Durante el diálogo con Gustavo, el profesional explicó que una separación no habilita a ninguna de las partes a disponer arbitrariamente de las pertenencias de la otra persona, ni mucho menos a destruirlas como consecuencia de una discusión, una escena de celos o una reacción emocional.
La situación puede adquirir relevancia jurídica cuando se producen daños sobre automóviles, motocicletas, viviendas, muebles, documentación personal o elementos de valor patrimonial y profesional.
Quemar un título universitario: un ejemplo de las consecuencias de una reacción impulsiva
Para explicar la dimensión del problema, Arman recordó un caso en el que una persona, luego de finalizar una relación sentimental, habría prendido fuego el título universitario de su expareja, un abogado.
El ejemplo permitió poner en perspectiva que no se trata solamente del valor económico de un objeto. Un título profesional representa años de formación académica, esfuerzo personal y reconocimiento institucional.
El abogado señaló que los títulos profesionales contienen información relevante en su reverso, como las anotaciones correspondientes a la matrícula, el tomo y el folio, además de otras acreditaciones que pueden incorporarse durante el desarrollo de una carrera profesional.
Su destrucción puede generar dificultades administrativas para acreditar antecedentes, continuar determinadas trayectorias institucionales o gestionar documentación ante organismos nacionales e internacionales.
Arman aclaró que la destrucción del diploma no necesariamente impide ejercer una profesión cuando la persona ya cuenta con su matrícula habilitante vigente. Sin embargo, puede ocasionar complicaciones para acreditar formalmente determinadas condiciones profesionales y realizar trámites de reconocimiento o legalización en otros países.
Artículo 183 del Código Penal: el delito de daño
Uno de los principales puntos de la exposición estuvo centrado en el artículo 183 del Código Penal argentino.
Esta disposición establece una pena de prisión de quince días a un año para quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe, total o parcialmente, una cosa mueble o inmueble, o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito con una pena mayor.
En ese marco, el abogado explicó que romper el automóvil de una expareja, provocar destrozos en su vivienda, destruir muebles o quemar documentación perteneciente a otra persona puede configurar el delito de daño, siempre que se reúnan los requisitos legales correspondientes.
La cuestión central es que el conflicto sentimental no constituye una justificación para afectar el patrimonio ajeno.
La particularidad del artículo 185: una excepción prevista por la ley
Durante la conversación también se analizó el artículo 185 del Código Penal, que contempla una excusa absolutoria para determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares.
La norma establece que están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, entre otros, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
También contempla otros supuestos familiares expresamente enumerados por la disposición.
Arman hizo hincapié en la diferencia jurídica entre un matrimonio y una relación sentimental que no se encuentra comprendida en esos supuestos.
Por eso, una pareja conviviente no casada o una expareja no queda automáticamente alcanzada por la excepción prevista para los cónyuges. La situación debe analizarse de acuerdo con el vínculo existente y las circunstancias particulares del hecho.
La explicación resulta especialmente importante porque muchas personas creen que los conflictos patrimoniales dentro de una relación sentimental quedan fuera del alcance de la legislación penal.
Cuando el daño se transforma en un incendio: la gravedad del artículo 186
El profesional también advirtió sobre un escenario de mayor gravedad: cuando la destrucción de un objeto se produce mediante un incendio que puede extenderse y poner en peligro a otras personas o bienes.
En esos casos, la conducta podría dejar de encuadrar exclusivamente en el delito de daño y dar lugar a la aplicación del artículo 186 del Código Penal, referido a incendios y otros estragos.
La norma contempla penas considerablemente más elevadas, cuya aplicación depende de las características del hecho y, especialmente, del peligro generado.
Por eso, quemar un documento en un recipiente controlado no representa jurídicamente la misma situación que provocar un incendio dentro de una vivienda, con riesgo para sus habitantes, vecinos o terceros.
La existencia de peligro común y las consecuencias efectivamente producidas son aspectos determinantes para establecer la calificación legal.
Responsabilidad civil: además de una causa penal, puede existir una obligación de reparar
Otro aspecto desarrollado durante la columna fue la responsabilidad civil derivada de la destrucción de bienes.
Arman mencionó el artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la antijuridicidad de cualquier acción u omisión que cause un daño a otra persona cuando no exista una justificación legal.
En consecuencia, quien provoca un perjuicio puede quedar obligado a reparar las consecuencias de su conducta, de acuerdo con los presupuestos de la responsabilidad civil.
Esto puede comprender los daños materiales ocasionados, los gastos necesarios para recuperar o reemplazar los bienes y otros perjuicios que puedan acreditarse conforme a la legislación vigente.
En el caso de un título universitario destruido, por ejemplo, podrían surgir gastos y gestiones administrativas para obtener documentación sustitutiva, según las disposiciones de cada universidad y los organismos competentes.
El profesional remarcó que las consecuencias no necesariamente terminan con la eventual intervención penal: también puede existir un reclamo económico por los daños ocasionados.
Una escalada de violencia que puede terminar en consecuencias mucho más graves
Hacia el cierre del análisis, Arman amplió la advertencia y señaló que los conflictos sentimentales pueden escalar desde la destrucción de pertenencias hacia hechos de violencia física.
Los golpes pueden configurar delitos de lesiones y, en situaciones extremas, una conducta homicida puede recibir una calificación agravada por el vínculo.
En este sentido, recordó que el artículo 80, inciso 1, del Código Penal contempla la prisión o reclusión perpetua para quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a una persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, exista o no convivencia.
También señaló que incumplir una orden judicial de restricción o una medida de protección puede dar lugar a la investigación del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
El mensaje fue claro: no se debe naturalizar la violencia ni considerar que una relación afectiva otorga derechos de propiedad sobre la vida, las decisiones o las pertenencias de la otra persona.
«La pareja es un par: dos personas que transitan juntas un camino»
En uno de los pasajes más significativos del intercambio, Gustavo y Leandro reflexionaron sobre el significado de la palabra pareja.
Arman sostuvo que compartir un proyecto afectivo, convivir o contraer matrimonio no significa que una persona sea dueña de la otra.
La relación debe construirse desde el respeto, la libertad individual y la reciprocidad.
También recordó que las uniones convivenciales pueden registrarse y producen consecuencias jurídicas, aunque no deben confundirse automáticamente con el matrimonio ni con los supuestos expresamente contemplados en el artículo 185 del Código Penal.
La reflexión dejó una enseñanza que excede el ámbito estrictamente jurídico: el final de una relación no puede convertirse en una autorización para ejercer violencia o destruir aquello que pertenece al otro.
DERECHO PREVENTIVO: CONOCER LAS CONSECUENCIAS ANTES DE ACTUAR
La columna concluyó con una invitación a reflexionar sobre las conductas que pueden surgir durante una separación.
Arman insistió en que una reacción impulsiva puede ocasionar consecuencias difíciles de revertir. Destruir un automóvil, quemar documentación profesional, arrojar pertenencias por una ventana o provocar daños en una vivienda no son simples episodios de una discusión sentimental: pueden constituir hechos jurídicamente relevantes.
La prevención, el diálogo y el respeto por la libertad individual son herramientas fundamentales para evitar que un conflicto afectivo termine en una causa penal o en un reclamo por daños y perjuicios.
«No creerse dueño del otro» fue una de las ideas centrales que dejó el abogado durante el encuentro.
Una relación puede terminar. Lo que no puede terminar es el respeto por los derechos de la otra persona.
DERECHO PREVENTIVO, el espacio de análisis jurídico de Leandro Arman, todos los lunes a las 9:30, en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV.
Agencia MTR