Un Decreto de Necesidad y Urgencia incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros que inciten a la violencia contra argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida, según el Ejecutivo, busca reforzar la protección del orden público y la convivencia social.

El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria al incorporar nuevas causales que permitirán impedir el ingreso al país o expulsar a ciudadanos extranjeros que promuevan discursos de odio contra los argentinos o participen en actos considerados de ultraje a los símbolos patrios.

La modificación fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que introduce cambios en la Ley de Migraciones N.º 25.871. La nueva normativa suma estas conductas tanto a los impedimentos para ingresar al territorio nacional como a las causales de cancelación de la residencia.

La decisión fue anticipada por la Oficina de la Presidencia a través de una publicación en la red social X, donde se informó que el presidente Javier Milei firmó el decreto con el objetivo de incorporar como causal de prohibición de ingreso y expulsión del país a todo extranjero que “dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad”, así como a quienes incurran en actos de ultraje a los símbolos patrios.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde a recientes manifestaciones de hostilidad contra la Argentina y sus ciudadanos, y remarcaron que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”.

Alcances del decreto

Con la entrada en vigencia del DNU, no podrán ingresar ni permanecer en el país aquellas personas extranjeras que hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, promovido la violencia contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos nacionales o fomentado cualquiera de estas conductas.

Además, la norma modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para facultar a la autoridad migratoria a cancelar la residencia y disponer la intimación para abandonar el país o la expulsión, según las circunstancias particulares de cada caso.

Los fundamentos oficiales

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia la inmigración, el Estado conserva la potestad soberana de fijar las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros con el propósito de resguardar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

Asimismo, argumenta que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, situación que, a criterio del Ejecutivo, justifica fortalecer las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas.

El texto también destaca que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial frente a actos de ultraje.

Libertad de expresión

El decreto aclara que las nuevas disposiciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas cuando constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.

En ese sentido, el Gobierno sostiene que la medida reglamenta el ejercicio de la libertad de expresión y cita como respaldo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que admite restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.