En el marco de la reciente sesión del Concejo Deliberante de este jueves, jubilados municipales volvieron a manifestar su preocupación por el retraso en la actualización de sus haberes. En representación del sector, Dolores Apraiz explicó que el reclamo surge a partir de una ordenanza aprobada a fines de diciembre de 2025, cuya implementación continúa generando consecuencias negativas en los ingresos de los pasivos.
Según detalló, aquella normativa fue votada “a las apuradas” junto con el presupuesto anual, sin dejar en claro la pauta salarial con la que se iniciaría el 2026. Esta situación derivó en una nueva modificación tratada sobre tabla – esta noche-, que tampoco resuelve de fondo el problema de los jubilados.
Apraiz señaló que los haberes permanecen congelados desde diciembre 2025 y que, en el mejor de los escenarios, recién a fines de mayo podrían percibir un incremento cercano al 2%, en el marco de un acumulado del 8% correspondiente al año pasado. Sin embargo, advirtió que ese ajuste ya quedó por debajo de la inflación, que ronda niveles similares solo hasta marzo y continúa en aumento.
“El último incremento lo cobramos a principios de diciembre de 2025″, resaltó a Cadena Nueve para añadir que “ya pasaron cuatro meses y la situación es cada vez más complicada”, expresó. Actualmente, indicó, hay jubilados y pensionados que perciben ingresos mensuales de entre 250 mil y 300 mil pesos, lo que agrava su situación económica.
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con el impacto de los bonos no remunerativos otorgados a los trabajadores activos. Apraiz explicó que estas sumas, al no incorporarse al salario básico, no son tenidas en cuenta para los aportes jubilatorios, lo que termina perjudicando directamente a los pasivos.
“Esto empobrece al trabajador activo y mucho más a quienes ya estamos jubilados, después de más de 35 años de servicio”, sostuvo. Además, remarcó que el sector no cuenta con espacios formales de participación, como mesas salariales, lo que los obliga a visibilizar sus demandas mediante la presencia en las sesiones y la opinión pública.
En cuanto a los plazos, explicó que mientras los trabajadores activos comenzarían a regularizar su situación a partir de abril, los jubilados dependen de los tiempos del Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene hasta 60 días para efectivizar los pagos. Incluso en caso de acortarse ese plazo, el impacto sería tardío.
Finalmente, Apraiz advirtió sobre la delicada situación financiera del organismo previsional, que arrastra un fuerte déficit, y reiteró la necesidad de revisar las políticas salariales municipales para evitar que continúe deteriorándose el poder adquisitivo de los jubilados.
Agencia MTR