El Gobierno nacional denunció a los jueces federales, fiscales, funcionarios y empresarios por el viaje que habrían realizado a la Patagonia, en octubre pasado, y en el que se alojaron en .
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”.
El mandatario lo había anticipado en la cadena nacional que dio el lunes pasado, en la que apuntó contra el grupo que habría viajado al Sur: “Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios”.
La aparición pública del Presidente fue mediante un video grabado de solo 5 minutos y fue un día antes que se conociera la sentencia por la causa Obra Pública, que terminó con Cristina Kirchner condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche en la provincia de Río Negro, con financiamiento desconocido”, indica el comunicado publicado por el Ejecutivo.
La denuncia presentada por el ministro Martín Soria bajo las dos primeras figuras penales apunta contra cinco magistrados y un funcionario porteño. En primer término, el juez Julián Ercolini, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
En segundo lugar, aparece Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, seguido por Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 y Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
En este tramo de la denuncia también figuran el actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso del delito de ofrecimiento de dádivas, la denuncia del Gobierno nacional menciona a otras cuatro personas: el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; a Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente al magnate Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en el campo digital y político.
En la denuncia presentada hoy por el ministro Martín Soria,el Gobierno pide que el Estado Nacional se integre a la causa como parte querellanteporque “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.”
Agencia MTR