre la recuperación del consumo y la actividad económica.
El desafío para los próximos meses será sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un contexto de ingresos debilitados, compromisos financieros crecientes y una meta fiscal con el FMI que, de acuerdo con las proyecciones analizadas por CEPA, podría quedar lejos de cumplirse.


