La CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marcharán este jueves hacia las puertas del Ministerio de Economía para reclamar por el crecimiento del sobreendeudamiento familiar y la morosidad, una situación que, según las organizaciones convocantes, afecta a casi 6 millones de personas en la Argentina.

La movilización forma parte del plan de acción conjunto que las centrales sindicales y sociales vienen desarrollando desde junio para cuestionar las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y advertir sobre su impacto en los ingresos de los trabajadores, las familias y los sectores populares.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de la CGT, los dirigentes sindicales remarcaron que una parte importante del endeudamiento de los hogares no está vinculada con la compra de bienes o inversiones, sino con la necesidad de afrontar gastos básicos de la vida cotidiana, como alimentos, alquileres, servicios y medicamentos.

Las organizaciones denunciaron, además, que muchas familias recurren a créditos bancarios y a billeteras virtuales para cubrir esos gastos, en un contexto de tasas de interés elevadas que profundizan las dificultades para cancelar las deudas.

“Cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social”, afirmó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT. El dirigente sostuvo que la situación excede una problemática estrictamente económica y responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por una política que, según consideró, “pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo”.

En la misma línea, Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, aseguró que la crisis afecta tanto a quienes cuentan con un empleo formal como a quienes trabajan en la informalidad. Señaló que incluso entre los trabajadores registrados existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.

Desde la CTA Autónoma, su secretario general, Hugo Godoy, cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre el mercado laboral. Según afirmó, durante la actual gestión se destruyeron alrededor de 340.000 puestos de trabajo formales y unas 30.000 empresas continúan cerrando.

Godoy sostuvo que la movilización busca visibilizar no sólo el deterioro de los ingresos, sino también las consecuencias que tiene la situación económica sobre el conjunto del aparato productivo y sobre las condiciones de vida de la población.

Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en el rol de las mujeres trabajadoras y en las tareas de cuidado que se desarrollan en los barrios populares. En ese sentido, planteó quién sostiene a quienes deben endeudarse para garantizar la alimentación y el funcionamiento cotidiano de sus comunidades.

“La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”, afirmó Morales, quien consideró que el endeudamiento de las familias es consecuencia de decisiones económicas que, a su entender, benefician principalmente a los sectores de mayor poder económico.

Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, también diferenció entre el endeudamiento del Estado y el que atraviesan los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Advirtió que familias y empresarios deben recurrir al sistema financiero y a las billeteras virtuales para afrontar sus gastos, acumulando obligaciones que se vuelven cada vez más difíciles de cancelar.

Con la movilización de este jueves, las organizaciones sindicales y sociales buscan instalar el problema del endeudamiento familiar en la agenda pública y reclamar cambios en la orientación de la política económica. La protesta se inscribe, además, en el proceso de acciones conjuntas que las centrales vienen impulsando contra el ajuste, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo.