La Defensoría del Pueblo bonaerense expresó su firme rechazo ante el decreto del gobierno nacional que habilita a las empresas proveedoras de agua potable a interrumpir el servicio en caso de falta de pago. En un comunicado, el organismo que dirige Guido Lorenzino calificó la medida como “inconstitucional e irrazonable” y exigió al gobierno que modifique la normativa.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) introduce cambios significativos en la regulación del servicio prestado por AySA, entre los cuales se establece que las empresas podrán cortar el suministro de agua después de 60 días de atraso en el pago, a partir del segundo vencimiento. Antes de esta modificación, solo se aplicaba una restricción parcial en el servicio.
En sus declaraciones, Lorenzino advirtió que la medida representa un grave perjuicio para los derechos humanos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. “Existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial”, señaló el defensor, haciendo hincapié en que el acceso al agua potable y a los servicios de cloacas deben ser considerados derechos humanos fundamentales.
La Defensoría recomendó, además, que el Ministerio de Economía de la Nación, el Órgano de Control (ERAS) y la propia AySA se abstengan de implementar la interrupción total del servicio hasta tanto se modifique el decreto. También subrayaron que cualquier cambio en la regulación del servicio debe ser aprobado a través de una ley, y no mediante un DNU.
En su postura, la Defensoría destacó que tanto el Estado como las empresas, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar un suministro mínimo esencial de agua, incluso en situaciones de impago, para no vulnerar el derecho al acceso a este recurso básico.
Esta controversia llega en un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico que podrían tener las nuevas disposiciones, especialmente en sectores vulnerables que atraviesan dificultades económicas.
Agencia MTR