El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de reducir aproximadamente un 20% de su planta laboral, que actualmente cuenta con cerca de 5.900 empleados.
La medida quedó formalizada a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich. La iniciativa se enmarca en el proceso de ajuste y reestructuración del Estado que viene llevando adelante la gestión de Javier Milei desde su llegada al poder.
Desde el propio organismo señalaron que la meta es recortar cerca de 1.000 puestos de trabajo. Para incentivar la adhesión, el INTA incluso puso a disposición de sus trabajadores un simulador que permite calcular el monto estimado que recibiría cada empleado en caso de adherirse al programa.
El régimen estará disponible hasta el próximo 31 de mayo, aunque la normativa establece que podrá extenderse por única vez durante 15 días adicionales si así lo determina el organismo.
El programa está destinado exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en la Ley Nº 25.164 y en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
La compensación económica será calculada tomando como base los haberes liquidados en enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Además, se incorporó al cálculo un incremento salarial acumulado del 10,30%.
Según lo dispuesto por la resolución, quienes adhieran recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a un salario y medio bruto por cada año trabajado —o fracción superior a tres meses— dentro de la Administración Pública Nacional como personal permanente.
El esquema también establece límites de pago de acuerdo con la edad del trabajador:
- Hasta los 60 años: sin tope.
- Entre 61 y 63 años: máximo de 24 salarios brutos.
- Desde los 64 años: tope de 12 salarios brutos.
Desde el Ejecutivo consideran que esta herramienta permitirá avanzar en la reducción de personal sin recurrir inicialmente a despidos masivos.
La situación dentro del INTA arrastra tensión desde fines de 2024, cuando el Gobierno ya había intentado reducir la estructura del organismo mediante un primer programa de retiro voluntario.
En esa oportunidad, la convocatoria consiguió apenas unas 300 adhesiones sobre una planta que entonces superaba los 6.000 trabajadores, muy por debajo de las expectativas oficiales.
Tras ese resultado, el Ejecutivo avanzó con un plan de cesantías, pero la Justicia intervino y frenó la medida. En agosto de 2025, un juzgado federal de San Martín suspendió cerca de 300 despidos que estaban previstos.
Más recientemente, en abril de este año, el Consejo Directivo del INTA aprobó el cierre de 14 dependencias ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en línea con el plan de reestructuración que impulsa el Gobierno nacional.
Mientras tanto, gremios y trabajadores mantienen su preocupación por el futuro del organismo, considerado clave para el desarrollo tecnológico y productivo del sector agropecuario argentino.
Agencia MTR