Un megaoperativo de la Policía Bonaerense sacudió este viernes el oeste del conurbano bonaerense. Bajo la orden del juez federal Jorge Rodríguez, efectivos de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones realizaron 14 allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de ocho sospechosos, entre ellos Miguel Antonio A., alias “El Gordo”, presunto líder de una organización delictiva dedicada al acopio, fundición y exportación clandestina de metales robados.
El botín hallado es impactante: más de 123 mil kilos de material metálico, incluidos 95 toneladas de cables robados a Edenor, valuados en cerca de un millón de dólares, junto con cobre, aluminio y hasta monedas de curso legal. Las autoridades también incautaron casi diez millones de pesos en efectivo.
“El Gordo”, señalado como el cerebro del operativo, operaba una metalera ubicada estratégicamente junto a una iglesia evangélica en la calle Carlos Casares, en Rafael Castillo. Aunque estaba registrado como comerciante de chatarra ante la ex AFIP, su verdadera actividad escondía un sistema de procesamiento industrial: hornos de fundición, máquinas compactadoras y operarios con indumentaria técnica trabajaban con precisión casi empresarial.
Según fuentes de la investigación, el esquema comenzaba con robos planificados por falsos operarios de empresas energéticas o telefónicas, que sustraían cables y componentes metálicos en distintas localidades del AMBA y La Plata. El material era luego distribuido en pequeños centros de acopio y trasladado a fundidoras mayores, donde se lo compactaba en lingotes y se preparaba para su exportación ilegal a países limítrofes, aprovechando la creciente demanda internacional de cobre y bronce.
La modalidad no es nueva. En 2024, un operativo de Gendarmería Nacional interceptó en Corrientes un camión con 28 toneladas de cobre con destino a Puerto Iguazú. Y en Rosario, un allanamiento a una chatarrería reveló un depósito con más de 2.300 kilos de cobre, armas, autopartes robadas y dinero en efectivo por cifras millonarias.
El caso de “El Gordo” marca un punto de inflexión en el abordaje del robo de metales. De ser considerado un delito menor o “de supervivencia”, pasó a insertarse en redes del crimen organizado con capacidad logística, financiera y tecnológica. Las consecuencias no son solo económicas: los robos de cables han causado cortes de luz, accidentes y hasta muertes.
El expediente judicial está aún en etapa inicial, pero los investigadores creen que esta es solo una parte de un negocio mucho más amplio, cuya ruta ya no se limita al conurbano, sino que se extiende por el país y cruza fronteras.
Agencia MTR