El médico José María Giuliodoro hizo uso de la Banca Ciudadana durante una sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, donde expuso su posición respecto del proyecto de ordenanza que busca regular la prestación de servicios de telemedicina en el distrito.
Durante su intervención, Giuliodoro aclaró desde el comienzo que su planteo no implica estar en contra de la tecnología ni de la telemedicina. Por el contrario, destacó el valor de las herramientas digitales para la interconsulta entre profesionales y sostuvo que estas modalidades pueden contribuir a mejorar la atención sanitaria cuando se utilizan como complemento de la medicina presencial.
“No estamos en contra de la telemedicina ni tampoco estamos en contra de nuestra querida cooperativa”, señaló, al tiempo que diferenció el uso profesional de la tecnología de la comercialización directa de consultas virtuales sin reglas específicas.
Matriculación y control profesional
Uno de los principales ejes de su exposición estuvo relacionado con la matriculación de los profesionales que brindan atención virtual.
Giuliodor defendió que los médicos que atiendan a vecinos del distrito a través de plataformas de telemedicina deban estar matriculados ante el Colegio Médico correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, este requisito permitiría garantizar que quien se encuentra detrás de una pantalla sea efectivamente un profesional habilitado para ejercer la medicina y que, ante una eventual mala praxis, exista un organismo profesional que pueda intervenir.
“Esto es identidad, seguridad y justicia para los pacientes”, sostuvo.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre la posibilidad de que un vecino acceda durante la madrugada a una consulta virtual sin contar con herramientas suficientes para conocer quién es realmente el profesional que lo está atendiendo, cuál es su especialidad o si se encuentra habilitado para ejercer.
Para Giuliodor, la regulación no representa una defensa corporativa de los médicos locales, sino una herramienta destinada a proteger a los pacientes y garantizar mecanismos de responsabilidad profesional.
La responsabilidad de las instituciones locales
Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con la participación de instituciones locales en la comercialización de servicios de telemedicina.
El médico hizo referencia a la posibilidad de que estos servicios sean ofrecidos y cobrados a través de la cooperativa local, y advirtió sobre las eventuales responsabilidades que podrían recaer sobre las instituciones que intervengan en la prestación.
En ese marco, respaldó los artículos del proyecto que plantean la necesidad de que las plataformas cuenten con seguros de responsabilidad civil y mala praxis, además de establecer un domicilio legal que permita determinar responsabilidades ante eventuales conflictos.
“Al exigir que estas plataformas presenten una póliza de seguro de responsabilidad civil, de mala praxis institucional, y que tengan un domicilio legal, no estamos atacando a nuestra querida cooperativa. Al contrario, le estamos dando un escudo legal”, argumentó.
“La pantalla no resuelve todo”
Giuliodor también puso el foco en los límites de la atención médica virtual y sostuvo que determinadas situaciones requieren necesariamente de una evaluación presencial.
En ese sentido, respaldó la prohibición de utilizar la telemedicina como reemplazo de las guardias presenciales.
“Un apendicitis no se palpa por Zoom, un infarto no se oSculta por videollamada”, expresó durante su intervención.
Para el profesional, la tecnología debe funcionar como una herramienta complementaria y no como un sustituto del vínculo médico-paciente ni de las estructuras sanitarias existentes en el distrito.
Recursos para las localidades
Hacia el final de su exposición, el médico vinculó la regulación de las plataformas de telemedicina con la necesidad de fortalecer el sistema sanitario de las localidades del distrito.
En particular, se refirió al Fondo de Fortalecimiento Sanitario Rural, contemplado en el proyecto, y defendió que las empresas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con la salud dentro del distrito realicen un aporte que permita generar recursos para las salas de las localidades y para el sostenimiento de profesionales médicos en los pueblos.
“Estas empresas no pagan ninguna tasa. Cualquier vecino, el quiosco, el zapatero, pagan tasa. Esta empresa entra y no paga ninguna tasa”, cuestionó.
En su planteo, Giuliodor sostuvo que parte de la rentabilidad generada por estas plataformas debería regresar a la comunidad a través del fortalecimiento de la infraestructura y de los servicios sanitarios locales.
Un llamado a regular la innovación
Como cierre, el médico insistió en que el objetivo de la ordenanza no es frenar la incorporación de nuevas tecnologías, sino establecer condiciones claras para su funcionamiento.
“Bienvenidos al Nueve de Julio, pero aquí van a trabajar con médicos de verdad, verificados por nuestro Colegio Médico, con seguro de mala praxis, protegiendo a nuestra cooperativa y dejando recursos para nuestras salas rurales”, afirmó.
Finalmente, el médico sostuvo que la discusión excede el funcionamiento de una determinada plataforma y que tiene como eje central la protección de los vecinos.
“La salud es un derecho y hoy, con su voto, ustedes tienen la obligación de protegerla”, concluyó.
Tras su exposición, se dio por finalizado el uso de la Banca Ciudadana, alrededor de las 18.49, y desde el Concejo Deliberante se agradeció su participación.
Agencia MTR