La Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Gobierno nacional realizar de manera inmediata y urgente la reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el sur de Santa Fe, y advirtió que el deterioro de esas vías representa un riesgo concreto para la seguridad y otros derechos fundamentales de quienes las utilizan diariamente.
La resolución, firmada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, alcanza al departamento General López y podría convertirse en un antecedente de peso frente al deterioro que atraviesan numerosas rutas nacionales en distintos puntos del país. El magistrado sostuvo que, ante la falta de mantenimiento, el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar la transitabilidad, ya sea mediante Vialidad Nacional, otros organismos competentes o incluso empresas concesionarias.
En una sentencia de más de 50 páginas, el juez describió el intenso tránsito que soportan las rutas y el actual estado de deterioro, además de repasar las distintas denuncias y reclamos formulados durante los últimos años. Según el fallo, la falta prolongada de tareas de conservación y mantenimiento constituye una conducta que puede calificarse como de “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La situación de las rutas 7, 8 y 33 es particularmente sensible para el sur santafesino. Las vías son utilizadas cotidianamente por vecinos de numerosas localidades para trasladarse hacia escuelas, hospitales, lugares de trabajo y centros urbanos.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio, impulsora del amparo, describió el estado de las rutas como una situación de extrema gravedad. Según planteó, el deterioro llegó a tal punto que los habitantes de la zona sienten que circular por ellas implica exponerse permanentemente a accidentes.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentra incluso la falta de corte de pastos en las banquinas. La vegetación llegó a cubrir guardarraíles y cartelería, reduciendo la visibilidad y aumentando los riesgos para los conductores.
A esto se suma el incremento de los accidentes y las víctimas fatales denunciado por vecinos y autoridades. Las rutas tienen además una importancia estratégica para la economía regional: siete provincias utilizan ese corredor para trasladar producción hacia el puerto de Rosario. Durante la época de cosecha, el tránsito puede alcanzar los 15.000 camiones diarios.
La Justicia ya había dictado anteriormente una medida cautelar que ordenaba realizar tareas de bacheo. Nación comenzó con esos trabajos, pero las obras no llegaron a completarse.
El fallo se produce en paralelo con una fuerte controversia por el destino de los recursos recaudados específicamente para obras y mantenimiento vial.
La polémica creció luego de declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien reconoció que una parte de los recursos recaudados mediante impuestos vinculados al sistema vial es destinada a Vialidad, mientras que otra queda a disposición del Ministerio de Economía como parte de la estrategia oficial para sostener el equilibrio fiscal.
La afirmación coincide con información obtenida previamente por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) mediante un pedido de acceso a la información pública.
Según la denuncia del gremio, durante los últimos dos años y medio el Estado habría recaudado más de 1,5 billones de pesos mediante un impuesto específico destinado a rutas y obras viales, pero habría ejecutado solamente una cuarta parte. El sindicato sostiene además que más de un billón de pesos fueron colocados en plazos fijos y títulos públicos.
Ante esa situación, STVyARA presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con patrocinio del abogado Eduardo Barcesat. A esa presentación se sumó posteriormente una denuncia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz por presunta malversación de fondos públicos destinados al Sistema Vial Integrado.
La secretaria general del sindicato, Graciela Aleña, cuestionó duramente la utilización de los recursos y sostuvo que el dinero destinado al mantenimiento de las rutas no debería utilizarse para mejorar las cuentas fiscales del Estado.
Las declaraciones del Gobierno fueron interpretadas por los denunciantes como una confirmación de una situación que ya venían señalando desde hacía meses.
Ravier sostuvo que una parte de los recursos va a Vialidad y que otra es administrada por Economía para contribuir al equilibrio fiscal. Posteriormente, al referirse al estado de las rutas, defendió la estrategia oficial y argumentó que el Gobierno recibió una situación fiscal extremadamente compleja.
Desde el Ejecutivo remarcan que la administración recibió un elevado déficit fiscal y cuasifiscal y que la disponibilidad de recursos para infraestructura debe analizarse dentro de ese escenario.
Los cuestionamientos, sin embargo, apuntan a que determinados fondos tienen una asignación específica y que, por lo tanto, no podrían ser utilizados discrecionalmente para otros objetivos.
Di Gregorio aseguró que Santa Fe realizó aportes millonarios a través de esos tributos y cuestionó que, pese a la recaudación, las rutas nacionales de la provincia continúen sin recibir las obras necesarias.
La situación de Vialidad Nacional
El conflicto también alcanza al funcionamiento interno de Vialidad Nacional.
Desde STVyARA denunciaron que recientemente se instruyó a los distintos distritos provinciales a devolver a la administración central los fondos que eventualmente tengan disponibles para gastos de funcionamiento. De acuerdo con el gremio, esos recursos deberían luego ser solicitados nuevamente para atender necesidades específicas vinculadas con combustibles, viáticos y servicios.
La medida, sostienen, podría dificultar la respuesta inmediata ante problemas operativos, especialmente cuando se requiere reparar maquinaria o adquirir repuestos.
Para Aleña, esta modalidad profundiza el proceso de centralización y debilitamiento de los distritos de Vialidad Nacional. El sindicato advierte que el organismo pierde capacidad de respuesta justamente cuando las rutas requieren mayores niveles de mantenimiento.
Un fallo que puede marcar un precedente
La resolución del juez Cuello Murúa coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad del Estado nacional sobre la red vial.
El magistrado dejó en claro que la obligación de garantizar condiciones adecuadas de circulación no desaparece por razones presupuestarias ni por la modalidad elegida para ejecutar las obras. La reparación puede quedar en manos de Vialidad, de otro organismo o de una concesionaria, pero la responsabilidad estatal permanece.
En el sur de Santa Fe, donde el deterioro de las rutas convive con un intenso tránsito productivo y con el desplazamiento diario de miles de personas, la decisión judicial representa un reclamo concreto para que las obras pasen de las promesas a la ejecución.
Al mismo tiempo, las denuncias por el destino de los fondos viales abren otra discusión: si los recursos recaudados específicamente para mantener y mejorar las rutas están siendo utilizados para otros fines, la Justicia deberá determinar si existió una utilización ilegal de fondos públicos.
Mientras tanto, la sentencia federal dejó una advertencia contundente: frente a rutas que representan un peligro para quienes las transitan, el Estado nacional no puede desentenderse de su obligación de garantizar su reparación y conservación.
Agencia MTR