La emergencia hídrica volvió a ocupar un lugar central en la agenda regional, con reclamos por la ejecución de obras hidráulicas, la disponibilidad de financiamiento y la necesidad de coordinar acciones entre los municipios, la Provincia, la Nación y las entidades agropecuarias.

En ese contexto, Patricia Gorza, presidenta de la Federación Agraria Argentina, Filial Nueve de Julio; María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio; Mario Oyanguren, productor rural del distrito, y Miguel Martínez, productor de El Tejar, plantearon distintas problemáticas vinculadas con el escurrimiento del agua, el estado de los caminos rurales y las obras pendientes.

Las intervenciones se dieron en el marco de la reunión de trabajo con intendentes, representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales, en la que se analizó en Bragado la situación hídrica de la región y la necesidad de avanzar con soluciones que permitan reducir el impacto de futuras contingencias climáticas.

Patricia Gorza: “Necesitamos conseguir los fondos para la región y acelerar las obras”

Patricia Gorza expuso la preocupación de Nueve de Julio por las consecuencias que dejó la emergencia hídrica y por las dificultades que todavía persisten en el territorio. Señaló que el distrito continúa soportando los efectos de las inundaciones y que la falta de infraestructura suficiente condiciona la recuperación de los caminos rurales y de la actividad productiva.

En su intervención, recordó que la situación comenzó a agravarse a partir del 5 de marzo del año anterior, cuando se registró un importante exceso de agua que afectó a todo el partido y provocó consecuencias de gravedad, en un escenario comparable con el atravesado por Carlos Casares.

Gorza sostuvo que Nueve de Julio se encuentra en una posición compleja dentro del sistema hídrico regional, debido a que las decisiones sobre el manejo y el escurrimiento del agua en otros distritos también repercuten sobre el territorio local.

En ese sentido, pidió evitar que los municipios afectados se responsabilicen mutuamente y remarcó que la problemática debe abordarse desde una perspectiva regional, con diálogo, solidaridad y planificación conjunta.

La dirigente agropecuaria también cuestionó la insuficiencia de los recursos destinados a las obras. Según expresó, durante una etapa de la emergencia hubo maquinaria nacional trabajando durante aproximadamente quince días, pero luego se retiró. Advirtió que esa presencia generó una percepción de asistencia que, desde su punto de vista, no se tradujo en una ayuda sostenida y suficiente para resolver los problemas de fondo.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la necesidad de recuperar y acelerar las inversiones vinculadas con el sistema hídrico. En particular, mencionó las dificultades de financiamiento y la importancia de avanzar con un reclamo institucional por los recursos correspondientes al fondo hídrico.

Gorza alertó, además, sobre la situación económica de los productores rurales, quienes debieron destinar recursos propios para atender problemas cotidianos derivados de la emergencia. Advirtió que esa capacidad de respuesta se encuentra cada vez más limitada y manifestó su preocupación por la posibilidad de llegar a la próxima cosecha gruesa con una situación hídrica igual o más compleja que la del año anterior.

“Necesitamos ver cómo conseguimos los fondos para la región para acelerar las obras”, fue el sentido central de su reclamo.

Los canales y la presencia de Hidráulica, entre las prioridades

Durante su exposición, Gorza puso especial atención en las diferencias entre los avances informados oficialmente y los resultados que, según indicó, pueden observarse en el territorio.

Como ejemplo, se refirió a los trabajos anunciados en el canal de la Cañada. Señaló que se habían informado intervenciones sobre 8.500 metros, mientras que el sistema tiene una extensión de aproximadamente 3 kilómetros, y pidió contrastar los anuncios con el estado efectivo de la infraestructura.

La dirigente aclaró que su cuestionamiento no implicaba desconocer las tareas realizadas, sino señalar que las obras deben evaluarse por su impacto concreto sobre el escurrimiento y las condiciones que enfrentan los productores.

También reclamó una mayor presencia de la autoridad hidráulica en el ámbito del comité de cuenca local de Nueve de Julio. Consideró que la participación de ese organismo resulta indispensable para coordinar decisiones técnicas y evitar que la gestión de los problemas dependa de intervenciones ocasionales.

El planteo apuntó a fortalecer el trabajo institucional y a garantizar continuidad en las decisiones relacionadas con los canales, los desagües y las obras necesarias para prevenir nuevas complicaciones.

María José Gentile propuso un reclamo conjunto por los recursos hídricos

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, coincidió en la necesidad de construir una posición común entre los municipios y las entidades vinculadas con la producción.

Durante su intervención, propuso elaborar un documento que reúna un diagnóstico de la situación de las cuencas y un pedido concreto de financiamiento para las obras pendientes al gobierno nacional.

Gentile remarcó que la discusión no puede limitarse a la cantidad de kilómetros de canales intervenidos o a la disponibilidad de maquinaria. Señaló que, sin recursos económicos, resulta imposible sostener los trabajos necesarios, adquirir materiales, reconstruir caminos y ejecutar las obras de infraestructura que demanda la región.

La jefa comunal invitó a los intendentes presentes a acompañar la iniciativa y propuso convocar también a las entidades agropecuarias y a otros sectores vinculados con la actividad productiva.

Su intención, explicó, es que el documento pueda ser presentado ante las autoridades nacionales para reclamar una respuesta a una problemática que supera las posibilidades individuales de cada municipio.

Gentile destacó que la emergencia exige dejar de lado las diferencias partidarias y priorizar las necesidades de las comunidades afectadas.

En esa línea, manifestó su disposición a gestionar una nueva audiencia con las autoridades nacionales responsables del área hídrica y a llevar personalmente el planteo, en caso de concretarse esa instancia.

La propuesta busca transformar las preocupaciones expuestas durante la reunión en un reclamo institucional respaldado por los distintos distritos, con el objetivo de acelerar las obras y garantizar los fondos necesarios.

Los productores expusieron problemas concretos en los caminos y los desagües

La situación de los establecimientos rurales también tuvo un lugar destacado en el encuentro. Los productores señalaron que, además de las grandes obras hidráulicas, existen intervenciones puntuales que podrían mejorar el escurrimiento del agua y reducir las dificultades que enfrentan las familias y las explotaciones agropecuarias.

Uno de los testimonios describió las consecuencias de los caminos cortados y las dificultades para sacar la producción. El productor recordó que, después de la inundación anterior, hubo establecimientos que permanecieron aislados durante largos períodos y caminos rurales que continuaron sin una solución adecuada.

En ese marco, relató que un camino utilizado para acceder a la Ruta Nacional 65 llevaba aproximadamente un año y medio con dificultades de transitabilidad. También señaló que, en su establecimiento, la interrupción del acceso complicó el retiro de la leche y obligó a desechar producción en dos oportunidades.

El testimonio reflejó que la emergencia hídrica no se limita a las hectáreas anegadas, sino que afecta el transporte, la logística, la actividad diaria y la posibilidad de mantener en funcionamiento los establecimientos rurales.

El canal San Emilio Sur y la necesidad de ampliar un paso de agua

Entre los reclamos puntuales se mencionó el canal San Emilio Sur, donde se solicitó revisar la capacidad de un paso de agua.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el lugar cuenta con una estructura de aproximadamente tres metros, mientras que el canal tiene unos cinco metros de ancho. El productor indicó que dispone de los tubos necesarios para ampliar el paso y pidió que se evalúe la posibilidad de incorporar uno adicional.

La preocupación está relacionada con el aporte de agua del canal de Quiroga, que desemboca en el San Emilio Sur, y con la capacidad de la infraestructura existente para permitir un escurrimiento adecuado.

También se planteó la necesidad de atender sectores del sistema de canales en la zona de Nueve de Julio y avanzar con trabajos pendientes en el área de Los Toldos, donde, según se expresó, existen dificultades relacionadas con la autorización para ejecutar determinadas intervenciones.

Los productores insistieron en que algunas soluciones requieren inversiones relativamente acotadas frente al costo de las grandes obras, pero pueden tener un impacto directo en la circulación del agua y en la recuperación de los caminos.

Mario Oyanguren y Martínez: la preocupación por el manejo del agua y los accesos rurales

Los planteos de los productores de Nueve de Julio y El Tejar se inscribieron en una preocupación compartida: la necesidad de anticiparse a las próximas contingencias y evitar que las dificultades vuelvan a repetirse por falta de mantenimiento o por obras que no llegan a ejecutarse.

Mario Oyanguren, productor rural de Nueve de Julio, y Martínez, productor de El Tejar, formaron parte de las voces del sector agropecuario que llevaron al encuentro la experiencia directa de quienes deben sostener sus establecimientos en condiciones adversas.

Los testimonios pusieron el acento en la necesidad de mejorar el drenaje, revisar los pasos de agua, recuperar la infraestructura de los caminos y atender las dificultades que persisten después de los períodos de inundación.

El reclamo también apuntó a la planificación regional. El agua no reconoce límites distritales y las decisiones adoptadas en una zona pueden generar consecuencias en otra. Por eso, los productores consideraron indispensable que las obras se definan teniendo en cuenta el funcionamiento integral de los canales y las cuencas.

En la reunión se mencionaron, además, los niveles de las lagunas de Junín, entre ellas Gómez y Carpincho, y su función como reservorios para recibir excedentes hídricos. Desde el sector técnico se explicó que esos sistemas cumplen una función de almacenamiento y regulación, y que sus niveles se venían reduciendo para mantener capacidad ante posibles episodios climáticos adversos.

La discusión dejó en evidencia la necesidad de combinar las intervenciones locales con una estrategia hidráulica que contemple los aportes de agua provenientes de otros sectores de la región.

Los municipios advirtieron sobre las limitaciones presupuestarias

Durante el encuentro también se planteó el esfuerzo económico realizado por los gobiernos locales para responder a la emergencia anterior.

Desde la representación municipal se indicó que Nueve de Julio destinó alrededor de 400 millones de pesos adicionales a los recursos previstos para atender las consecuencias de la inundación, especialmente en materia de caminos y asistencia a las necesidades del territorio.

La intendenta advirtió que esa exigencia financiera tuvo consecuencias sobre las cuentas municipales y recordó las dificultades afrontadas para cumplir con las obligaciones habituales, incluidos los salarios.

Al mismo tiempo, señaló que los municipios deben responder ante los vecinos por el estado de los caminos y los efectos del agua, aunque no cuentan con todas las herramientas ni las competencias para administrar integralmente los sistemas hidráulicos.

La situación plantea un desafío adicional: sostener el mantenimiento de la infraestructura existente mientras se espera la ejecución de las obras de mayor escala, cuyos plazos y requerimientos financieros exceden las posibilidades de las administraciones locales.

En ese escenario, se reclamó mayor disponibilidad de maquinaria, camiones, retroexcavadoras, materiales y tubos de hormigón para actuar antes de que se produzcan nuevas emergencias.

La experiencia reciente mostró que reparar caminos y puentes cuando el agua ya está presente resulta más difícil y costoso. Por eso, la preparación anticipada fue señalada como una condición fundamental para reducir los daños.

Más infraestructura y coordinación regional

En el tramo final de la reunión, los participantes coincidieron en que la gestión del agua requiere coordinación permanente entre municipios, organismos provinciales, entidades agropecuarias y autoridades nacionales.

La problemática hidráulica fue definida como una cuestión colectiva, que atraviesa límites administrativos y exige acuerdos sobre el manejo de los excedentes, el mantenimiento de los canales y la construcción de obras.

También se insistió en la importancia de utilizar adecuadamente los recursos destinados al sistema hídrico y de garantizar que los fondos disponibles se traduzcan en trabajos concretos.

Entre las prioridades mencionadas estuvieron las obras en los canales San Emilio y Bella Vista, la prevención de inconvenientes en la Ruta Provincial 65, la atención de sectores de la Ruta Provincial 70 y la ejecución de mejoras en pasos de agua y caminos rurales.

Los representantes municipales remarcaron que las obras de gran escala son necesarias, pero que también deben atenderse las necesidades inmediatas para que los productores puedan circular, sacar la producción y sostener la actividad.

Un reclamo que busca convertirse en una agenda de trabajo

La reunión dejó planteada una coincidencia central: la emergencia hídrica de Nueve de Julio y su región no puede abordarse exclusivamente cuando el agua ya provoca daños.

El reclamo de Patricia Gorza por financiamiento, la propuesta de María José Gentile de elaborar un documento conjunto y los testimonios de los productores rurales pusieron en primer plano la necesidad de avanzar con obras, fortalecer la coordinación entre jurisdicciones y garantizar recursos para las intervenciones urgentes.

El desafío será traducir los compromisos y las propuestas en acciones concretas, con plazos, financiamiento y seguimiento sobre el territorio.

Para Nueve de Julio, donde todavía persisten dificultades en los caminos rurales y en distintos sectores del sistema de desagües, la preocupación pasa por llegar a los próximos meses con mayor capacidad de respuesta y sin repetir las consecuencias de la emergencia anterior.

La advertencia del sector agropecuario es clara: sin obras suficientes, planificación regional y recursos disponibles, la producción y las comunidades rurales seguirán expuestas a una situación que compromete tanto la infraestructura como la actividad económica de toda la región.