En una nueva edición del segmento de Derecho Preventivo, que se emite los lunes a las 9.30 por Despertate, a través de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el abogado Leandro Armani abordó un tema especialmente sensible dentro del ámbito judicial: la falsa denuncia y su eventual utilización como herramienta para perjudicar o tomar represalias contra otra persona.
Armani explicó que se trata de una problemática compleja, particularmente cuando las denuncias involucran hechos graves, como amenazas o delitos contra la integridad sexual. En esos casos, sostuvo, las investigaciones pueden presentar dificultades probatorias porque muchas veces se trata de situaciones ocurridas en ámbitos privados.
Sin embargo, el abogado hizo una aclaración central: que una denuncia no prospere, que sea desestimada o que una persona resulte absuelta no significa automáticamente que quien denunció haya cometido una falsa denuncia. Para determinar la existencia de un delito de estas características debe acreditarse que hubo una denuncia falsa y que se actuó con conocimiento de esa falsedad.
El costo de una denuncia que resulta falsa
Durante la entrevista, Armani puso el foco en las consecuencias que puede generar una denuncia falsa sobre la persona señalada.
Según explicó, una denuncia de estas características puede afectar diferentes aspectos de la vida del denunciado: su reputación, su actividad laboral, su situación económica, sus relaciones familiares y, especialmente, el vínculo con sus hijos.
En determinadas circunstancias, una persona denunciada puede quedar temporalmente apartada de su hogar o de sus hijos mientras avanza una investigación. Aun cuando posteriormente la acusación no se confirme, advirtió Armani, las consecuencias sociales y personales pueden resultar difíciles de revertir.
Por eso consideró fundamental que las investigaciones sean desarrolladas con rigor y que las autoridades judiciales analicen cada caso de manera individual, respetando las garantías constitucionales y la presunción de inocencia.
La Justicia no debe convertirse en una herramienta de venganza
Uno de los conceptos centrales planteados durante el segmento fue el riesgo de que el sistema judicial sea utilizado con una finalidad ajena a la búsqueda de justicia.
Armani señaló que una denuncia puede ser utilizada, en determinadas situaciones, como mecanismo de represalia frente a una separación, un conflicto personal, una disputa familiar o incluso una confrontación política.
En ese sentido, remarcó que activar el sistema judicial tiene consecuencias concretas, porque implica la intervención de fiscales, jueces, abogados, peritos y demás recursos del Estado.
“Cuando se utiliza la Justicia como una herramienta de represalia, no pierde solamente la Justicia: pierde toda la sociedad”, fue el eje de su planteo.
El impacto en las verdaderas víctimas
El abogado también advirtió sobre una consecuencia indirecta de las falsas denuncias: pueden terminar perjudicando a quienes realmente necesitan recurrir a la Justicia.
La difusión de casos de denuncias falsas puede generar temor en víctimas reales, que podrían sentirse desalentadas a denunciar por miedo a no ser creídas o a enfrentar consecuencias legales si su denuncia no logra ser probada.
Por eso, Armani planteó la necesidad de encontrar un equilibrio: investigar seriamente cada denuncia, proteger a quien pudiera ser víctima y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de la persona denunciada.
El artículo 245 y el debate sobre las penas
Durante el análisis también se hizo referencia al artículo 245 del Código Penal, vinculado con la falsa denuncia.
Armani sostuvo que la respuesta penal actualmente prevista resulta, a su criterio, insuficiente frente a las consecuencias que puede generar una denuncia falsa y señaló que existe un debate en torno a una eventual reforma del sistema penal y al establecimiento de nuevas figuras y escalas de penas.
En ese contexto, planteó además la necesidad de que cualquier reforma del Código Penal respete un criterio de proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción prevista.
Para el abogado, el debate no debería centrarse únicamente en aumentar las penas, sino también en lograr un sistema coherente y equilibrado.
Denuncia falsa, calumnias y otras responsabilidades
Armani explicó además que una situación de estas características puede tener diferentes vías de análisis jurídico.
En determinados casos puede existir una cuestión penal vinculada con la falsa denuncia y, dependiendo de las circunstancias, también pueden aparecer consecuencias en el ámbito civil por los daños ocasionados.
Asimismo, distinguió entre calumnias e injurias, señalando que la calumnia está vinculada con la atribución falsa de un delito a otra persona, mientras que la injuria se relaciona con expresiones que afectan su dignidad o reputación.
De esta manera, una misma situación puede generar diferentes consecuencias jurídicas, dependiendo de qué se haya dicho, ante quién, con qué finalidad y cuáles hayan sido sus efectos.
Un caso local bajo investigación
Durante la conversación también se hizo referencia a un caso actualmente en investigación en 9 de Julio, en el que estarían involucradas personas con exposición pública y en el que se habrían iniciado actuaciones tanto en el ámbito penal como civil.
Al tratarse de un proceso en curso, corresponde mantener la prudencia y evitar presentar como hechos comprobados circunstancias que todavía son materia de investigación.
El planteo de Armani apunta, justamente, a la necesidad de que cada denuncia sea investigada con seriedad, tanto para proteger a quien pudiera haber sido víctima como para evitar que una acusación falsa produzca daños irreparables sobre una persona inocente.
Presunción de inocencia y debido proceso
Hacia el final del segmento, el abogado insistió en la importancia de preservar las garantías que forman parte del debido proceso.
La presunción de inocencia, explicó, no debe ser entendida como un obstáculo para investigar, sino como una garantía fundamental que obliga a demostrar la responsabilidad de una persona antes de imponerle una condena.
En ese sentido, cuestionó aquellas situaciones en las que medidas cautelares pueden terminar siendo percibidas socialmente como una condena anticipada.
El debate, sostuvo, exige que el sistema judicial actúe con equilibrio: proteger a las víctimas reales, investigar las denuncias con seriedad y garantizar los derechos de quienes son acusados.
Derecho Preventivo: anticiparse al conflicto
El segmento de Derecho Preventivo busca precisamente acercar herramientas jurídicas a la comunidad para anticiparse a situaciones que, una vez producidas, pueden resultar mucho más difíciles de resolver.
En esta oportunidad, Leandro Armani puso sobre la mesa un tema delicado pero necesario: la responsabilidad que implica acudir a la Justicia y las consecuencias que puede generar una denuncia cuando se utiliza con una finalidad distinta de la búsqueda de protección y justicia.
La conclusión fue clara: una denuncia debe ser una herramienta para reclamar derechos y activar mecanismos de protección, no un instrumento de venganza.
Y, al mismo tiempo, frente a cada acusación, el Estado debe garantizar una investigación seria, objetiva y respetuosa de las garantías constitucionales.
Agencia MTR