lunes, noviembre 16, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
lunes, noviembre 16, 2026
28.3 C
Nueve de Julio

Trenque Lauquen: un vecino llevó al presidente del Concejo Deliberante a la Justicia por irregularidades y no descarta ampliar la denuncia contra otros ediles

Luego de reiterados reclamos institucionales sin respuesta por falta de transparencia y cuestionamientos a la Rendición de Cuentas 2025, Miguel Santos Vidal presentó una denuncia penal donde lo acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un conflicto institucional que se fue profundizando durante los últimos meses en Trenque Lauquen llegó ahora a los Tribunales.

Un vecino de ese distrito, Miguel Santos Vidal, formalizó una denuncia penal contra el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, a quien atribuye conductas contrarias a la legislación vigente en el tratamiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

La denuncia solicita la intervención del Ministerio Público Fiscal y la apertura de una Investigación Penal Preparatoria para determinar si existieron conductas que pudieran encuadrarse en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

El origen de la controversia: la Rendición de Cuentas 2025

El núcleo del planteo está relacionado con lo ocurrido el 26 de mayo de 2026, durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen.

En esa oportunidad se trató la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Departamento Ejecutivo, correspondiente al expediente 6633/26, Orden 18.322.

De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, previamente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas había emitido un despacho fechado el 19 de mayo de 2026, suscripto por once concejales sobre un total de quince integrantes.

Ese despacho aconsejaba poner el expediente a consideración del cuerpo deliberativo durante la sexta sesión ordinaria.

Finalmente, la Rendición de Cuentas fue aprobada por mayoría: doce votos afirmativos y seis negativos. Los votos favorables correspondieron a ocho integrantes del bloque UCR + Diálogo y cuatro de La Libertad Avanza, mientras que cinco concejales de Fuerza Patria y uno de La Libertad Avanza votaron en contra.

A partir de esa votación se sancionó la Resolución 612/2026.

Sin embargo, para el denunciante, el procedimiento utilizado no se ajustó a las exigencias legales. Afirma que el examen de las cuentas públicas debía realizarse mediante una sesión especial y no dentro de una sesión ordinaria, por tratarse de un mecanismo institucional específico de control de la administración municipal.

También cuestiona el contenido de la resolución aprobada, al considerar que no refleja adecuadamente lo aconsejado por el despacho de comisión, que —según transcribe— proponía poner el expediente en consideración del cuerpo, sin disponer expresamente su aprobación.

Once cartas abiertas y reiteradas advertencias

Uno de los aspectos centrales de la presentación judicial es la documentación que acredita los reclamos previos realizados ante el Concejo Deliberante.

Miguel Santos Vidal acompañó once cartas abiertas presentadas entre abril y junio de 2026, mediante las cuales solicitó respuestas institucionales, tratamiento legislativo de sus planteos y la convocatoria a una sesión especial para analizar la Rendición de Cuentas.

Las primeras presentaciones se remontan al 8 de abril, cuando planteó la necesidad de fortalecer el control político y la transparencia en la gestión pública.

Posteriormente, el 22 y el 27 de abril, volvió a cuestionar el tratamiento otorgado a sus escritos y formuló observaciones sobre el funcionamiento institucional del cuerpo.

El 10 y el 17 de mayo presentó nuevas cartas abiertas, en las que hizo referencia a posibles irregularidades, falta de tratamiento de sus peticiones y presuntos incumplimientos de los deberes de los funcionarios públicos.

El 24 de mayo, dos días antes de la sesión en la que se aprobó la Rendición de Cuentas, reiteró expresamente su planteo sobre la obligatoriedad de convocar a una sesión especial.

Tras la aprobación de la Resolución 612/2026, continuó con sus reclamos mediante presentaciones del 27 y 31 de mayo y del 1, 6 y 14 de junio.

En ellas solicitó, entre otras cuestiones, que se revisara la resolución, que se convocara a una sesión especial y que se evaluara la responsabilidad política del presidente del cuerpo deliberativo.

Según expone en la denuncia, varias de esas presentaciones fueron archivadas, excluidas del orden del día o incorporadas a expedientes sin recibir el tratamiento legislativo que, a su entender, correspondía.

También cuestionó la respuesta del presidente del Concejo Deliberante, quien el 1 de junio le comunicó el archivo definitivo de las cartas abiertas presentadas los días 24, 27 y 31 de mayo.

Para Santos Vidal, esa decisión constituyó una negativa injustificada a considerar sus peticiones.

Los artículos del Código Penal invocados

En el apartado jurídico de la denuncia, el vecino considera que los hechos podrían configurar, en principio, las conductas contempladas en los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación.

El artículo 248 contempla el abuso de autoridad e incluye a los funcionarios públicos que dictan resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o que dejan de ejecutar las normas cuyo cumplimiento les corresponde.

Por su parte, el artículo 249 sanciona al funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de sus funciones.

El denunciante sostiene que el presidente del Concejo Deliberante tenía conocimiento de sus advertencias sobre el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que, pese a ello, permitió que el tratamiento de la Rendición de Cuentas se desarrollara mediante el procedimiento cuestionado.

En ese sentido, afirma que no habría existido un simple error administrativo, sino una decisión consciente de apartarse de una obligación legal.

Asimismo, argumenta que la modificación introducida por la Ley 10.869, que establece un plazo de 60 días corridos para que el Concejo se expida sobre las cuentas, no habría eliminado la exigencia de realizar ese tratamiento en una sesión especial.

Se trata de una interpretación jurídica sostenida por el denunciante, cuya procedencia deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes.

Qué solicita a la Fiscalía

La presentación pide que se tenga por formulada la denuncia penal, se disponga la correspondiente Investigación Penal Preparatoria y se produzcan distintas medidas de prueba.

Entre ellas, solicita que se libre un oficio al Honorable Concejo Deliberante para que remita copias certificadas de la documentación vinculada con el expediente 6633/26, la Resolución 612/2026 y el expediente 6636/26.

También requiere la convocatoria y el orden del día de la sexta sesión ordinaria del 26 de mayo, el acta y el registro audiovisual íntegro de esa reunión, las constancias de ingreso y trámite de las once cartas abiertas y una copia certificada del Reglamento Interno vigente del cuerpo deliberativo.

La finalidad de esas medidas es reconstruir el procedimiento utilizado, determinar el tratamiento otorgado a los reclamos ciudadanos y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además, Santos Vidal dejó expresamente planteada la reserva de constituirse como particular damnificado, conforme al artículo 77 y concordantes del Código Procesal Penal bonaerense.

Esto le permitiría solicitar una intervención procesal más activa en la investigación, con el correspondiente patrocinio letrado, si se reúnen los requisitos legales.

No descarta ampliar la denuncia contra otros concejales

La presentación judicial tiene como denunciado al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal. Sin embargo, el alcance del conflicto podría no limitarse a su actuación.

El vecino cuestiona también el procedimiento institucional que permitió el tratamiento y la aprobación de la Rendición de Cuentas, así como la actuación de los integrantes de las distintas instancias legislativas involucradas.

En ese contexto, no se descarta que pueda ampliar la denuncia y solicitar que se investigue la eventual participación o responsabilidad de otros concejales, en función de las decisiones adoptadas y de las pruebas que puedan surgir durante la investigación.

La eventual extensión de la presentación deberá sustentarse en hechos concretos y en la determinación de posibles responsabilidades individuales.

Un conflicto que excede una discusión administrativa

El planteo de fondo apunta a una cuestión institucional de relevancia para el funcionamiento democrático del municipio: el control que debe ejercer el Concejo Deliberante sobre la administración de los recursos públicos.

El denunciante sostiene que la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la legislación municipal no pueden quedar sujetos a decisiones políticas circunstanciales.

También considera que las presentaciones ciudadanas deben recibir respuestas formales y un tratamiento acorde con las normas que regulan el funcionamiento del cuerpo deliberativo.

La controversia, que durante semanas se expresó mediante cartas abiertas, reclamos y publicaciones periodísticas, ingresa ahora en una nueva instancia: la judicial.

Será la Fiscalía la que deberá evaluar los hechos denunciados, analizar la documentación aportada, requerir los antecedentes institucionales y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.

Mientras tanto, en Trenque Lauquen queda planteado un interrogante de fondo: cuáles son los límites de las decisiones de un cuerpo deliberativo cuando se encuentran en discusión los procedimientos legales que garantizan el control de los fondos públicos.

La presentación de Santos Vidal abre así un nuevo capítulo en una disputa que comenzó con reclamos por transparencia y que ahora busca una respuesta en el ámbito de l

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias