En el marco de las sesiones extraordinarias de febrero, el Gobierno Nacional busca modificar la Ley de Glaciares (N° 26.639) para otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios, lo que ha generado un intenso debate en el seno político y científico. La iniciativa, que tiene como telón de fondo la explotación minera e hidrocarburífera, ha sido cuestionada por expertos que advierten que podría vulnerar el principio de no regresión ambiental y debilitar la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es considerada un ejemplo a nivel mundial por su nivel de protección de los cuerpos de hielo. Según la doctora Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET, “cualquier modificación que se haga a la ley no puede retroceder respecto a la protección. No debiera desprotegerse lo que ya está protegido”.
El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), registra actualmente 16 mil cuerpos de hielo protegidos. Sin embargo, el proyecto de modificación del Gobierno sostiene que los equipos técnicos provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario, lo que ha generado preocupación entre los expertos. La Constitución Nacional establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, pero la Nación fija los presupuestos mínimos de protección ambiental. La Ley de Glaciares establece justamente ese límite, y cualquier modificación debe respetar ese equilibrio.
Agencia MTR