En una entrevista en Máxima en Cadena Nueve y Máxima 89.9, el abogado y presidente del bloque PRO, César García, se refirió con dureza a la resolución de la Asesoría General de Gobierno que reafirma el criterio expresado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia: no hubo incompatibilidad en el accionar de la concejala María Inés Ormaechea, suspendida meses atrás por mayoría en el Concejo Deliberante.
García sostuvo que la medida fue “una aberración jurídica” y señaló que el dictamen reafirma lo que su espacio político había denunciado desde el principio: “Se trató de una clara persecución política. Lo advertimos en el recinto, pedimos el voto nominal para que quedara claro quiénes apoyaban esta ilegalidad, y lamentablemente se consumó un acto fuera de todo procedimiento”.
El concejal del PRO criticó a los sectores que “ningunearon” el primer dictamen del Tribunal de Cuentas, señalando que incluso desde el bloque libertario se minimizó su peso “porque no era vinculante”. Ahora, con el respaldo del órgano legal de la Provincia, García remarcó: “Ambos dictámenes son contundentes. Dicen lo mismo: se apartaron de la ley. Si se tratara de funcionarios comunes, esto ya estaría en la Justicia Penal”.
El dirigente no descartó la posibilidad de denuncias penales por abuso de poder o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y agregó que Ormaechea “tiene todo el derecho a accionar por la vulneración de garantías básicas y el daño moral que sufrió junto a su familia”.
En cuanto al procedimiento, García explicó que la suspensión debió haberse dado —en caso de corresponder— solo en el marco de un sumario administrativo o ante una imputación penal con detención, algo que no ocurrió. “Aquí no había contrato en vigencia entre la empresa en cuestión y el municipio. Ni siquiera eso existía. El argumento del posible tráfico de influencias carece totalmente de fundamentos legales y fácticos”, detalló.
La discusión derivó también en un análisis político más amplio. García alertó sobre el uso de mecanismos institucionales con fines facciosos: “Por suerte se frenó a tiempo, pero si esto avanzaba, dejábamos un precedente nefasto: que una mayoría circunstancial puede apartar a un concejal electo legítimamente, solo porque no le gusta”.
En un momento del programa, una oyente preguntó si también fue abuso de poder la forzada licencia del expresidente del cuerpo, Julio Bordone. García respondió que Bordone sufrió presiones internas y decidió apartarse para calmar el clima, aunque, en su opinión, “no había cometido ningún hecho grave”.
Finalmente, consultado sobre cómo recomponer la imagen del cuerpo deliberativo, García sostuvo: “Hay que terminar con las prácticas de la vieja política. Necesitamos diálogo real, respeto institucional y trabajar por los vecinos, no por revanchas personales o construcciones políticas artificiales. La política tiene que volver a ser servicio”.
Agencia MTR
Ahora le tocó a la señora Ormachea, hace un tiempo al concejal Zabaleta y seguirá un próximo.
Los concejales que se ocupen de ver las necesidades de la gente y no a hacer persecuciones políticas, son un desastre, es gente a la cual les pagamos el sueldo para decidir por ejemplo: reforestar el parque??, para que lo vean los que caminan ahí..
hay tantos temas complicados a tratar, les tiro uno: cuando llueve las cloacas de mi barrio colapsan, se tapan, sale todo al exterior y me pregunto, ésto no es un tema a tratar y resolver???, estoy harta de pagar y pagar y no ver ninguna mejora.