La polémica por los aumentos de peajes en la Ruta Nacional 5 sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto los fuertes incrementos tarifarios que habían comenzado a regir a mediados de octubre y desplazó al funcionario de Vialidad Nacional que había avalado las obras presentadas por la concesionaria Pentavía para justificar las subas.
La decisión llegó después de una inspección complementaria que detectó que buena parte de los trabajos declarados por la empresa estaban incompletos o no cumplían con las exigencias técnicas establecidas en el contrato de concesión.
El caso generó preocupación entre los usuarios habituales de uno de los corredores viales más importantes del oeste bonaerense, utilizado diariamente por transportistas, productores agropecuarios y particulares. Además, la ruta constituye una vía estratégica para el traslado de insumos y arenas silíceas destinados a la actividad energética de Vaca Muerta.
Peajes más caros, pero sin las obras comprometidas
La concesionaria Pentavía, controlada por la constructora mendocina Ceosa, había recibido autorización para aplicar incrementos de entre el 139% y el 330% en las tarifas de las tres estaciones de peaje ubicadas sobre el tramo Pampa de la Ruta 5: Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
Sin embargo, a apenas diez días de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, una revisión ordenada por las autoridades de Vialidad Nacional detectó irregularidades en las tareas que la empresa había informado como finalizadas.
Entre las observaciones figuraron trabajos de reparación incompletos, deficiencias en los materiales utilizados y falta de cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos.
Frente a este escenario, el organismo nacional resolvió suspender los aumentos y regresar al esquema tarifario anterior. También abrió un sumario administrativo y apartó al supervisor que había certificado las obras presentadas por la concesionaria.
En su reemplazo fue designada la ingeniera Daniela Hardouin, quien tendrá a su cargo una nueva fiscalización del corredor, con especial atención en la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados.
Multas millonarias y devolución del dinero a los usuarios
La situación de Pentavía también derivó en la apertura de dos expedientes sancionatorios. La empresa podría recibir una penalidad económica estimada entre los 150 y los 200 millones de pesos.
Además, deberá instrumentarse un mecanismo para reintegrar a los usuarios las diferencias cobradas durante el período en que estuvieron vigentes las tarifas cuestionadas, entre mediados de octubre y el 2 de noviembre.
La devolución contemplaría procedimientos diferenciados para quienes utilizan TelePase y para aquellos que abonaron mediante otros medios electrónicos o en efectivo.
Cuánto cuesta ahora el peaje en la Ruta 5
Con la marcha atrás del Gobierno nacional, las tarifas regresaron a los valores anteriores a los aumentos. En el caso de los automóviles, el peaje con TelePase pasó de $4.262,18 a $1.787,10 en cada una de las tres estaciones del tramo concesionado.
La reducción también alcanzó al transporte de cargas:
- Camiones de tres ejes: de $12.786,52 a $5.361,30.
- Camiones de cuatro ejes: de $17.048,17 a $5.361,30.
- Camiones de cinco ejes: de $21.310,88 a $7.184,40.
- Camiones de seis ejes: de $25.573,06 a $7.184,40.
- Camiones de siete ejes: de $29.835,24 a $8.935,50.
- Camiones de ocho ejes: de $38.359,59 a $8.935.
La medida representa un alivio para quienes utilizan habitualmente el corredor, aunque mantiene abierto el interrogante sobre el estado de la infraestructura y las inversiones que deberán realizarse para garantizar condiciones adecuadas de circulación.
Una ruta estratégica para el agro y Vaca Muerta
El tramo Pampa de la Ruta Nacional 5 tiene una importancia central para la economía regional y el transporte de cargas. Por este corredor circulan más de 1.000 camiones diarios, muchos de ellos vinculados con la producción agropecuaria y el traslado de arenas silíceas utilizadas en la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.
Pentavía asumió la operación de este sector el pasado 1 de julio, en el marco de un contrato de concesión por 20 años.
El acuerdo contempla tareas de mantenimiento, conservación y reparación de la calzada, pero no incluye nuevas ampliaciones ni la transformación de la ruta en autovía, una obra largamente reclamada por vecinos, municipios, productores y usuarios que transitan diariamente entre las localidades del oeste bonaerense.
En ese contexto, la controversia por los peajes volvió a poner sobre la mesa una demanda histórica de la región: que el costo que pagan los usuarios tenga una correspondencia efectiva con las obras y los servicios que reciben.
Otras concesionarias también están bajo la lupa
El episodio de la Ruta 5 encendió alertas dentro de Vialidad Nacional sobre el desempeño de otras empresas que asumieron la administración de corredores nacionales.
Según la información difundida por el sector, otras cuatro concesionarias presentan demoras o inconvenientes en la ejecución de los trabajos iniciales comprometidos.
Una de ellas es Corresur, responsable de los tramos Acceso Sur, Atlántico y Sur. La empresa registra demoras en las intervenciones previstas sobre la autopista Riccheri-Ezeiza, uno de los accesos más importantes al área metropolitana de Buenos Aires.
También está bajo observación la concesionaria vinculada al empresario Cristóbal López, que tiene a su cargo el tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros de la Ruta Nacional 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso A-008 al Gran Rosario y un sector de la Ruta Nacional 33 que conecta Rosario con Trenque Lauquen.
A estas situaciones se suman los casos de las operadoras de los tramos Noroeste, perteneciente al grupo Cartellone, y Noreste, administrado por las empresas Carlos Enriquez SA y Hormi SA.
Un interrogante que alcanza a toda la región
La marcha atrás con los aumentos de la Ruta 5 constituye un antecedente significativo para el nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional.
La discusión ya no pasa solamente por el valor de los peajes, sino también por los mecanismos de control, el cumplimiento de los contratos y la responsabilidad de las empresas privadas en el mantenimiento de rutas fundamentales para la producción y la conectividad.
Para los vecinos de Nueve de Julio, Trenque Lauquen y las demás localidades atravesadas por la Ruta 5, el regreso a las tarifas anteriores representa una noticia favorable. Sin embargo, la principal expectativa sigue puesta en que las tareas de reparación y conservación se concreten efectivamente.
Porque en una ruta por la que circulan miles de vehículos y camiones, el peaje es un costo para el usuario, pero el mantenimiento y la seguridad vial son una obligación que debe cumplirse.
Agencia MTR