Cada 10 de octubre, el mundo vuelve a poner en debate la pena de muerte y el papel de los Estados frente al derecho a la vida. La jornada busca visibilizar la situación de las personas condenadas, promover la abolición universal y recordar que, pese a los avances registrados durante las últimas décadas, la pena capital continúa vigente en distintos países.
La conmemoración de 2026 llega con cifras preocupantes. De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional, publicado en mayo, en 2025 se documentaron al menos 2.707 ejecuciones en todo el mundo, un 78% más que las 1.518 registradas en 2024. Las cifras corresponden a 17 países y no incluyen las miles de ejecuciones que la organización considera que podrían haberse realizado en China, donde la información oficial permanece bajo secreto.
El aumento refleja una realidad desigual: mientras numerosos Estados avanzaron hacia la abolición o limitaron el uso de la pena capital, un grupo reducido de países concentra las ejecuciones conocidas a nivel mundial.
Un avance internacional que convive con retrocesos
Los datos también muestran que la abolición continúa ganando terreno en el plano legal. Al finalizar 2025, 113 países habían eliminado la pena de muerte para todos los delitos, nueve la habían abolido para delitos comunes y 23 eran considerados abolicionistas en la práctica, aunque todavía la conservaban en sus legislaciones.
En conjunto, más de dos tercios de los países del mundo habían eliminado la pena capital por ley o habían dejado de aplicarla de manera sostenida.
Sin embargo, el aumento de las ejecuciones durante 2025 evidencia que esta tendencia no es irreversible. Amnistía Internacional advirtió sobre la persistencia de condenas y ejecuciones vinculadas con delitos relacionados con drogas, así como sobre los riesgos de procesos judiciales que no respetan las garantías fundamentales.
En ese escenario, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la aplicación de la pena de muerte plantea interrogantes sobre el derecho a la vida, la posibilidad de errores judiciales irreparables, la discriminación y las garantías de un juicio justo.
El debate sobre la pena capital y los derechos humanos
Uno de los principales argumentos contra la pena de muerte es que una ejecución impide corregir cualquier error judicial posterior. A diferencia de otras sanciones, sus consecuencias son irreversibles, incluso cuando aparecen nuevas pruebas o se demuestra que una condena fue injusta.
También existe preocupación por su aplicación desigual. Diversos organismos internacionales advierten que las personas en situación de vulnerabilidad económica y social, las minorías y quienes no cuentan con una defensa adecuada pueden enfrentar mayores riesgos dentro de sistemas judiciales que contemplan la pena capital.
Por ese motivo, el reclamo internacional no se limita a detener las ejecuciones inmediatas. También apunta a establecer moratorias, revisar las condenas existentes, garantizar procesos judiciales imparciales y avanzar hacia la eliminación definitiva de esta sanción.
En vísperas de la jornada, la Unión Europea y el Consejo de Europa renovaron su pedido a los países que todavía mantienen la pena de muerte para que suspendan las ejecuciones como primer paso hacia su abolición.
Argentina: la abolición y los compromisos internacionales
En Argentina, la pena de muerte no forma parte del sistema penal vigente. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece la abolición de la pena de muerte por causas políticas y prohíbe los tormentos y los azotes.
A ese marco se suman compromisos internacionales asumidos por el país. En 2008, mediante la Ley 26.380, Argentina aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Ese mismo año ratificó el protocolo correspondiente de las Naciones Unidas.
Estos instrumentos comprometen al Estado argentino con la abolición de la pena capital y forman parte de un marco de protección de los derechos humanos que trasciende las fronteras nacionales.
La situación argentina se inscribe en una tendencia regional e internacional que busca limitar el poder punitivo de los Estados y consolidar sistemas de justicia basados en las garantías constitucionales y el respeto por la dignidad humana.
Una fecha para renovar el compromiso
El Día Mundial contra la Pena de Muerte representa una oportunidad para evaluar los avances alcanzados y advertir sobre los retrocesos. La reducción del número de países que recurren a las ejecuciones constituye un cambio significativo, pero el incremento registrado en 2025 demuestra que la abolición universal todavía está lejos de concretarse.
El desafío para la comunidad internacional consiste en transformar los compromisos jurídicos y las declaraciones en medidas concretas: suspender las ejecuciones, garantizar juicios justos y eliminar la pena capital de las legislaciones que aún la contemplan.
En una fecha que pone en el centro el derecho a la vida, el debate vuelve a plantear una pregunta fundamental sobre los límites del castigo estatal y el modelo de justicia que las sociedades buscan construir.
Agencia MTR