El presidente de la Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, renovó sus reclamos por el estado de la infraestructura vial y confirmó que presentó notas ante el Congreso de la Nación, la Legislatura bonaerense, Vialidad Provincial y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para exigir respuestas frente al deterioro de las rutas y el nuevo esquema de concesiones de peaje.
Durante una entrevista en el programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Zavaleta explicó que solicitó la intervención del defensor del pueblo bonaerense para que impulse una acción colectiva contra el cobro de peajes en rutas que, según sostuvo, serán concesionadas sin que previamente se ejecuten obras de infraestructura.
“Se pretende que las concesionarias continúen cobrando peajes e incluso sumen nuevas cabinas sin haber realizado ningún tipo de obra. Las mejoras se financiarían con el dinero que aportan los propios usuarios”, cuestionó.
En ese sentido, consideró que resulta “un despropósito” que rutas construidas con fondos públicos sean entregadas a operadores privados para que realicen trabajos financiados con el cobro de peajes. Si bien afirmó que el caso podría derivar en una denuncia penal, señaló que optó por acudir a la Defensoría del Pueblo para impulsar una acción institucional.
Respecto del estado de la red vial, Zavaleta volvió a poner el foco sobre la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 65, dos corredores que calificó como prioritarios por su importancia para el transporte de la producción agropecuaria y el tránsito de cargas.
En particular, señaló el deterioro del tramo de la Ruta 33 entre Bahía Blanca y Trenque Lauquen, y de la Ruta 65 entre Guaminí y Bolívar, donde describió un estado “deplorable” de la calzada.
Además, recordó que sobre la Ruta 33 permanece colapsado un puente desde marzo de 2025, situación que obliga a utilizar un puente alternativo o un desvío de tierra que, durante las lluvias, genera importantes complicaciones para el tránsito de camiones y vehículos particulares.
“Se trata de una vía estratégica para el Mercosur, con un tránsito permanente de transporte de cargas que conecta el norte argentino, Brasil y Paraguay con los puertos y pasos fronterizos hacia Chile”, explicó.
El dirigente sostuvo que decidió concentrar los reclamos en tramos específicos para evitar que la problemática se diluya dentro del deterioro generalizado de la red vial argentina.
Asimismo, reclamó una mayor participación de legisladores nacionales y provinciales para exigir los recursos destinados al mantenimiento de las rutas y afirmó que la seguridad vial debe convertirse en una verdadera política de Estado.
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional modifique su política en materia de infraestructura vial con los recientes cambios en el gabinete, Zavaleta se mostró escéptico. Si bien reconoció que algunos funcionarios son accesibles al diálogo, sostuvo que las decisiones “se toman en otro ámbito” y expresó sus dudas respecto de que exista margen para impulsar cambios de fondo.
Finalmente, remarcó que el deterioro de las rutas impacta directamente sobre la producción, el transporte, el turismo y, principalmente, sobre la seguridad de quienes circulan diariamente, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para revertir la situación.
Privatización de rutas obras y cobro peaje
Agencia MTR