La discusión por el polémico esquema que impulsa el Gobierno para aliviar la deuda de las distribuidoras eléctricas privadas con Cammesa sumó un nuevo frente de conflicto en el Congreso: las cooperativas eléctricas del interior bonaerense advirtieron que ellas también tienen derecho a reclamar los denominados “activos regulatorios” y que ya cuentan con antecedentes judiciales favorables.
La controversia se metió de lleno en el debate parlamentario del proyecto de “medidas energéticas” defendido esta semana por la secretaria de Energía, María Tettamanti, quien intentó justificar uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa oficial: permitir que las distribuidoras descuenten de sus deudas con Cammesa los ingresos que, según sostienen, dejaron de percibir durante años de tarifas congeladas.
El argumento oficial sostiene que durante casi dos décadas las empresas operaron con tarifas atrasadas, ingresos insuficientes y costos crecientes, lo que derivó en una deuda acumulada con la administradora del mercado eléctrico mayorista que hoy asciende a USD 1.842 millones.
Según datos enviados por la Jefatura de Gabinete al Congreso, el 69% de esa deuda está concentrada en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista de deudores la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa —todas controladas por el Grupo DESA— con USD 474 millones acumulados.
El proyecto oficial propone que esas compañías compensen parte de sus pasivos con supuestos créditos por “activos regulatorios”, es decir, ingresos no percibidos durante los años en que las tarifas estuvieron congeladas. A cambio, las empresas deberían renunciar a futuros litigios contra el Estado.
Sin embargo, ese mismo argumento ya fue utilizado por cooperativas eléctricas del interior para reclamar igualdad de trato. Las cooperativas de Nueve de Julio, Villa Gesell y Tres Arroyos iniciaron acciones judiciales bajo la misma lógica: sostienen que también acumularon pérdidas por la falta de actualización tarifaria y que el Estado debe reconocer esos activos.
El dato que ahora genera preocupación en el Congreso es que esas cooperativas ya obtuvieron dos fallos favorables en la Justicia, lo que podría abrir un precedente complejo para el Estado si avanza con un esquema de reconocimiento selectivo solo para grandes distribuidoras privadas.
Diputados de distintos bloques comenzaron a plantear que, si el Gobierno reconoce esos créditos para empresas como Edenor y Edesur, podría enfrentar una ola de reclamos similares de cooperativas y distribuidoras del interior.
La discusión también revive antecedentes sensibles. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría cuestionó acuerdos firmados durante la gestión del ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui por presuntas irregularidades en la valuación de esos activos regulatorios.
Según esa revisión, algunos cálculos terminaban beneficiando artificialmente a empresas deudoras hasta convertirlas en acreedoras del Estado.
Ahora, mientras el Gobierno de Javier Milei intenta avanzar con una nueva normalización tarifaria, el expediente volvió al centro de la escena política.
Y en el Congreso ya advierten que el problema puede ser mucho mayor que un simple perdón de deuda: si la Justicia consolida el criterio impulsado por las cooperativas, el costo fiscal podría multiplicarse muy por encima de los USD 1.842 millones que hoy están en discusión.
Agencia MTR