La posible eliminación del cajero automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de La Niña generó preocupación entre vecinos y autoridades, quienes advierten sobre el impacto que tendría la medida en la vida cotidiana de la comunidad.
A partir de versiones difundidas sobre el cierre del servicio, se presentó un pedido de resolución ante el Concejo Deliberante con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio. Lo hizo el bloque de La Libertad Avanza quien señala en el pedido que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione de manera urgente ante el Gobierno bonaerense la revocación de la decisión.
Desde el cuerpo legislativo remarcaron que, si bien muchas operaciones económicas se han digitalizado en los últimos años, en localidades del interior como La Niña el acceso a servicios bancarios presenciales continúa siendo fundamental.
La comunidad se encuentra a unos 40 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de Nueve de Julio, y las condiciones climáticas suelen dificultar el traslado, lo que agrava la situación.
Además, señalaron que ante la ausencia de sucursales bancarias en la zona, el cajero automático cumple un rol clave para que los habitantes puedan cobrar salarios, jubilaciones y pensiones, así como realizar operaciones básicas. Entre los principales usuarios se encuentran docentes, trabajadores rurales, empleados y adultos mayores.
En este sentido, también se destacó que muchas personas, especialmente de mayor edad, no utilizan herramientas digitales para operar con el sistema financiero, por lo que dependen del efectivo y de la accesibilidad de los cajeros automáticos.
“El Estado debe estar presente en estas localidades, garantizando servicios esenciales que permitan la inclusión financiera y el desarrollo de la vida cotidiana”, sostiene el proyecto.
El pedido de resolución establece, además, que el Departamento Ejecutivo informe posteriormente al Concejo Deliberante sobre las gestiones realizadas y las respuestas obtenidas por parte de las autoridades provinciales.
La situación abre un nuevo debate sobre la equidad en el acceso a servicios financieros en zonas rurales y el rol de las entidades públicas en garantizar derechos básicos para todos los ciudadanos.
Agencia MTR