Un informe académico advierte sobre el uso intensivo de Decretos del Ejecutivo debilitando el control legislativo

Desde el inicio del receso legislativo, el 1 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional dictó once Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una cifra que iguala la cantidad de leyes promulgadas por el Congreso durante todo el período ordinario de sesiones de 2025. El dato surge de un informe del Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral y vuelve a poner en el centro del debate la creciente centralidad del Presidente en la función legislativa, así como los desafíos pendientes en materia de control parlamentario.

El último de estos decretos, el DNU 88/2026, publicado el viernes 6 de febrero, dispuso el inicio del proceso de disolución y liquidación del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad.

Según el relevamiento del ODCL, los once DNU dictados durante el receso abordan materias de alta relevancia institucional, económica y social, entre ellas la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional, la prórroga de la emergencia sanitaria, cambios en el régimen energético, aduanero y militar, la reestructuración de obras sociales de las fuerzas armadas y de seguridad, y la declaración de emergencias ígneas en varias provincias del país.

Entre los decretos más significativos se destacan el DNU 941/2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional; el DNU 942/2025, que prorrogó la emergencia sanitaria hasta fines de 2026 y reestructuró el Ministerio de Salud; el DNU 26/2026, que introdujo cambios en el Plan Gas.Ar y en el esquema de precios y subsidios; y el DNU 49/2026, que extendió la emergencia del sector energético hasta 2027. A ellos se suman los decretos que declararon la emergencia ígnea en distintas provincias patagónicas y pampeanas, y el DNU 17/2026, mediante el cual el Presidente se autoautorizó a realizar viajes oficiales al exterior.

El informe subraya que, en el mismo período en el que se dictaron estos once DNU —durante el receso legislativo— el Congreso había sancionado once leyes a lo largo de todo el período ordinario de sesiones 2025, comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. En total, durante el año 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó apenas 13 leyes, lo que refuerza el diagnóstico sobre la concentración de la iniciativa normativa en el Poder Ejecutivo.

El desafío institucional

La Constitución Nacional habilita el uso de los DNU únicamente en situaciones excepcionales y establece un sistema de control posterior a cargo del Congreso. Sin embargo, desde el ODCL advierten que la frecuencia y acumulación de decretos vuelve urgente una revisión del marco normativo vigente.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, que regula el alcance y el control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, señaló Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Desde el Observatorio de la Universidad Austral remarcan que el monitoreo permanente del uso de los DNU resulta clave para preservar el equilibrio entre poderes y fortalecer la transparencia y la calidad institucional, pilares fundamentales de una democracia constitucional madura.

Comparativo: Legislación sancionada y DNU dictados