El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, denunció presuntas irregularidades en el proceso de licitación de rutas nacionales impulsado por la administración de Javier Milei. La principal acusación apunta a cambios de último momento en los pliegos que, según sostienen, habrían sido introducidos para impedir la participación de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).
La denuncia fue presentada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien confirmó que la Provincia envió una nota formal al Ministerio de Economía solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacional como provincial, para garantizar la transparencia del proceso.
“Pretendemos que hagan de veedores y participen en todo el proceso de selección”, afirmó Katopodis en conferencia de prensa. El funcionario remarcó que, a pocos días del cierre de ofertas, se modificaron 33 artículos del pliego licitatorio, alterando las condiciones originales. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada. Todos esos cambios desvirtúan el proceso”, cuestionó.
La situación genera especial preocupación en el Ejecutivo bonaerense, ya que Aubasa se había postulado para administrar tres tramos clave de rutas nacionales, incluyendo la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y corredores estratégicos como las rutas 3, 205 y 226.
Desde la Provincia sostienen que las modificaciones introducidas afectan la competencia y podrían abrir la puerta a arbitrariedades en la adjudicación. En ese sentido, Katopodis no descartó que detrás del proceso exista la intención de favorecer intereses privados: “Puede haber un negociado con la adjudicación de estas concesiones”.
El ministro también advirtió sobre el modelo que podría surgir de la privatización de los corredores viales. Según señaló, existe “una clara intención de recaudar más” mediante el aumento de peajes y la incorporación de nuevos puntos de cobro. En contraposición, defendió el rol de Aubasa, a la que calificó como una empresa “superavitaria” que reinvierte la totalidad de sus ingresos en obras y mantenimiento.
El conflicto se enmarca en el avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), mediante la cual el Gobierno nacional busca privatizar cerca de 9.000 kilómetros de rutas. En particular, la Etapa II del plan —oficializada a través de la Resolución 1843/2025— contempla la concesión de casi 1.900 kilómetros de corredores viales, varios de ellos en territorio bonaerense.
La licitación, de carácter nacional e internacional, incluye la construcción, explotación, mantenimiento y ampliación de rutas, así como la prestación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.
En este contexto, Aubasa formalizó su oferta a principios de marzo para competir por los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. Actualmente, el proceso de evaluación continúa en marcha, con al menos diez oferentes en carrera.
La disputa suma tensión política entre Nación y Provincia en torno al futuro de la infraestructura vial y el rol del Estado en su gestión.
Agencia MTR